Desde hace dos semanas, el conjunto de la sociedad argentina es espectadora (y víctima a la vez) de una feroz guerra por la redistribución de la renta capitalista agraria entre el aparato político kirchnerista y los grandes consorcios agropecuarios quienes utilizan como medio de presión a los pequeños y medianos propietarios que cortan rutas en todo el país.

El reclamo de los pequeños y medianos productores (subsidiarios del juego concentrador del gran capitalismo agrario) fue utilizado como un ariete para forzar al gobierno a dar marcha atrás con las retenciones al agro, que afecta principalmente al lobby agropecuario que concentra la hegemonía y el control sobre el mercado interno y el comercio exterior de la Argentina.

Lo que empezó hace veinte días como un paro agrario con corte de rutas en todo el país ya se ha convertido en un conflicto estratégico a nivel nacional, que envuelve simultáneamente a toda la sociedad argentina afectada por el desabastecimiento y la suba de precios de los alimentos de consumo esencial, que en algún caso supera el 150%.

Argentina en un proceso naciente de emergencia económica, con desabastecimiento de alimentos esenciales y suba de precios, con la gendarmería desplegada en las rutas, y con  amenaza de "guerra total" entre el lobby agropecuario y el aparato kirchnerista, conforman el escenario del llamado "conflicto campo-gobierno".

El resto de la estructura capitalista del país (industria, banca, servicios, etc) ya se ve expuesta a pérdidas millonarias por la retracción que produce en la actividad económica el lockout patronal agropecuario contra el gobierno.

Esta semana, se agravó el desabastecimiento de alimentos de consumo básico como leche, frutas y verduras, y donde aún quedan existencias, la suba de los precios llega a superar en algunos casos el 150%, generando un creciente malestar social a escala masiva.

Las entidades del campo, ante la firmeza de los pequeños y medianos productores, rechazaron una propuesta de subsidios sin levantar las retenciones y ratificaron el paro y el corte de rutas, mientras el gobierno ordenaba el despliegue de la gendarmería para desalojar los caminos y restaurar el abastecimiento.

La base económica del conflicto

A su vez, y en medio del conflicto patronal-económico, el gobierno y la estructura del poder agrario mantienen su propia disputa.

El gobierno kirchnerista, que se jacta de mantener en el Banco Central reservas por US$ 50.000 millones, cuenta con la multimillonaria cifra en US$ de las nuevas retenciones para mantener, por medio del subsidio a los pulpos de la alimentación, la inflación acotada (para conservar intacto su poder político) ante la suba internacional del petróleo y de los alimentos.

Obviamente que los Kirchner no utilizan las reservas para redistribuir equitativamente la riqueza producida por el conjunto de los argentinos, sino para subsidiar a los grandes consorcios capitalistas que controlan el agro, la industria, la banca y los servicios, y para evitar que aumenten los precios (a pesar de que igual éstos aumentan y generan inflación que el gobierno encubre).

O sea, que las reservas US$ 50.000 millones (producto de la recaudación impositiva)  que la administración K no redistribuye entre las grandes mayorías asalariadas, son utilizadas para tres objetivos precisos:

A) Subsidiar a los mega-consorcios capitalistas que controlan la estructura productiva,  el comercio interior y la exportación para que no aumenten los precios (manteniendo la "gobernabilidad" de los Kirchner), compensando de esta manera la rentabilidad capitalista de eso pulpos con el dinero de los impuestos aportado por las mayorías, principalmente por el sector asalariado, que aporta más de la mitad de la recaudación. De esta manera, la estructura capitalista local, con su "Estado privatizado" administrado por los Kirchner, no solamente elude o paga menos impuestos, sino que también roba los impuestos a la masa asalariada través de los subsidios que les otorga el gobierno.

B) El pago de la creciente deuda interna y externa, producto de los préstamos que el gobierno adquiere para no tocar, o utilizar al máximo, los dólares de reserva en el Banco Central, y de esta manera cumplir con la exigencia de los acreedores y mostrar a la opinión publica y a su mercado cautivo electoral , "solidez de administración".

C) Financiación del aparato político oficial, compuesto por una red nacional de dirigentes, punteros, piqueteros y organizaciones de izquierda asimiladas (como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) que reciben, en conjunto, una multimillonaria financiación (en forma de subsidios, prebendas, planes sociales y puestos en el Estado, nacional, provincial  o municipal), que le permite al gobierno de los Kirchner contar con una estructura de movilización masiva al margen  de la participación popular genuina.

