(IAR Noticias)
26-Abril-08
Agravando la tensión entre el gobierno y los prefectos (gobernadores) de las
provincias ricas en estado de sedición, el presidente Evo Morales congeló
el viernes las cuentas fiscales y suspendió los desembolsos de recursos
hacia el departamento de Santa Cruz, que en 9 días realizará un referéndum de
autonomía. Inmediatamente la provincia sublevada se declaró en
"emergencia" y acusó de "golpe político" al gobierno nacional.
"N ingún dictador va a paralizar la consulta, ¿acaso el gobierno quiere un
colapso del sistema de salud?", señaló el secretario general del gobierno local,
Roly Aguilera, ante la medida.
"No es ninguna represalia por el referéndum" replicó as su vez el ministro de
Hacienda Luis Arce y agregó que "extrañamente la Prefectura (gobernación) de
Santa Cruz dejó de enviar información de sus gastos desde que medios de
comunicación denunciaron que estaría haciendo desembolsos no autorizados para
financiar el referéndum".
Entre los fondos suspendidos está la coparticipación por los impuestos al gas y
el gobierno de Santa Cruz acusa de "conspiración" al oficialismo
El ministro de Hacienda, Luis Arce, justificó el congelamiento de fondos
argumentado que el gobierno cruceño se "desconectó del sistema informático"
que permite al Estado central controlar la ejecución de los presupuestos
regionales.
La pelea, enciende el polvorín del conflicto que enfrenta al gobierno de Morales
con las provincias secesionistas, encabezadas por Santra Cruz, que quieren
"independizarse" y crear su propia administración de los recursos
energéticos que hegemonizan.
Santa Cruz, Pando, Beni y
Tarija forman la llamada "media luna" oriental del país, donde se concentran
los mayores recursos gasíferos, agrícolas e industriales de Bolivia.
El miércoles, el secretario
para Asuntos Políticos de la Organización de la OEA, el ex canciller argentino
Dante Caputo, advirtió que el enfrentamiento entre el gobierno de Bolivia y los
prefectos regionales que controlan el país al margen de la administración de Evo
Morales podría derivar en un estallido de violencia.
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Chávez: solidaridad y a poyo a Evo
Morales |
"Bolivia está a punto de estallar", dijo por su parte, el miércoles, el
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al convocar a los cuatro miembros de la
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en Caracas.
El peligro de un conflicto civil -según la OEA- se avecina con la celebración
el 4 de mayo del referéndum sobre el estatuto de autonomía de Santa Cruz,
el epicentro de la zona más rica de Bolivia.
Hasta ahora, el Gobierno no pudo disuadir a los prefectos (gobernadores) del
trópico y los valles para que no lleven adelante su referéndum autonómico desde
el primer domingo de mayo, con el que intentan legitimar, con el voto popular,
el doble poder que de facto se da en Bolivia, con Evo Morales gobernando en
el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y la oligarquía manejando el resto
del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente Chuquisaca y
Cochabamba).
En el marco del aniversario
de la Fuerza Naval boliviana, Morales llamó al "pueblo y a las Fuerzas Armadas a
defender la unidad nacional frente a intentos separatistas de pequeños sectores
que se resisten a perder sus privilegios".
Mientras tanto, presidente del Senado, Oscar Ortiz, representante de los
grupos separatista, viajó a México y Colombia en busca de apoyo y despachó
cartas a organismos internacionales y a países vecinos solicitando el envío de
"misiones humanitarias de prevención" para evitar hechos de violencia el 4 de
mayo.
Las organizaciones indígenas afines al al gobierno de Morales, a su vez,
anunciaron la suspensión de sus marchas a Santa Cruz y decidieron abstenerse en la consulta.
Hasta ahora, Morales no ha podido
frenar la sedición separatista ni con las leyes del Parlamento, ni con los
decretos presidenciales, ni con las decisiones de la Corte Nacional Electoral,
ni con las advertencias del Tribunal Constitucional, ni con la ayuda de la
Iglesia Católica, los organismos internacionales y la intervención de la OEA y
las delegaciones de los países vecinos.
El gobierno de La Paz va aún más allá
y acusa a los prefectos de, con su silencio, abrir la puerta para que se desaten
los enfrentamientos en las calles.
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