Hasta ahora, entre Evo Morales y la embajada norteamericana (representante del poder trasnacional) la vinieron parando.

Tanto la gerencia de enclave izquierdo-reformista de Morales como los intereses trasnacionales que rigen el destino de Bolivia intentaron por diversas vías mantener el "orden" (esencial para seguir depredando la energía y haciendo negocios) en un  país dividido donde ya sin complejos conviven la "raza indígena" de Morales  y la "raza blanca" de la oligarquía separatista en "guerra permanente".

Hasta ahora, distintas metodologías (como votaciones y referendos) impidieron que las partes se enfrentaran abiertamente y que la sangre sustituyera a los insultos y amenazas.

No obstante, la represión y los desbordes callejeros fueron creciendo y ya hay muertos que acreditan que el conflicto está a punto de saltar las "vallas democráticas" (trazadas por Morales y los intereses trasnacionales para defender la continuidad de sus negocios) y expandirse abiertamente por calles, rutas y ciudades.

¿Y porqué se pelean Morales y el "separatismo blanco"? 

Hay dos razones principales: El control del Estado boliviano y el manejo de los recursos del gas y los hidrocarburos cuya extracción y comercialización continúa en manos de los pulpos trasnacionales con el Estado boliviano como "socio menor".

Las "nacionalizaciones" (sin expropiación) de Morales sólo llevaron a "sociedades mixtas" donde las trasnacionales continúan extrayendo y comercializando los recursos energéticos bolivianos cuyo gobierno carece de los medios de producción y de infraestructura de comercialización que siguen detentado los pulpos petroleros.

La vieja oligarquía "blanca", en cuyos dominios territoriales se encuentran esos recursos, quiere evitar -por medio del separatismo- que Morales y su gobierno sigan usufructuando las decisiones y las negociaciones con el poder trasnacional.

Concretamente: Los secesionistas quieren partir el país en dos (como de hecho ya lo está), para quedarse con la Bolivia rica, y dejarlo a Morales con la Bolivia pobre.

Pero, esta guerra entre "blancos" e "indígenas" por la gerenciación de la energía en sociedad con el poder trasnacional le crea al Departamento de Estado norteamericano (y a su embajada en Bolivia) un problema de difícil resolución para su estrategia de mantener la región sin golpes de Estado militar y sin romper  la continuidad del proceso "democrático" establecido como orden dominante en América Latina.

Control de los hidrocarburos, continuidad de los negocios y del "orden democrático" (para hacer negocios) conforman el hilo conductor esencial de lo que hoy está sucediendo en Bolivia.

El gran botín de guerra tanto para Morales y su aparato gubernamental como para los grupos secesionistas del Oriente boliviano rico, es el control del Estado boliviano sin interferencias ni oposición. Lo que significa, en términos concretos, que la solución del conflicto es inviable y que un desenlace se torna inevitable.

Y entre ambas conducciones políticas de la guerra, median dos actores peligrosos: La militancia del sector de Morales y los grupos de choque de los clanes de la oligarquía "blanca" alimentados con racismo y xefobia extremas.

Hasta ahora, los extremos vienen siendo contenidos tanto por el gobierno de Morales como por los dirigentes de las provincias separatistas que nadan en hidrocarburos y en ansias de terminar con la Bolivia "indígena" cruzada de rebeldía contra sus antiguos verdugos.

Este miércoles, consigan agencias internacionales, la tensión en las regiones autonomistas de la "media luna" boliviana, opositoras al presidente Evo Morales, siguió con la tensión en aumento .

El martes los  "grupos cívicos" (fuerzas callejeras de choque de la oligarquía separatista) de Santa Cruz de la Sierra se enfrentaran violentamente con fuerzas de seguridad, tomaron oficinas públicas y protagonizaran saqueos.

Este miércoles, sumaron la toma de un nuevo campo petrolero en la región sureste de ese departamento, el cual provee de gas a la Argentina .

Según lo informado por la alcaldesa de la localidad de Boyuibe, Alejandría Vacaflor, líderes cívicos "tomaron pacíficamente" el campo Vuelta Grande, operado por la empresa nacionalizada Chaco del Grupo BP.