De esta manera, el aparato de presión kirchnerista , que ya cosecha la repulsa masiva de la sociedad por su manejo soberbio y autoritario de la llamada  "crisis del campo", este martes organizó una manifestación multitudinaria en apoyo de Cristina que hace pasar  como una expresión de "apoyo popular" a la presidenta.

Curiosamente, el gobierno de los Kirchner (cuyo matrimonio presidencial ya forma parte del lobby empresarial-capitalista que controla a la Argentina sobre la base del enriquecimiento con la corrupción política) ha ingresado en un callejón sin salida frente a la posición de los medianos y pequeños productores rurales que reclaman como única alternativa negociadora el levantamiento de las retenciones establecidas el 14 de marzo.

El fin de semana, en un acuerdo "salomónico", el gobierno y las cuatro entidades del lobby agrario anunciaron la instrumentación de subsidios como compensación al mantenimiento de las retenciones, que fue rechazado por las bases agrarias que cortan las rutas, alegando que el 90% de los subsidios serían recibidos por los grupos que concentran la propiedad y la comercialización agropecuaria en la Argentina.

Ante el fracaso de las entidades para negociar una salida favorable (en los términos de los grandes consorcios agrupados en la Sociedad Rural), el gobierno y el poder económico agropecuario siguen manteniendo la fachada de una guerra política mientras consensúan la decisión de desplegar los gendarmes en las rutas contra los pequeños y medianos productores en huelga.

A esta altura, ni al gobierno ni a los mega-consorcios del campo les conviene desestabilizar aún más la situación interna de emergencia económica por la que empieza a atravesar la Argentina gobernada por los Kirchner.

No obstante, el gobierno de los Kirchner, para "salvar la ropa" y mantener la fachada de legitimidad y de consenso social intacto, realiza continuas maniobras de presión y de exhibición de fuerza con movilización de su aparato político-sindical en apoyo de Cristina, mientras mantiene negociaciones aceleradas con los grupo de poder para "pacificar" y hacer retornar a la Argentina a la "gobernabilidad".

Los grupos del lobby agrícola-ganadero a su vez (los dueños del Estado argentino "privatizado") ya han experimentado un "corte horizontal" en sus bases que desoyen los llamados de las dirigencias a levantar los cortes de ruta.

Una multitud se congregó en un "cacerolazo" espontáneo frente la Casa Rosada  en apoyo del "campo" y en contra de gobierno (Foto Infobae).

La estructura capitalista agraria

En primer lugar (y desde el punto de vista de la realidad concreta) en la Argentina no hay un conflicto Gobierno-campo, sino un conflicto de grupos por la redistribución de la renta agraria (la ganancia capitalista del campo) que tiene al gobierno de los Kirchner como mediador (y también como parte interesada).

El campo no es el "campo" en abstracto, sino una estructura funcional de explotación  de los recursos agropecuarios de la Argentina realizada por empresas capitalistas privadas (productores, comercializadores internos y exportadores).

Lo que se llama "campo", en realidad, es una estructura piramidal compuesta en su vértice por grupos y empresas superconcentrados y diversificados de producción, comercialización y exportación de recursos y productos agropecuarios, que operan como lobbys de control y de formación de precios sobre el mercado interno y el comercio exterior de la Argentina.

Según el INDEC (censo oficial) en el primer bimestre de 2008, la exportación de productos argentinos al exterior  aumentó  30% en promedio, mientras que los volúmenes de ventas se incrementaron en un 19%.

De ese total, la producción agropecuaria (el campo)  representó el 61% del total exportado por Argentina.

Los datos oficiales reflejan el récord de los precios de los commodities, y las mayores exportaciones fueron de harina y pelletes de soja, maíz, trigo, petróleo crudo y carne.

Pero, más del 90% de la renta capitalista de esa producción exportada no se distribuye entre el conjunto de los productores e industrializadores agropecuarios, sino que va al bolsillo de los mega-consorcios diversificados que controlan la estructura del comercio interior y exterior de la Argentina.

Los datos de los mil principales exportadores del país compilados en el ranking de Prensa Económica representan el 97% del total exportado el año pasado, medido en dólares, valor FOB,  y los10 primeros puestos se los reparten aceiteras, petroleras y cerealeras (que lideran los los rubros de productos exportados).

Según el último Censo Agropecuario Nacional, del año 2002, en la Argentina hay 170 millones de hectáreas agropecuarias y 317.816 productores.

El 69% de las explotaciones tienen menos de 200 hectáreas, pero representan sólo el 3% del total de la tierra agropecuaria.

