Es obvio que tres connotados exportadores de oleaginosas: Branco Marinkovic (quien es, además, terrateniente y Presidente del Comité pro Santa Cruz), la corporación estadounidense Archer Daniel Midland y el Grupo Romero no podían seguir obteniendo descomunales utilidades por la exportación de soya a precios internacionales y, al mismo tiempo, pretender que los consumidores internos paguen idénticos montos, con lo que acrecientan los índices inflacionarios.

Sostener que “esas son las reglas del mercado” es falso, ya que los citados magnates tienen diesel subvencionado por el pueblo boliviano, cuyo precio es calculado en relación al costo interno del barril de petróleo, 27 dólares, en tanto la cotización mundial ha trepado a 110 dólares.

Lo lamentable es que en el enfrentamiento entre Evo Morales, quien ganó los comicios de diciembre del 2005 con el 54 % de apoyo ciudadano, y Branco, designado por grupos corporativos, este último ha logrado desinformar a la ciudadanía, debido a la confusa redacción de la disposición legal pertinente que no explica la necesidad de obligar a los productores a abastecer el mercado interno con precios inferiores a los de exportación, a fin de compensar el enorme subsidio que reciben por el precio del diesel. La deficiencia permitió a Branco y sus amigos acusar al Presidente de poner en riesgo los mercados de exportación de alimentos trabajosamente conquistados.

El segundo error consistió en mezclar la prohibición de exportar soya y sus derivados con otros productos (carne de res, pollo, trigo, harina de trigo, maíz y arroz), lo que estructuró un bloque opositor muy amplio. El tercero, en afirmar en la disposición legal que el dirigente cívico y sus colegas habían exportado 365.793 toneladas de aceites comestibles de soya y girasol en los dos primeros meses del año, para luego admitir que esas ventas sólo llegaron a 54.000 toneladas.

De manera paralela, el oficialismo recibió el apoyo de entidades sociales del Occidente, las que demandan la nacionalización de todas las industrias de alimentos del país, lo que ayudó a sus adversarios a conseguir el respaldo de sectores campesinos indecisos. Y todo esto cuando faltan pocas semanas para un arbitrario e ilegal referéndum autonómico de Santa Cruz, que podrían culminar con la escisión de Bolivia.

La miopía política continúa perjudicando al régimen actual. La pérdida de apoyo de las capas medias se aceleró con la decisión de eliminar la palabra República en la nueva Constitución Política, a fin de dar paso a un Estado integrado por 36 naciones indígenas, como lo propuso el hoy Vicepresidente Alvaro García Linera, quien dijo, el 4-XI-01: “Queremos dividir algo que ya está dividido” (Semanario “La Época” de La Paz), sin tomar en cuenta que el principal deber de un gobernante es avanzar en la unidad del país en lugar de contribuir a despedazarlo.

Convengamos entonces que si el objetivo de los fundamentalistas que rodean al Presidente es atomizar a Bolivia, para lo que cuentan con gran apoyo de las ONGs, los errores políticos del decreto que enfureció a sectores del aparato agroindustrial adquieren coherencia. Lo anterior reitera la lamentable coincidencia entre partidarios del indigenismo a ultranza y las radicales invocaciones al separatismo que hacen las oligarquías de la denominada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), para alegría de las transnacionales mineras y petroleras que campean en Bolivia y en los países vecinos.

Si el MAS no recupera a las capas medias, lo cual pasa por unir al país frente a las naciones opresoras, en lugar de fraccionarlo con consignas de cuotas étnicas, el país habrá perdido la posibilidad de encauzar un proceso liberador en el que cifró grandes esperanzas.

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