Se conocieron más nombres además de los 37 ya involucrados por el juez Garzón.

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Juan Carlos Algañaraz - Clarín

Algunas personalidades políticas o altos funcionarios implicados en la red de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón tendrían que ser juzgadas por tribunales especiales. Sus nombres no se conocen, pero el magistrado ha pedido una copia especial de las actuaciones para enviarla a esa instancia judicial.

Garzón dejó el sábado la Clínica Ruber, donde fue internado de urgencia por fuertes dolores en el pecho, el viernes. El Partido Popular (PP) ha intentado recusar al juez y también lo ha acusado de parcialidad y animosidad. Ha prometido que hoy, si Garzón no se inhibe, lo denunciará por prevaricación (cuando un funcionario adopta a sabiendas una medida ilegal).

Todo este panorama de crispación crece con nuevas filtraciones del sumario que ahora ha comprometido a dos funcionarios de la Alcaldía de Madrid, que Alberto Ruiz Gallardón, ha cesanteado. "No consentiré que se intimide a jueces, fiscales o policías en la lucha contra la corrupción", afirmó el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en un acto público refiriéndose a las acusaciones del PP de que los escándalos que conmueven a la opinión pública son una campaña de desprestigio organizada por los socialistas.

La novedad sobre los desconocidos protegidos por fueros especiales (aforados) ha causado gran expectativa. El juez Baltasar Garzón inició el viernes pasado los trámites para inhibirse en la instrucción sobre la red de empresarios que cometían actos de corrupción en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia mediante sobornos para obtener todo tipo de ventajas económicas.

Hasta ahora, el juez había imputado a 37 personas, tres de los cuales permanecen detenidos, por participar en la trama de "dadivas y sobornos a funcionarios públicos para obtener ventajas" que se produjeron con personas o entidades del PP. Los imputados han sido acusados de delitos de ""blanqueo de capitales, fraude, corrupción y tráfico de influencias".

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el líder del Partido Popular Mariano Rajoy obligaron a dimitir al alcalde de Boadilla del Monte, al exintendente de Majahonda. Aguirre también hizo renunciar al aforado Consejero de Deportes de Madrid, Alberto López y a los diputados de la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosh.

Pero, el cargo más importante mencionado en el sumario, ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los principales dirigentes populares y que gobierna por mayoría absoluta desde 2003.

La investigación de Garzón comenzó en noviembre de 2007 ante la denuncia de un exconcejal del PP que aportaba pruebas sobre la existencia de una red de corrupción. El denunciante también formuló idénticas imputaciones ante la Fiscalía Anticorrupción pero le aportó, además, 17 horas de grabaciones donde los principales acusados dan todo tipo de detalles sobre sus actividades.

Los españoles estaban conmocionados con las denuncias hechas públicas sobre una trama de espionaje dentro de la Comunidad de Madrid cuando el 6 de febrero pasado saltó este gran escándalo de corrupción. Ambas denuncias fueron publicadas, con gran despliegue, por el diario El País.

El principal imputado es el empresario Francisco Correa quien fue testigo en la boda de la hija del ex presidente español José María Aznar (PP) y quien se dedicaba a organizar todo tipo de eventos y viajes para los populares cobrando, según la imputación, comisiones ilegales por decenas de millones de euros. El empresario detenido fue expulsado de la sede del conservador PP en 2004 por el actual presidente de ese partido, Mariano Rajoy, pero continuo haciendo negocios con comunidades regionales gobernadas por el PP.