En la otra punta de la pirámide, el 10% de los grandes establecimientos, con más de 1.000 hectáreas, ocupan un 78% de la superficie agropecuaria.

Pero sólo 4.000 de ellos poseen 74,3 millones de hectáreas (más de la mitad del total de extensión de la tierra).

En la Pampa Húmeda la concentración es mayor: 4.110.600 hectáreas están en manos de 116 dueños (los mega-consorcios del vértice de la pirámide) que controlan la comercialización interna y externa y la formación de precios en el rubro.

Los pequeños y medianos productores, en campos que producen hasta 1.500 toneladas por año, son el 96% del total de los establecimientos, pero levantan apenas el 40% de la cosecha.

El otro 60% lo producen 2.817 grandes explotaciones controladas por el lobby de consorcios exportadores que, a través de la diversificación comercial, también controlan una gran parcela del mercado interno.

Como resultante de esta gran concentración de la renta y de la propiedad de la tierra, el gran productor ( los pulpos concentradores) exportan materias primas y alimentos en dólares (o venden a paridad dólar en el mercado interno), y pagan costos y mano de obra en pesos devaluados (a tres por un dólar)

El pequeño productor (más del 70% del sector) vende a los grandes grupos concentradores (que hegemonizan el mercado interno y la exportación) su producción en pesos devaluados, y paga parte de los insumos (gasoil fertilizante etc,) en dólares, además de alquilar (en su gran mayoría) sus parcelas a precio tasados en dólares.

Además, las retenciones ya vigentes (impuestos fijados por el "Estado privatizado" controlado por los Kirchner), no discrimina proporcionalmente entre el pequeño, el mediano y el "gran productor" ( que concentra la renta capitalista del campo), por lo que el gobierno de los Kirchner socializa los costos y privatiza las ganancias.

Los que se benefician de la exportación y de los altos precios las materias primas, no son el pueblo argentino en su conjunto ni el 90% de los productores, sino los grandes grupos superconcentrados que controlan la exportación y se benefician de los precios en dólares y los costos en pesos devaluados.

El "Estado privatizado"

En la década de los 90, la Argentina (con el gobierno de Menem) ingresó al llamado proceso de "privatización" y de "libre mercado" exportado y nivelado desde Washington hacia América Latina y todo el mundo periférico y subdesarrollado.

Mediante la llamada "apertura económica" y la "privatización" del sector público (con la complicidad de las clases políticas) se desmanteló a los "Estados nacionales" y se les quitó en forma total el gerenciamiento y el control de los sectores estratégicos de su producción (industria, materias primas y sectores  claves como el de la energía y el petróleo) que pasaron a ser administrados y explotados por consorcios imperialistas trasnacionales, muchas veces en asociación con el poder capitalista local.

Al no gerenciar ni controlar la producción nacional de la Argentina (producción industrial, agropecuaria, materias primas y sector de servicios, etc) el actual "Estado privatizado" de los Kirchner (o de cualquiera que venga detrás de ellos) deja la rentabilidad capitalista (tasa de ganancia)  en manos de los grupos económicos superconcentrados (locales o en alianza con las transnacionales) que explotan y comercializan esos recursos y controlan la estructura económica productiva del país.

O sea, la renta capitalista de la Argentina (el resultante de la comercialización de la riqueza producida por el trabajo social de todos los argentinos), al no estar controlada y gerenciada por un "Estado nacional", sino por un "Estado privatizado" como el de los Kirchner, se la llevan íntegramente los consorcios superconcentrados que controlan el comercio interno y el sector exportador.

Esta ecuación (la socialización del trabajo y de la producción, y  la "privatización" de la renta nacional) que los "macroeconomistas", intelectuales  y medios de comunicación del sistema ocultan sistemáticamente, es la cuestión central que explica la "apropiación privada" (el robo capitalista de un país)  y su consecuencia más inmediata: La concentración de riqueza en pocas manos, y la injusticia social (marginación y abandono de las capas más desposeídas de la sociedad argentina).

Y esto, entre otras cosas, explica la remanida afirmación popular de que "en el país de la carne y de los alimentos, la gente se muere de hambre".

El origen de esta realidad reside en que la producción nacional de riquezas no va a un "Estado nacional" de reparto social, sino a un "Estado privatizado" al servicio de los grupos capitalistas superconcentrados que lo controlan.

A diferencia del "Estado nacional" de Perón (que sí gerenciaba parte de los recursos nacionales como el petróleo, el sector energético y las empresas de servicios públicos) el "Estado privatizado" de los Kirchner no gerencia ni controla los recursos nacionales sino que se limita a "cobrar impuestos" (que generalmente evaden) a los grupos que se apropian de la renta nacional.

