El secretario para Asuntos Políticos de la Organización de la OEA, el ex canciller argentino Dante Caputo, advirtió que el enfrentamiento entre el gobierno de Bolivia y los prefectos regionales que controlan el país al margen de la administración de Evo Morales podría derivar en un estallido de violencia.
"Bolivia está a punto de estallar", dijo por su parte, el miércoles, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al convocar a los cuatro miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en Caracas.

"La posibilidad de que la tensión se convierta en conflicto y enfrentamiento es cierta", afirmó Caputo en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo realiza en Washington, en cuyo transcurso pidió una solución antes de que sólo quede "llorar".

El peligro de un conflicto civil -según la OEA- se avecina con la celebraciión el 4 de mayo del referéndum sobre el estatuto de autonomía de Santa Cruz, el epicentro de la zona más rica de Bolivia.

Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija forman la llamada "media luna" oriental del país, donde se concentran los mayores recursos gasíferos, agrícolas e industriales de Bolivia.

Hasta ahora, el Gobierno  no pudo disuadir a los prefectos (gobernadores) del trópico y los valles para que no lleven adelante su  referéndum autonómico desde el primer domingo de mayo, con el que intentan legitimar, con el voto popular, el doble poder que de facto se da en Bolivia, con Evo Morales gobernando en el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y la oligarquía manejando el resto del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente Chuquisaca y Cochabamba).

Hasta ahora, Morales no ha podido frenar la sedición separatista ni con las leyes del Parlamento, ni con los decretos presidenciales, ni con las decisiones de la Corte Nacional Electoral, ni con las advertencias del Tribunal Constitucional, ni con la ayuda de la Iglesia Católica, los organismos internacionales y la intervención de la OEA y las delegaciones de los países vecinos.

No obstante, el canciller boliviano, David Choquehuanca, anunció  hará gestiones ante la OEA para seguir intentando encontrar una solución al conflicto.

Incluso el propio presidente boliviano, Evo Morales, estaría dispuesto a viajar a Washington de ser necesario, según explicó el embajador boliviano ante la OEA, Reynaldo Cuadros.

El gobierno aceptó la oferta de la OEA de sentarse a negociar una solución a las diferencias antes de esa fecha e incluso está "dispuesto a enmendar errores", según explicó Cuadros.

La clave está en que los prefectos no contestaron aún, según explicó Caputo, que encabezó dos delegaciones del organismo continental a Bolivia en las últimas semanas.

El dirigente de la OEA aseguró entender que los prefectos desean sentarse a negociar con el respaldo popular que les otorgará un referéndum, que con toda seguridad será aprobado.

El problema es que eso podría derivar en violencia. "Estamos hablando de vidas humanas, que pueden ser el costo de una maniobra política más o menos inteligente", afirmó Caputo.

Una marcha indígena en el Alto en apoyo de Morales.

El ejecutivo de La Paz va aún más allá y acusa a los prefectos de, con su silencio, abrir la puerta a que se desaten los enfrentamientos en las calles.

Los principales puntos de fricción entre las partes, según Caputo, están resueltos o en vías de estarlo. Por ejemplo, la prohibición a la exportación de aceite ya fue fundamentalmente levantada.

En el conflicto sobre el impuesto de hidrocarburos, que los prefectos quieren conservar a toda costa, el propio presidente Morales manifestó a Caputo que "se pueden encontrar caminos para que el impacto (sobre los departamentos) sea menor", aunque sólo podría ser a partir de 2009. "Las posiciones se acercaron notoriamente", aseguró el dirigente de la OEA.

Y en el conflicto por el "saneamiento de tierras", la expropiación de los terrenos no utilizados para las cultiven indígenas, Caputo aseguró que existe "un campo de encuentro y negociación".

Pero advirtió que en el trasfondo de todo existe "una lucha de poder" en Bolivia, propuso que las "15 ó 20 personas" directamente implicadas en el conflicto negocien "de manera reservada" "los temas más ríspidos".

Una advertencia similar a la de Caputo sobre la posibilidad de que el conflicto escale en intensidad y pueda dar lugar a enfrentamientos cruentos entre bolivianos ya había sido planteada por la cúpula de la Iglesia católica del país del Altiplano.

A inicios de este mes, los obispos alertaron a la población sobre la necesidad de calmar los ánimos y explorar vías de diálogo para evitar que las disputas se salgan de cauce y enturbien la tranquilidad social del país.

Según la agencia Econoticias Bolivia, muchos creen que de llevarse adelante el referéndum cruceño, sería seguido de inmediato por otros similares en Beni, Pando y Tarija, y más tarde en Cochabamba y Chuquisaca, con lo que la mayor parte del país habría dado su respaldo explícito a sus gobernadores derechistas y habría retirado su confianza a Evo Morales.

Los más duros del gabinete de Morales insisten en detener el referéndum del 4 de mayo usando al Ejército y la Policía, decretando un “estado de sitio” que permita detener a los conspiradores.

En este escenario, sin embargo -señala Econoticias Bolivia- los oficialistas temen que la población rebase a los uniformados o que se produzca un “baño de sangre”, que haría imposible que Morales logre su objetivo de alcanzar un gran acuerdo nacional con la oligarquía, por lo menos en los términos que él desea.