Todavía faltan muchos detalles por afinar. La legislación, sin embargo, deja la ejecución del acuerdo en manos del Departamento del Tesoro, incluyendo la decisión de cuáles activos comprar y a qué precio. El Tesoro tendría 45 días para emitir directrices en esta materia.

Se trata de un intento de poner coto a una crisis que amenaza con estrangular la economía estadounidense y que pudo fraguarse sólo después de que todas las partes involucradas hicieran importantes concesiones. Bajo el escrutinio público y la amenaza del deterioro de los mercados de crédito, los legisladores entablaron un fin de semana maratoniano de negociaciones recibiendo llamadas del presidente George Bush, los candidatos presidenciales John McCain y Barack Obama y el inversionista multi- millonario Warren Buffett.

Los ejecutivos del sistema financiero, desde las firmas de valores de Wall Street a los bancos pequeños, han manifestado su disposición a participar en el plan. Han advertido, sin embargo, que su grado de involucramiento dependerá de detalles clave como si se verán obligados a asumir nuevas rebajas contables.

Las repercusiones políticas, asimismo, podrían ser significativas. Los contribuyentes financiarán la incursión del gobierno en el mercado, aunque la legislación los protegerá contra pérdidas. Las encuestas, en todo caso, muestran que buena parte de la población se opone al rescate.

El núcleo de la propuesta es el concepto inicial del secretario del Tesoro, Henry Paulson, de comprar activos en problemas. La idea es proveer a las compañías efectivo para reemplazar la deuda tóxica. Esto las ayudaría a apuntalar su capital y recobrar la confianza del mercado que permite a los bancos tomar prestado y prestar a tasas razonables. El gobierno teme que sin esta inyección de liquidez los mercados de crédito, el corazón de la economía, se paralizarían.

El proyecto de ley autoriza al Tesoro a empezar a comprar US$700.000 millones de hipotecas residenciales y comerciales y activos ligados a las hipotecas. Entre los potenciales vendedores figuran bancos, cooperativas de crédito y fondos de pensiones. Los activos deben haberse originado el 14 de marzo de 2008 o antes. El Tesoro obtendrá US$350.000 millones de los US$700.000 millones de inmediato.

El plan, a su vez, contempla restricciones a la remuneración de los ejecutivos de algunas empresas que vendan activos al gobierno. Entre estas, figura una prohibición de las generosas indemnizaciones a los máximos ejecutivos, así como la estipulación que permite al gobierno recuperar las bonificaciones si una compañía diseminó información financiera falsa.

El Tesoro también tendrá el derecho de recibir acciones sin derecho a voto o acciones preferentes en las instituciones financieras que se beneficien del programa.

La marcha del plan será supervisada de cerca por un comité bipartidista del Congreso y de la Oficina General de Cuentas, que tendrá una oficina dentro del Tesoro.