Pero esos impuestos no vuelven al pueblo que produce la riqueza sino que una parte substancial de ellos van a parar (en forma de subsidios estatales) a manos de los grupos capitalistas superconcentrados que se apoderan de la renta de la Argentina por medio de  su "Estado privatizado" administrado hoy por el matrimonio Kirchner.

Mujeres de clase media y alta en un "cacerolazo" en Barrio Norte, de la capital argentina, en apoyo del "campo y en contra del gobierno. (Foto Infobae)

La guerra Kirchner-lobby agrario

¿Y porqué se pelea el gobierno de Kirchner con los principales beneficiarios de su gobierno?

Paradojalmente, el lobby agropecuario, que concentra la mayoría de las multimillonarias subvenciones del gobierno de los Kirchner con impuestos aportados por el conjunto de los contribuyentes (con la masa asalariada como mayor aportante), detonó un conflicto que amenaza con crear un estado de emergencia económica en la Argentina.

Para entender la guerra capitalista por la distribución de la renta agraria (los grupos superconcentrados que utilizan a los pequeños productores para presionar desde las rutas al gobierno) hay que empezar por destacar la "doble representatividad" que ejercen los Kirchner al frente del "Estado privado capitalista" en la Argentina.

En sus discursos públicos, los Kirchner como todos los políticos (sean de Argentina, de América Latina o del resto del mundo capitalista) hablan en nombre del  "interés general" (el conjunto de la sociedad) y de los supremos "intereses del Estado nacional" (el conjunto del país).

En la práctica, fuera del ámbito del discurso público y mediático (y como sucede en América Latina y el resto del mundo capitalista), cuando los políticos y funcionarios tienen que administrar y ejecutar (y como ya está estadísticamente demostrado), ese discurso se revierte:

Los políticos ya no gobiernan en nombre del "interés general" sino del "interés privado" (grupos capitalistas superconcentrados que controlan el poder económico y la estructura económico-productiva), y ya no gobiernan en nombre del Estado nacional (el país en su conjunto), sino en nombre del capitalismo transnacional que controla los Estados y los países a nivel planetario (Aproximadamente 200 trasnacionales, con activos y ganancias superiores al PBI de todos los países emergentes y periféricos juntos, controlan los sistemas económico-productivos estatales a nivel planetario).

Por lo tanto, y en el plano estricto de la realidad, en el ámbito público (el discurso) los Kirchner y su gobierno  defienden los intereses sociales del "pueblo" y de la "Nación", pero en el ámbito de la administración gubernamental defienden los intereses privados de los grupos que controlan el Estado Capitalista (presentado como "Estado Nacional").

El "doble discurso" de los Kirchner no parte de una ilógica sino de un desdoblamiento estratégico para controlar la gerencia de enclave del capitalismo local asociado con los grandes consorcios trasnacionales que controlan el campo, la industria, el comercio y los servicios en la Argentina.

El discurso "publico" de los Kirchner (como el de todos los políticos del sistema capitalista) está orientado a construir consenso social y marketing electoral , y su gestión gubernamental está orientada construir poder político y económico administrando el "Estado privado" de los consorcios capitalistas que controlan toda estructura económica productiva y el comercio exterior de la Argentina.

Mientras el escenario internacional favorecía a la exportación argentina de materias primas (sin la crisis financiera internacional ni la escalada de los precios del petróleo) el "modelo" de  los Kirchner de subsidiar a los grandes consorcios capitalistas y de mantener el peso devaluado para favorecer a los pulpos de la exportación,  sirvió para controlar la inflación (encubierta pero creciente) y mantener la "gobernabilidad" del sistema, y funcionaba perfecto.

Los enormes ingresos impositivos por el "crecimiento económico" les sirvieron a los Kirchner para tapar la guerra por el reparto de la renta  de la Argentina entre los mega-grupos  capitalistas, mientras mantenían la "paz social" con los gremios domesticados,  y los conflictos sociales contenidos por la política del "asistencialismo" de Estado que desparramaba subvenciones y planes sociales entre la izquierda y los "piqueteros".

Este "modelo"  funcionó a pleno hasta que los primeros nubarrones de la crisis financiera-bursátil internacional, la escalada del crudo y los pronósticos de recesión (con epicentro en EEUU) puso a la Argentina (como al resto de los países y de las potencias centrales) en una zona potencial de conflicto económico en gran escala.