Para impedir la gobernabilidad en procesos de cambio social, las nuevas derechas han encontrado modos para promover una suerte de inestabilidad de masas mediante grandes movilizaciones populares impulsadas desde arriba, convocadas por los grandes medios monopolizados. Aquí el papel de los medios es importante, pero no factor decisivo. Mucho más importante es fomentar la intolerancia y los miedos de las clases medias, y de importantes sectores populares, hacia los diferentes (indios, pobres, otras lenguas y culturas). Insuflar miedo da buenos dividendos, de ahí que en todos los procesos mencionados la delincuencia y la violencia urbana se hayan disparado o ésa es la impresión dominante entre buena parte de la población.

En Colombia el elemento movilizador es el “terrorismo” de las FARC, pero en Argentina un padre de familia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes, Juan Carlos Blumberg, movilizó cientos de miles con la excusa de la inseguridad ciudadana, codo a codo con la ultraderecha, contra el gobierno de Néstor Kirchner. Las nuevas derechas, sean las autonomistas de Santa Cruz o las que defienden una televisora golpista en Caracas, tienen capacidad de movilización de masas, apelan a demandas “democráticas” y utilizan un lenguaje familiar a las izquierdas, pero para promover fines antidemocráticos y los intereses de las elites. A menudo meten en el mismo saco a las viejas derechas y a los dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, como hizo el prefecto golpista de Santa Cruz, Ruben Costas, quien la noche del referendo atacó por igual a Evo y a Jorge Quiroga, dirigente de Podemos: “Con la presencia del pueblo, derrotamos el oportunismo político que sin escrúpulos unió a la derecha conservadora y al masismo totalitario para destruir a esta patria emergente, alejada de los privilegios de la verdadera oligarquía que es el MAS”. Discursos como éste son desvaríos oportunistas, pero lo cierto es que las nuevas derechas enarbolan demandas sentidas por amplias franjas de la población.

Estos discursos y esas prácticas obedecen a dos nuevas orientaciones de las elites globales. La primera fue formulada por Robert M. Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su discurso en la Universidad Estatal de Kansas, titulado “La restauración de los instrumentos no militares del poder estadunidense” (Military Review, mayo-junio de 2008). Quien sirvió a siete presidentes como director de la CIA sostiene que su país puede mantener la hegemonía mundial a condición de “fortalecer nuestras capacidades de usar el poder ‘blando’ y establecer una mejor integración con el poder ‘duro’”.

Sacando conclusiones de la experiencia en Irak y Afganistán, Gates sostuvo que “el logro del éxito militar no es suficiente para vencer, sino el desarrollo económico, la construcción institucional y el imperio de la ley”. Para conseguirlo, se trata de “atraer civiles con experiencia en el agro, gobernabilidad y otros aspectos del desarrollo”, como una de las claves de las políticas de contrainsurgencia. La segunda cuestión, íntimamente ligada a ésta, es el apoyo material y en orientación a esas nuevas elites, como sucede en Bolivia.

Según denuncia del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip S. Goldberg, es el gran articulador de la oposición, inspirada en su odio a los indios. En 2007, la agencia de cooperación USAID desembolsó 124 millones de dólares en ayudas a la “sociedad civil” boliviana, canalizados por los prefectos de los departamentos de la Media Luna autonomista, embanderada detrás del departamento de Santa Cruz. Una estrategia muy similar a la utilizada en Venezuela.

Para los estrategas actuales del imperio, la democracia se reduce a elecciones con resultados mínimamente creíbles. Ni la democracia ni los servicios sociales son derechos que tiene la población, sino formas de mejorar el control y asegurar la hegemonía.

A la era de los golpes de Estado le sucedieron los “golpes de mercado”, como el que obligó la renuncia del presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, o de Hernán Siles Suazo en Bolivia, en 1985, en medio de la hiperinflación promovida por “los mercados” para destituir gobiernos a los que consideraban poco fiables. Ahora se trata de destituir procesos más que presidentes, impedir cambios de fondo motorizados por bases sociales organizadas y que cuentan con masivo apoyo popular. Un golpe de Estado clásico sería contraproducente, toda vez que los sectores populares aprendieron a revertirlos, como sucedió en Venezuela en 2002. La estrategia del desgaste y la ingobernabilidad ocupa el primer lugar en la agenda.