La toma de este campo se suma a la ocurrida el martes, antes de que se desencadenaran los incidentes en la ciudad, de la planta ubicada en la localidad de Villamontes, desde donde se bombea gas al gasoducto que abastece al mercado brasileño.

Este miércoles, Santa Cruz amaneció con varias oficias saqueadas y prácticamente incomunicada. Durante la madrugada, las instalaciones locales de la recientemente estatizada telefónica ENTEL terminaron completamente saqueadas. Otro lugar atacado fueron las oficinas regionales de la Televisión Boliviana.

En tanto, y como respuesta a los "grupos cívicos", trabajadores cocaleros "pro-Evo Morales" iniciaron un cerco a Santa Cruz con la instalación de bloqueos en la ruta que une esa ciudad con Cochabamba.

El miércoles, Santa Cruz vivió fuertes enfrentamientos -que duraron aproximadamente unas seis horas y dejaron un saldo de 30 heridos- entre manifestantes que responden a grupos autonomistas de Santa Cruz y fuerzas policiales y militares que intentaron en vano detener la toma de edificios públicos.

Los efectivos terminaron retirándose y los manifestantes tomaron las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, del Instituto Nacional de Reforma Agraria y la telefónica ENTEL, entre otras instalaciones.

La ola  de violencia se extendió a otras ciudades que pertenecen a la "media luna" autonomista boliviana, como Sucre, Cobija y Trinidad, capitales de los departamentos de Chuquisaca, Pando y Beni, respectivamente.

Según la prensa boliviana, las marchas  -con bloqueos de rutas y la toma de algunos aeropuertos para vuelos domésticos- se incrementaron en las últimas semanas en las regiones autonomistas en rechazo a la nueva Constitución que impulsa Morales -recientemente ratificado en un referéndum- y al reclamo de la devolución de un impuesto petrolero.

Según informa este miércoles la agencia alternativa Econoticias Bolivia "Los fascistas (los "grupos civicos") pisotean a policías y militares, toman aeropuertos, saquean y queman varias instituciones estatales, atentan contra medios de comunicación y humillan a los indígenas y altiplánicos. Evo se lamenta desde el altiplano, dice que hay un golpe civil en su contra, pero no hace nada y deja inermes a sus aterrorizados partidarios en las tierras bajas".

"El martes -señala Econoticias- , ante la defección e impotencia gubernamental que se limita a lamentar desde las montañas del altiplano lo que ocurre en las tierras bajas, los grupos fascistas tomaron el control de las instituciones públicas, los caminos, aeropuertos y calles de las ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Sucre, doblegando la resistencia de la Policía y el Ejército y consolidando el poder que tiene la extrema derecha en el oriente y los valles de Bolivia".

De acuerdo con la agencia alternativa boliviana, para los prefectos (los gobernadores), la oligarquía y los 100 clanes un acuerdo con Morales sólo sería viable si convalidan la existencia de dos gobiernos paralelos en el país hasta las elecciones nacionales del 2010, en las que aspiran a derrotar a las fuerzas indígenas y campesinas, y así retomar todo el poder a nivel nacional".

Por el lado de los espacios combativos de El Alto, las voces son coincidentes:  Evo Morales y la oligarquía separatista quieren pactar para detener la violencia ya desatada en las calles, y luego definir su guerra por el control del Estado y de los recursos energéticos en las urnas.

Ese es el libreto que proponen la embajada norteamericana y el poder trasnacional para mantener el "orden democrático" y los negocios  con la depredación del petróleo y el gas boliviano.

Pero, ese proyecto consensuado entre Morales, la oligarquía separatista y la embajada norteamericana hace agua en las calles, donde las "militancias extremas" de ambos sectores comienzan a llevar al país hacia el escenario más temido: El enfrentamiento armado callejero y las tomas de rutas y de ciudades.

Ese es el cuadro que más temen el Departamento de Estado y los intereses trasnacionales que siguen desangrando la economía boliviana.