Sin lugar a dudas, Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi son los dos más firmes aliados de Washington y los propulsores convencidos de la "guerra contraterrorista" en Europa, luego del alejamiento del poder de Tony Blair, y antes, de José María Aznar. A tono con esa "línea ideológica", el actual presidente de Italia, y su homólogo francés, se han convertido en los abanderados emblemáticos de la ola de racismo xenófobo que se extiende (y contagia) como una mecha de pólvora por todos los países que integran la Unión Europea. Tras el proceso de "criminalización del inmigrante" iniciado por Nicolas Sarkozy en Francia, primero, y por Silvio Berlusconi en Italia después, sobrevino esta semana la aprobación en el Consejo de la Unión Europea de una directiva que coloca a los inmigrantes ilegales en un régimen jurídico de "delincuentes y criminales", y que sorprende por su dureza hasta a los mismos representantes de la derecha política. Con las nuevas medidas, que apuntan principalmente a la inmigración de origen islámico, y que se expanden como pólvora entre los países miembros, la Unión Europea avanza un paso más y complementa su alianza estratégica con Washington en materia de la "guerra contra el terrorismo" impuesta como nueva lógica de invasión de países y de conquista de mercados tras el 11-S.

Informe especial
IAR Noticias

Coincidiendo con la estrategia impulsada por Bush y Blair tras los atentados de Londres, en julio de 2005, la ONU, entonces conducida por Koffi Annan, solicitó a los gobiernos del mundo una "definición más clara" del terrorismo.

En sintonía como siempre con los intereses de Washington, ese año el secretario de la ONU llamó a una  "convención de la ONU contra el terrorismo" la que serviría después de plataforma encubierta para un plan "antiterrorista global" con epicentro en Washington y en la Unión Europea, y cuyo meridiano serían el Pentágono y la inteligencia anglo-estadounidense con la CIA a la cabeza.

Tras los atentados de Londres, además de promover legislaciones y operativos más duros en sus propios países, tanto Blair como Bush movieron sus piezas diplomáticas orientadas a presionar a los gobiernos europeos para que profundizaran sus acuerdos contenidos en el "plan contraterrorista" regional creado después del atentado del 11-M en España. 

La columna vertebral (o elemento primario) de ese plan continúan en el presente con las distintas políticas anti-inmigración que apuntan básicamente contra las comunidades islámicas "sospechadas" de albergar "células terroristas".

La ola xenófoba y racista  impulsada por los gobiernos derechistas europeos aliados de Washington es sólo la máscara que encubre un plan de persecución y encarcelamiento de extranjeros dentro de la guerra  contra el "terrorismo islámico" que utilizan tanto Washington como la UE para reformular sus políticas internas de poder. 

Dentro de ese contexto, hay que interpretar a Silvio Berlusconi y a su partido ultraderechista que el miércoles comenzaron  a convertir en realidad la política de lucha contra la "inmigración ilegal"  en Italia que habían prometido durante la campaña electoral.

Por medio de un decreto, dos proyectos de ley que deberán ser aprobados en el Parlamento (en el que cuenta con una mayoría absoluta) y tres decretos legislativos que entrarán en vigor en dos meses, el gobierno de Berlusconi endureció en forma drástica la política inmigratoria.

Roberto Maroni, ministro de Interior y número dos de la xenófoba y racista Liga Norte, ha ultimado en apenas diez días un decreto ley, conocido como el "paquete de seguridad", que incluye en principio 30 propuestas.

Las medidas consisten básicamente en convertir la inmigración clandestina en delito (penado éste último con entre seis meses y cuatro años de cárcel), prolongar el internamiento de los inmigrantes hasta 18 meses, ampliar los motivos para su expulsión y agravar en un tercio las penas de los delitos cuyo autor sea un "sin papeles".

Además, serán expulsados todos los "clandestinos" condenados a penas superiores a dos años (ahora el mínimo es de 10 años) y encarcelados hasta tres años quienes alquilen casas a los irregulares.

Además, bajo el proyecto de ley, la entrada de familiares del inmigrante legal sería reducida a la de sus hijos y padres. Y como ocurre actualmente en la Francia de Sarkozy, los padres serán sometidos a exámenes de ADN, política que ha suscitado indignación entre organizaciones no gubernamentales y católicas de la región.

También se amplía desde seis meses hasta dos años el periodo de convivencia de los matrimonios mixtos para que el cónyuge extranjero pueda obtener la nacionalidad, se restringe la reagrupación familiar a padres e hijos y se prohíbe que los "sin papeles" puedan enviar dinero al extranjero.

Sarkozi y Berlusconi : los "ultraduros" que quieren complementar el "plan contraterrorista" ya vigente en la Unión Europea, con el plan de persecución y detención de inmigrantes que lo complementa

Berlusconi y su gobierno racista siguen la senda emprendida por el sionista declarado, Nicolás Sarkozy, que cuando se hizo cargo del gobierno convirtió a la inmigración en el centro de "todos los males" de Francia.

