En una muestra de su creciente influencia, el Tesoro obtuvo la promesa de que los bancos ayudarán a los deudores que tienen problemas para pagar sus créditos hipotecarios, seguirán prestando y se inscribirán para recibir las garantías de préstamos ofrecidas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos Bancarios (FDIC por sus siglas en inglés).

"Lo que estamos haciendo es dejarles claro a los bancos la importancia de utilizar ese capital", dijo Paulson en una entrevista.

Analistas, inversionistas y algunos banqueros aplaudieron el rescate. Dijeron que ayudará a restaurar la confianza en el sector y, a fin de cuentas, propiciará una oleada de fusiones en la que las compañías más fuertes absorberán a sus rivales más débiles.

Ejecutivos de gigantes bancarios como Citigroup Inc. y J.P. Morgan Chase & Co., cuyos presidentes ejecutivos fueron informados del plan gubernamental el lunes, dijeron que no esperan que el surgimiento del gobierno como uno de sus principales accionistas los someta a mayores restricciones regulatorias. Apuntaron que los mayores bancos ya están sujetos al escrutinio riguroso del gobierno, con la presencia permanente de decenas de reguladores bancarios en sus sedes.

Banqueros y expertos de la industria señalaron que, salvo un puñado de restricciones más bien simbólicas, las inyecciones de capital se asemejan más a un cheque en blanco. "No creo que su intención sea inmiscuirse en todos los aspectos de la gestión", aseveró Richard J. Herring, codirector del Centro para las Instituciones Financieras de la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania. "No creo que dispongan del personal ni de la capacidad para hacerlo. Ese no es el tema".

Kenneth Lewis, presidente ejecutivo de Bank of America, apoyó el nuevo plan, aunque reconoció que algunas de sus condiciones no son idóneas. "Nos interesa cualquier cosa que ayude al sistema a operar de modo más normal", dijo Robert Stickler, portavoz de Bank of America Corp. En cuanto a la posibilidad de interferencia gubernamental, "¿Quién sabe?", respondió. "Estamos en territorio inexplorado".

Edward J. Wehmer, presidente ejecutivo de Wintrust Financial Corp., un holding bancario de Lake Forest, Illinois, manifestó que la financiación gubernamental relativamente barata probablemente atraerá a bancos más pequeños que no han podido recaudar capital a precios razonables. "El mercado se estaba volviendo muy rapaz...", dijo. "Prácticamente tenías que vender tu alma".

El Departamento del Tesoro aclaró que su intención es ser un inversionista pasivo en las instituciones que reciban capital gubernamental. Sus tentáculos, sin embargo, ya están cambiando la forma en que operan los bancos, imponiendo restricciones al reparto de dividendos, la remuneración de los ejecutivos y los tipos de inversiones privadas que pueden recibir.

Paulson, por su parte, aseguró que las últimas decisiones del gobierno eran necesarias dada la magnitud de la crisis financiera.

Aunque el secretario del Tesoro se había mostrado reacio a adoptar esta clase de medidas, los anuncios del martes, sumados a las medidas implementadas durante los últimos seis meses, constituyen la mayor incursión del gobierno estadounidense en el sector financiero desde los años 30. Revertir la tendencia podría tomar años. Paulson y otros reguladores han hecho hincapié en que las medidas son temporales, pero a menudo es difícil desmantelar las reglas en Washington después de que las empresas, los consumidores y los reguladores se acostumbran a los cambios.

En el núcleo del rescate está el plan para invertir US$250.000 millones en la compra de acciones preferentes en los bancos, una medida que el gobierno considera crucial para conseguir que las instituciones vuelvan a prestar y que el capital privado regrese al mercado.

Aunque el programa es voluntario, el Tesoro esencialmente forzó a los nueve mayores bancos del país a aceptar US$125.000 millones del gobierno federal. El Tesoro comprará US$25.000 millones en acciones preferentes de Bank of America —incluyendo Merrill Lynch— así como J.P. Morgan y Citigroup. Wells Fargo obtendrá entre US$20.000 y US$25.000 millones; Goldman Sachs y Morgan Stanley US$10.000 millones; Bank of New York Mellon US$3.000 millones y State Street cerca de US$2.000 millones. El monto restante estará disponible para las instituciones pequeñas y medianas que soliciten fondos.

El dinero provendrá del paquete de US$700.000 millones que el Congreso aprobó recientemente para que el Tesoro compre deuda y activos tóxicos de instituciones financieras. El Tesoro todavía tiene la intención de llevar adelante ese programa en las próximas semanas.

Entre las condiciones estipuladas figura el eventual reemplazo del dinero estatal con capital privado. Las acciones preferentes del gobierno pagarán un dividendo de 5% durante los primeros cinco años y de 9% más adelante. Las firmas no podrán aumentar sus dividendos durante tres años mientras el Tesoro sea un inversionista y no podrán deshacer la inversión durante tres años a menos de que levanten capital privado de alta calidad. Las empresas, asimismo, necesitan el consentimiento del Tesoro para recomprar sus acciones.

El gobierno también tiene el derecho de comprar acciones comunes equivalentes al 15% de su inversión total en la firma. El Tesoro puede convertir estas "garantías" para comprar acciones, lo que aumentaría su participación en la empresa y diluiría a los accionistas existentes. También puede vender las garantías, lo que podría resultar en ganancias para el Tesoro si sube el precio de la acción.

La decisión de convertir las acciones preferentes en acciones comunes o vender las garantías la tomará, en última instancia, el secretario del Tesoro y se espera que se base en la salud financiera de la institución y lo que más les convenga a los contribuyentes, dijeron fuentes cercanas. Los bancos también enfrentarán restricciones sobre la remuneración que recibirán sus máximos ejecutivos mientras el Tesoro sea uno de sus accionistas.