lgunos piensan que la inviabilidad de Bolivia
comenzó en la Constituyente de 1825. Otros creen que los males emergieron
con la llegada de los españoles al continente, en 1492. A fin de encontrar
explicaciones más cercanas, estimamos que el horizonte se nubló para el país
el 17-05-05, al aprobarse la Ley de Hidrocarburos “3058”.
Se dirá que eso es absurdo ya que la “3058” elevó los ingresos estatales
del 18 al 50 %. El 18 % inicial no dejaba nada a YPFB, ya que el 11% era
para los departamentos productores, el 1% para Beni y Pando y el 6 % para el
TGN. El 32 % adicional (denominado IDH) tiene el siguiente destino: 16% para
los 4 departamentos productores, 10 % para los 5 no productores y el 6 %
para el “TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas,
municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros”.
Otra vez nada para YPFB. El artículo 57 de la citada ley se asemeja a
arrojar una res a un foso de lobos hambrientos, para ver como los lobos se
despedazarán entre si.
La tercera nacionalización de los hidrocarburos, del 1-05-06, logró que
durante seis meses se elevaran los tributos en otro 32 % (con lo que se
llegó al 82 %) de la producción de los mega campos de gas, descubiertos por
YPFB y entregados gratuitamente a Petrobrás y otras compañías. Este nuevo
ingreso estaba destinado a la petrolera estatal, el que debía consolidarse
después de auditorias a los campos de gas y petróleo.
El gobierno de Evo Morales no tomó en cuenta las auditorias y firmó
contratos con las petroleras, con lo que se volvió al 50/50 de la “3058”.
Entre tanto, se incrementó el precio internacional del petróleo, lo que
abrió aún más el apetito de las fieras enjauladas. El MAS utilizó el 32 %
conseguido con la nacionalización en pagar el Bono dignidad (a los ancianos)
y el bono “Juancito Pinto” (a los escolares). Cuando este segundo 32 % dejó
de ser pagado por las petroleras, recurrió a los esmirriados fondos de YPFB.
Para colmo de males, las reservas monetarias del Banco Central de Bolivia (BCB)
son exportadas a intereses ridículos a Bancos, Gobiernos y Transnacionales
del primer mundo.
La experiencia enseña que las petroleras aceptan ceder parte de sus
ingresos con dos condiciones: Que no se desarrolle la empresa estatal y que
el valor agregado a la materia prima (termoeléctricas, GTL, Petroquímica,
etc) esté bajo su control y, en el caso boliviano, fuera de las fronteras
del país. Para cumplir este objetivo, Petrobrás contó con operadores claves.
Un caso paradigmático es el del prefecto de Tarija, Mario Cossío, cuya
trayectoria es la siguiente:
Hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la liquidación
de YPFB, entre 1993 y 1997. Presidente de la Cámara de Diputados en la
aprobación de la Ley “3058” y principal impulsor de la Ley Tarija, 3065, de
30-05-05, por la que este departamento puede suscribir contratos petroleros
de espaldas al Estado. El Periodista Humberto Vacaflor informó que el
canciller Amorín tomará contacto con Cossío para garantizar el suministro de
gas al Brasil. El Prefecto tarijeño, según el periódico “El Deber”, de Santa
Cruz, ha planteado la partición de Bolivia en un Estado binacional y la
elección de parlamentarios regionales, lo que aceleraría el riesgo de
separatismo.
Carlos Mesa, en su libro “Presidencia Asediada”, dice que, antes de
aprobarse la Ley “3058”, recibió la visita del candidato Evo Morales y su
comitiva para discutir los alcances del referéndum de gas, del 18-07-04.
Indica que esa comitiva “masista” estaba integrada por el tecnócrata Gastón
Mujía.
Lo que no dice (tal vez por que no lo sabía), es que Mujía es
representante de la francesa Total, interesada también en que YPFB no se
capitalice y en que no se exporte gas con valor agregado. Si no se
recapitaliza YPFB y no se exporta gas con valor agregado la guillotina de la
inviabilidad terminará por caer sobre Bolivia.