En 2007, Nicolas Sarkozy se hizo elegir proponiendo la creación de un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional y propagandizando la puesta en práctica de una política de "inmigración elegida y no impuesta".

En la práctica eso supuso fijar "cuotas" de inmigrantes a expulsar (25.000 en 2007, 26.000 en 2008) y negarse a toda regularización masiva.

Finalmente, el jueves 22,  con casi tres años de debates y una intensa negociación en las últimas dos semanas, el Consejo de la Unión Europea aprobó la nueva directiva para repatriar a los inmigrantes ilegales.

La legislación permite retenerlos un máximo de 18 meses y deja a los Estados miembros la libertad de limitar la asistencia jurídica gratuita.

La polémica ley, que no obliga a modificar las normas nacionales de la mayoría de los países de la UE, aunque sí a establecer topes de internamiento en nueve socios que carecen de guías, aún debe pasar en junio por la votación del Parlamento Europeo y el "sí" final de los ministros de Justicia e Interior de los Veintisiete.

Pero la negociación, donde se ha involucrado también a la Eurocámara, está casi cerrada y fuentes diplomáticas consideran "probable" su aprobación rápida.

El texto anima a intentar la marcha voluntaria de la UE del inmigrante ilegal, pero, si no colabora, permite su retención durante seis meses más un año adicional si el Estado no logra identificar la nacionalidad del detenido o si su país de origen no colabora con el papeleo.

Pero la ola xenófoba que hoy se expande por los países de la UE,  ya se había  instalado previamente en otros gobiernos europeos aliados de Washington como Alemania y Reino Unido que conforman, a su vez, la columna vertebral de la guerra contra el "terrorismo islámico" y la inmigración ilegal en el continente europeo.

Los inmigrantes irregulares se encuentran en Alemania con una de las normativas más estrictas dentro de la UE.

La ley permite retener a un extranjero bajo arresto preventivo durante seis semanas en caso de que el juez lo considere necesario para facilitar el proceso de expulsión o evitar complicaciones.

Si el extranjero ha escapado durante procedimientos de expulsión anteriores o el juez considera que existe un riesgo real de fuga, la ley permite un arresto cautelar de seis meses que puede prolongarse por otros 12 meses más. Por lo que un inmigrante irregular puede pasarse hasta 18 meses encerrado en espera de su expulsión.

En Reino Unido, el actual primer ministro, Gordon Brown, ha anunciado que los inmigrantes sólo tendrán pleno acceso a ayudas sociales al adoptar la ciudadanía británica, lo que exige al menos dos años de residencia a los familiares de un británico y cinco años a los demás.

En el área de los demandantes de asilo e inmigrantes sin papeles, el Gobierno de Brown agilizó  los procesos de expulsión restringiendo los derechos de apelación. La gran mayoría de los expulsados son demandantes de asilo a los que se les niega su petición

Solo 24 horas después de que el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobase el durísimo paquete de medidas contra la inmigración ilegal, su ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi, acudió a Madrid para explicárselo al Gobierno español, el que con menos disimulo ha mostrado su "desagrado" por una reforma que convierte a los indocumentados en delincuentes.

Le recibió su homólogo, el secretario de Estado Diego López Garrido, quien le dijo que "convertir la inmigración ilegal en delito puede derivar flujos migratorios de forma desproporcionada hacia otros países".

El español Garrido  reconoció que también le había expresado al ministro italiano, "con toda franqueza", la "doble preocupación" española porque la deriva que ha tomado Italia "no es la mejor vía para avanzar hacia una política común europea" sobre inmigración y "puede afectar negativamente a países del entorno".

El ministro italiano reconoció que la política de Berlusconi puede afectar a otros países, pero subrayó que su prioridad es que los italianos dejen de sentir miedo. "Que no entre nadie en tu casa, que se respete a tus hijos y no roben tus propiedades".

En momentos en que países del Este se incorporan a la Unión Europea (UE), el gobierno de Berlusconi también pondrá el ojo en los ciudadanos del bloque europeo, quienes deberán cumplir mayores requisitos para residir en suelo italiano.

“Los ciudadanos deberán tener ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y no obligar al Estado a cubrir su seguridad social”, señaló el ministro de Interior, Roberto Maroni.

De esta manera, la Italia de Berlusconi y la Francia de Sarkozy encabezan el pelotón de los "ultraduros" que quieren complementar el "plan contraterrorista" ya vigente en la Unión Europea, con el plan de persecución y detención  de inmigrantes que lo complementa, y que apunta principalmente a la comunidad de origen islámico.

Con las nuevas medidas que se expanden como pólvora entre los países miembro , la Unión Europea avanza un paso más y complementa su alianza estratégica con Washington en materia de la "guerra contra el terrorismo" impuesta como nueva lógica de invasión de países y de conquista de mercados tras el 11-S.