El desencadenante de la medida de protesta fue el aumento del gobierno en las
retenciones a las exportaciones de soja, girasol, aceite de soja (comestible y biodiesel) y aceite de girasol.[1] También ha fijado una banda fluctuante de
retenciones, que en el caso de la soja, por ejemplo, si llegara a subir a 600
dólares la tonelada (FOB, es decir puesto sobre barco) subiría el impuesto a
49%, y de ahí para arriba congelaría el precio neto para el sector en 280
dólares la tonelada.
Los grandes ganaderos y los dueños de los grandes tambos quieren más subsidios;
los poderosos del sector agrícola quieren regatear el porcentaje de las
retenciones. Es una pelea entre tiburones: el Gobierno y el sector agrícola
acomodado; el objetivo es el reparto de la renta agraria extraordinaria. Se
avecina un invierno de crisis energética en la Argentina y habrá que importar
(con precios internacionales por las nubes y consumo local altamente
subsidiado). Y los K necesitan recaudar para que los números cierren.
Un paro reaccionario
Desde el vamos hay que decir que el paro del campo contra el gobierno es una
medida reaccionaria: es decir, no expresa intereses populares, de los explotados
y oprimidos, sino que la Sociedad Rural y los grandes propietarios agrícolas
llevan a la rastra a las entidades representativas de los pequeños productores
en una pelea que se anuda alrededor de la extraordinaria renta agrícola que se
ha generado, entre otras cosas, debido a los altísimos precios de las materias
primas en el mercado mundial.
Desde ya que el carácter reaccionario de esta pelea entre el campo y el gobierno
K no quiere decir que el gobierno sea el que exprese los intereses populares. En
el fondo, es una pelea para ver quién se queda con la renta extraordinaria,
más allá de que el gobierno pretenda aparecer como el representante de la
población afectada por la brutal escalada de los precios.
Con este libreto, el ministro de economía Lousteau salió a plantear que “no es
lo mismo un pequeño tambero que un gran pool de soja (…); el gobierno utiliza
las retenciones para impedir que el alza de los precios internacionales se
traslade totalmente a los domésticos (…); ante el riesgo de la sojización de la
economía, debemos velar por el equilibrio (…); la medida retrotrae los valores
de los granos a diciembre del 2007, que ya eran altísimos (…); el sector sigue
siendo muy rentable” (Clarín, 14-3-08).
Efectivamente muchas de las afirmaciones que señala aquí Losteau son ciertas,
pero lo que el ministro no dice es que el gobierno K no tomó una sola medida que
afectase la estructura de la propiedad agraria en todos sus años de mandato:
sólo pretende –sobre la base de la actual estructura súper concentrada de la
propiedad y la economía del campo– lograr que los “barones del campo” le
entreguen una tajada de la renta agraria para ponerla al servicio de la caja del
Estado.
Los pequeños productores no pueden ir detrás de la Sociedad Rural
Desde la Sociedad Rural[2] salieron al cruce diciendo que “las medidas son
confiscatorias y atentan contra la rentabilidad del sector” y para la CRA
(Confederaciones Rurales Argentinas) "son medidas de neto corte fiscalista que
tienen un único objetivo: recaudar más". Por su parte, Eduardo Buzzi, presidente
de FAA (Federación Agraria Argentina, pequeños y medianos productores) señaló
que “potenciará aún más la concentración de la propiedad de la tierra en pocas
manos".
Aquí se observa con claridad la contradicción de este frente único de todo el
campo. Es que cuando se habla del “campo” siempre hay que diferenciar de quién
hablamos: si de los grandes empresarios y latifundistas o de los pequeños y
medianos productores (ni hablar cuando se trata de los trabajadores asalariados
que trabajan bajo patrón en el ámbito rural).
“El país vive de nosotros, porque inyectamos dinero y porque el Gobierno siempre
nos mete la mano para sacar plata fácil” se ufana y se queja, al mando de su
camioneta Toyota Hilux 0 km, Cristian Villarreal, mediano-gran productor
agropecuario desde Casilda (Santa Fe), capital nacional de la soja. Desde el
sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona triguera no muy apta para la
soja, Juan Casas, pequeño productor, dice “los acopiadores nos pagan lo que
quieren; encima está cerrada la exportación de trigo”. Dos realidades muy
distintas, las de Villarreal y Casas.
