La visión gubernamental que lee el conflicto agropecuario bajo la clave excluyente de desafío a la autoridad, y que privilegia una estrategia que sólo busca el triunfo oficial en la contienda, se priva de tener una mirada más inteligente sobre lo que está ocurriendo.

Por Claudio Lozano (*) - Revista Sin Permiso

(I)Poco importa el detonante del conflicto. Importa entender lo que pasa. En el sector agropecuario se expresan tensiones acumuladas debidas no sólo a la problemática local sino también a la coyuntura mundial. El mundo exhibe la conformación de un orden agrario y energético nuevo donde tierras y cultivos son destinados a la producción de biodiésel y etanol con el objeto de reemplazar a los hidrocarburos.

Esto, si bien promueve mejores precios para las materias primas, también ha desatado tendencias que, si no son contrarrestadas por políticas públicas, plantean verdaderas amenazas para el futuro. Durante los últimos veinte años, estas tendencias se han hecho presentes en el desarrollo agropecuario.

Se expresan en la consolidación como cultivo dominante de la soja, en el desplazamiento de múltiples actividades que eran propias del sector, en la puesta en cuestión de la soberanía alimentaria, en la mayor concentración de la propiedad y de la producción, en la amenaza de perder el control a manos extranjeras del proceso de producción agropecuaria, en una especialización exportadora degradada que nos hace vendedores de pasto para el ganado de China, India o la Unión Europea, en el desplazamiento de campesinos y comunidades aborígenes, en la destrucción de la agricultura familiar, en la expulsión de trabajadores, así como en la devastación del ecosistema.

Una sola cifra basta para ilustrar lo que se expone. Al comparar la superficie cultivada en cereales y oleaginosas en 1974/ 75 con la última campaña 2006/2007, puede observarse que las hectáreas trabajadas se expandieron en 17,8 millones, de las cuales el 90% corresponde a soja. La tendencia al monocultivo es evidente y ha producido el desplazamiento de la ganadería, de los lácteos, de múltiples economías regionales, de frutas y hortalizas.

Éstos son los problemas de fondo, los que explican la conflictividad que vive un campo en profunda mutación, los que habría que encarar y que por cierto no se pueden enfocar desde la lectura oficial. Por ende, el conflicto es un buen marco para reorientar el desarrollo agropecuario.

El gobierno, a su vez, no puede aparecer ahora descubriendo la relevancia del boom sojero. Básicamente, porque durante el gobierno de Néstor Kirchner las hectáreas plantadas con soja se expandieron en casi cinco millones y a tal punto llegó la asociación que uno de los máximos exponentes de esta experiencia, Roberto Urquía (dueño de Aceitera General Deheza) es senador del oficialismo.

(II) La apropiación pública de aquellas ventajas que el país posee en razón de su dotación diferencial de recursos naturales respecto del resto del planeta no sólo es justa, sino que es indispensable para financiar nuestro desarrollo. Debe quedar claro que la renta no es la ganancia del empresario, es la diferencia entre el precio local del recurso (sea éste la soja, el barril de petróleo, o cualquier mineral) y el existente a nivel internacional.

Obsérvese que se habla de precio local, es decir, la suma de los costos más la ganancia normal. Es el excedente extraordinario que se logra no como fruto del esfuerzo inversor, sino por las bondades de la naturaleza, lo que debe ser apropiado e invertido a favor del conjunto. Nadie hizo fértil el suelo o gestó con su esfuerzo los minerales, los peces o el petróleo. Por ende, si esto otorga una ventaja, le corresponde al conjunto de la Nación.

Suscribimos, por tanto, toda decisión que suponga la apropiación pública de las rentas, al tiempo que creemos que debe examinarse en cada caso cuáles son los instrumentos más adecuados para captarlas. Tomando en cuenta los estudios disponibles, la suma de las rentas agropecuaria (u$s8.000 millones), petrolera (u$s21.000 millones) y minera (u$s10.000 millones) redondean para el año 2007 unos u$s39.000 millones. Si comparamos esta cifra con lo recaudado por retenciones (que no alcanza ni a u$s7.000 millones), queda claro que éstas capturan mucho menos que lo que deberían apropiar.

Pero, además de la magnitud, cabe preguntarse si los recursos se obtienen de quienes corresponde o si en el afán de capturar las rentas se termina penalizando a los sujetos más débiles. Es aquí donde debemos ubicar al sector agropecuario.

El conflicto no debe plantearse en términos de si debe o no haber regulación sobre el sector. La cuestión es qué regulación debe existir. En este sentido, lo que fracasó es una regulación oficial cuyo resultado concreto se expresa en reducir el precio de las materias primas para luego, en base a regulaciones y subsidios, favorecer a los actores más concentrados de la cadena agropecuaria.

Esto es lo que ocurre cuando se suspende la exportación de trigo obligando a los productores a vender a un precio menor para luego abrir por unas semanas la exportación, permitiendo que las trasnacionales cerealeras hagan diferencias brutales con los precios internacionales. Es lo que pasa al obligar a los tambos a vender al costo para luego subsidiar a La Serenísima. Por ende, hay que capturar todas las rentas, las retenciones pueden ser un instrumento válido, pero hay que hacerlo afinando la regulación de acuerdo con las características de cada sector.

