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Asia, África y América Latina
concentran a la población de más alto riesgo en caso de hambruna mundial.
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El mundo vive una crisis inédita: los precios de todos los
alimentos básicos y en especial de los tres principales cultivos en el
mundo: maíz, arroz y trigo, se han duplicado en los últimos 20 meses. Lo
mismo sucedió con los costos de aceites comestibles, frutas y verduras. Las
consecuencias son devastadoras para los 3 mil millones de pobres (la mitad
de la población mundial) que viven con dos dólares diarios y que hoy gastan
80 por ciento de su ingreso en alimentos.
Por Alejandro Nadal - La
Jornada
Los medios de comunicación explican la crisis por algunas sequías, la
demanda en China e India, y el desvío de tierras para agrocombustibles. Con
estas “explicaciones”, los promotores del modelo agropecuario neoliberal
aprovechan la coyuntura para impulsar políticas que son más de lo mismo: más
apertura comercial y mayor difusión a las nuevas tecnologías (como los
transgénicos). Por eso Robert Zoellick propone que ahora sí hay que relanzar
la Ronda de Doha, y Pascal Lamy, director de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), afirma que sólo la Ronda de Doha puede estabilizar la
situación actual. Los brujos del libre comercio han hablado.
Pero la realidad es terca frente a la brujería. Hoy sabemos que la oferta
sigue siendo superior a la demanda de alimentos: desde 1961 la producción
mundial de cereales se triplicó, mientras que la población se duplicó. Y en
2007 la producción mundial de cereales superó los 2 mil 300 millones de
toneladas (un crecimiento de 4 por ciento en relación con el año anterior).
Entonces, ¿por qué el aumento de precios?
Esta crisis es resultado de tres décadas de políticas equivocadas para el
sector agrícola a escala mundial. Esas políticas erosionaron la capacidad
productiva de millones de campesinos y productores independientes en el
mundo, con un altísimo costo ambiental que pagarán las generaciones futuras.
También dislocaron las redes de comercialización mundial y socavaron la
soberanía alimentaria de familias y comunidades rurales en todo el planeta.
La apertura comercial permitió a los países ricos inundar los mercados de
las naciones pobres con sus productos agrícolas, altamente subsidiados y a
precios artificialmente bajos. También abrió el mercado de tierras y
permitió su concentración en pocas manos. Al mismo tiempo, se retiró el
apoyo gubernamental al campesinado en un contexto de política macroeconómica
dictado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La soberanía alimentaria se abandonó como objetivo y se impulsó la
concentración de poder económico en manos de unos cuantos jugadores. El
resultado fue que los productores locales sufrieron un ataque con fuego
cruzado y los beneficiarios fueron los grandes consorcios comercializadores
y procesadores de granos y aceites a escala planetaria. La concentración de
poder en unos cuantos grupos corporativos gigantes ha propiciado la
especulación, así como la manipulación de inventarios y precios. Eso explica
los recientes aumentos en las ganancias de Cargill (86 por ciento en el
primer trimestre de 2008), ADM (67 por ciento en 2007), Monsanto (44 por
ciento), Bunge (49 por ciento en 2007) y Syngenta (28 por ciento en 2007).
Mientras los pobres del mundo gimen adoloridos, los buitres afilan sus
garras.
La OMC jamás quiso ocuparse de esto. Frente al uso regular de prácticas
desleales de comercio, ese organismo debió haber impulsado un acuerdo
mundial para contrarrestar los efectos nocivos de la concentración de poder
de mercado. En lugar de hacerlo, simplemente desvió la mirada hacia la
tierra prometida de los beneficios ilusorios de la apertura comercial.
La crisis revela que el modelo
agropecuario neoliberal está en bancarrota. La alternativa está en una
agricultura social y ambientalmente responsable. Las organizaciones civiles
(comenzando con Vía Campesina) lo saben. La tecnología de esta producción
sustentable está disponible y el abanico de políticas económicas
alternativas es conocido. Los que no están listos son los gobiernos y sus
funcionarios entregados a las grandes corporaciones.
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