El campo no es uniforme; a grandes rasgos hay –a nivel productivo– cuatro
sectores: 1) agrícola, 2) ganadero, 3) lechero, 4) frutihotícola. Todos tienen
algo en común, la tierra como fuerza productiva, y están profundamente
interrelacionados, pero cada uno de ellos tiene características propias a nivel
de la propiedad que lo diferencian de los demás. Porque, como hemos señalado, no
es lo mismo la SRA y el pool sojero que los pequeños productores.
Cuando la SRA critica las medidas por “confiscatorias” o la CRA las señala como
de “neto corte fiscalista”, lo único que están señalando es que sobre la base de
las leyes que resguardan la propiedad privada les correspondería a ellos, de
manera íntegra y total, algo que les viene absolutamente gratis: la prodigalidad
del campo argentino, en condiciones donde además los precios de las commodities
están por las nubes.[3]
Está claro que el ángulo de Buzzi (FAA) luce distinto al dar cuenta del proceso
histórico de concentración de la tierra en pocas manos, que tiene décadas y
parece imparable. Pero Buzzi se ubica del lado equivocado de la trinchera cuando
dice que "el campo se ha unido tras un único objetivo”. Porque el 10% del sector
agrícola produce el 90% de la soja y vive un período de esplendor, pero al mismo
tiempo esta situación ha hecho entrar en crisis estructural al pequeño chacarero
que, con sus 200 hectáreas en una economía mundializada, es víctima de los
grandes acopiadores de granos y de las empresas de biotecnología (Monsanto,
Nidera), no teniendo más remedio, la mayoría de las veces, que arrendar su
campo.
Pero entonces, ¿qué hace una organización de pequeños y medianos productores
–que son los que ponen la gente en los cortes de ruta en el interior– a la
rastra de los intereses de los grandes tiburones del campo? No tienen nada que
hacer allí, junto a los que quieren quedarse con toda la renta agraria y
liberalizar los precios, lo que solo podría hacerse a expensas de los
trabajadores y sectores populares del campo y la ciudad.
Por una alianza independiente de los explotados y oprimidos de la ciudad y el
campo
Dirigentes como D’Elía, Depetris y otros han salido a convocar una marcha hacia
la Sociedad Rural. Estos sectores K pretenden hacer su repudio al paro del campo
desde la ubicación de la defensa cerrada del gobierno. No es esto lo que se
necesita. Porque los problemas de los pequeños y medianos productores son reales
y, en realidad, el propio gobierno que ahora sufre el paro agrario, en todos
estos años, como está dicho, no tomó una sola medida contra el proceso brutal de
concentración de la tierra y la renta agraria.
La única salida que tienen los pequeños productores es aliarse con los
trabajadores y demás sectores oprimidos, porque ambos son víctimas de la
política del gobierno kirchnerista. El gobierno no ha corregido los
desequilibrios; por el contrario, bajo los K se han acentuado. Desaparecerán más
y más chacareros y los pools del campo se harán cada vez más fuerte.
No es alineándose entonces con el gobierno K como se podría dar una salida tanto
a los problemas de estos productores, como a la escalada de los precios y el
desabastecimiento que se comienza a notar en carnicerías y verdulerías. Lo que
hace falta es otra cosa: es la unidad de estos pequeños productores con los
trabajadores urbanos y rurales, en la vía tanto de impulsar medidas de auténtica
reforma agraria y socialización del campo como de un estricto control de precios
de los productos de primera necesidad, así como la expropiación de todos
aquellos grandes propietarios que especulen con los precios y/o provoquen
desabastecimiento.
Es decir, para resolver los problemas de los pequeños productores y los
trabajadores del campo hace falta una alianza de clase opuesta: ni con la SRA ni
con el gobierno K: con los trabajadores.