Este gobierno no captura rentas importantes (de hecho, la renta apropiada por las petroleras durante el gobierno Kirchner triplicó y hoy quintuplica la que obtenían en la convertibilidad) para el caso minero; estamos pagando nosotros para que se lleven todo y además destruyan el ambiente, y está claro también que los instrumentos utilizados en el sector agropecuario han producido el efecto inverso al señalado por el discurso oficial. Es por esto que no debe sorprender el hecho de que sea Urquía y no Eduardo Buzzi el senador oficial.

(III) En la actitud oficial de leer el conflicto como un simple desafío a su autoridad, la apelación a la historia revitalizando la añeja contradicción pueblo vs. oligarquía ha ocupado un lugar central. Desde esta definición, el intento oficial fue situar la discusión en términos absolutamente simplistas y dicotómicos entre "retenciones sí o no". Esta presentación del problema oculta a los actores que protagonizan el conflicto, al tiempo que empobrece la consideración de la problemática agropecuaria.

Oculta que quienes han puesto sus cuerpos en los piquetes han sido dominantemente los pequeños y medianos productores con y sin tierra. No entiende que, en esta nueva coyuntura agroenergética mundial y en un proceso de mutación profunda del sector, quien emerge plasmando el cuestionamiento a la concentración que el modelo sojero promueve es una burguesía rural media, que en el marco de la Argentina de la desindustrialización es la única burguesía media que queda con capacidad económica concreta. Burguesía rural media que de la mano de la Federación Agraria Argentina estaba bloqueando los puertos de Dreyfus y de Cargill veinte días antes del decreto que puso en marcha las retenciones móviles.

Es cierto que a partir del decreto del 11 de marzo el conflicto incorporó al resto de las entidades, que se masificó entre otras cosas por la particular instalación mediática obtenida, y que dicha influencia responde a que se montaron sobre el conflicto segmentos del poder agropecuario que sólo discuten el recorte de sus ganancias futuras.

Pero, casualmente, lo expuesto indica que estamos frente a una situación compleja, que no resiste el ser simplificada bajo la sola mirada de que se está desafiando a la autoridad. Es más, un gobierno que quisiera construir seriamente un proyecto de país signado por la igualdad y la democratización reconocería en este actor (burguesía media rural) un pilar fundamental para potenciar la construcción de una nueva perspectiva agropecuaria.

Asimismo, la lectura propuesta por el oficialismo es parcial y equivocada. En primer lugar, el problema agropecuario no se resuelve con las retenciones. De hecho, la experiencia reciente indica que su sola presencia no impidió la consolidación de un rumbo inadecuado para el sector. Es más, ni siquiera han impedido que los alimentos exhiban una inflación anual superior al 30 por ciento. Por cierto, tampoco se resuelve problema alguno eliminando las retenciones. No se resuelve debilitando la capacidad regulatoria del Estado, sino fortaleciéndola y haciéndola más virtuosa a efectos de promover un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.

En segundo término, el oficialismo ha planteado una asociación directa entre retenciones y distribución progresiva del ingreso. Ciertamente, las retenciones son redistributivas, pero su sentido se define en el marco general de la política económica.

En la política oficial, las retenciones son parte de una estrategia cuyas prioridades han sido la reconstrucción del pago de la deuda pública, el aumento de los subsidios a los sectores más concentrados, la compra de divisas para sostener el tipo de cambio que demandan grupos exportadores como Techint, y el incremento de la inversión pública en infraestructura que viene a compensar la desinversión que durante los noventa practicaron los concesionarios privados, pero sin siquiera demandar o penalizar la actitud de dichos concesionarios.

Para el año 2007, esto representó más de $50.000 millones, en tanto las retenciones sólo significaron $20.000 millones. Por lo tanto, el nudo del conflicto por las retenciones que se montó sobre el cuestionamiento general a la política agropecuaria que venían llevando los pequeños y medianos productores refleja, en realidad, una pulseada por la apropiación de la renta entre un gobierno que pretende ordenar los predominios al interior de los ganadores de esta Argentina, privilegiando acreedores y grupos con base industrial exportadora, frente a trasnacionales cerealeras que no quieren que se les obturen las perspectivas de ganancias futuras. Se trata, en este nivel, de un conflicto por la apropiación en el que no se discute la distribución de la renta con dirección a otro modelo de mayor igualdad.

El conflicto es complejo y no resiste miradas simplistas. Superarlo implica bastante más que una cosmética de las retenciones. Supone encarar tres cuestiones: soberanía alimentaria (lo cual exige reorientar el desarrollo agropecuario argentino); mayor poder adquisitivo para nuestro pueblo (lo cual requiere del replanteo de la política económica en función de una mejor distribución del ingreso), y apropiación pública de las rentas de nuestros recursos naturales para poder fundar una nueva estrategia de desarrollo.