Un grupo de expertos en política exterior pidieron al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, que fortalezca las dañadas relaciones entre Washington y la ONU, tarea que a su juicio debería ser prioritaria para el nuevo gobierno.

Por Jim Lobe - IPS

En una declaración escrita, el grupo bipartidista integrado por unos 36 expertos señala que Estados Unidos debe pagar sus deudas con la ONU (Organización de las Naciones Unidas), sumarse al Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial, al que Washington ha criticado, para influenciar sus acciones y obtener la aprobación del Senado a tratados clave firmados por otros presidentes pero jamás ratificados.

Asimismo, piden al futuro gobierno de Obama, quien asumirá su cargo el 20 de enero, que lidere los esfuerzos de la ONU en materia de no proliferación nuclear, cambio climático y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Entre los firmantes de la declaración, publicada este jueves como aviso de una página en el diario The New York Times, figuran tres ex asesores de seguridad nacional --Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski y Samuel Berger-- y cuatro ex miembros del gabinete bajo anteriores presidentes del Partido Demócrata.

"El próximo presidente tiene una oportunidad única de revitalizar las relaciones de Estados Unidos con la ONU, como símbolo del compromiso del país con una cooperación internacional constructiva. Esta inversión tendrá el rédito de mejorar nuestra posición internacional y fortalecer nuestra capacidad de mantener a la nación fuerte y segura", señaló el texto.

La declaración tiene muchos puntos en común con las promesas que Obama y el vicepresidente electo, Joseph Biden, realizaron durante la campaña electoral. Además de expertos y ex funcionarios o senadores, tanto demócratas como del Partido Republicano, entre los firmantes del texto se encuentran varios ex miembros de carrera del cuerpo diplomático, incluyendo a tres embajadores de Estados Unidos ante la ONU.

La problemática relación de Washington con el organismo mundial se remonta a los años 80, durante la gestión del ex presidente Ronald Reagan (1981-1989).

Cuando los republicanos ganaron la mayoría en ambas cámaras legislativas en 1994, aprobaron leyes que limitaron la capacidad de la ONU para tratar situaciones de crisis. Entre otras medidas unilaterales, aplicaron recortes a los aportes de Estados Unidos al organismo mundial y a sus contribuciones para las misiones de paz.

También limitaron, o directamente eliminaron, los fondos para algunas agencias de la ONU que ofrecen asistencia social y para el desarrollo a los países pobres.

Aunque el gobierno de George W. Bush logró que los legisladores aprobaran el pago de parte de los aportes atrasados y los costos de misiones de paz, no ocultó su desconfianza, e incluso hostilidad, hacia las instituciones multilaterales en general, extensiva a ciertos tratados internacionales.

Entre ellos, el Protocolo de Kyoto, que estableció reducciones a las emisiones de gases invernadero para combatir el recalentamiento global, el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, e incluso las Convenciones de Ginebra, que a juicio de Bush y sus más estrechos colaboradores limitaban la libertad de acción de Washington.

"El propósito de esta declaración es asegurar que el tema de la ONU figure entre los primeros que aborde el nuevo gobierno, porque es esencial para todas las cuestiones que Estados Unidos debe volver a colocar en su agenda", dijo a IPS Nancy Soderberg, una de las firmantes y ex alta funcionaria de la misión de Washington ante el organismo mundial durante la última parte del gobierno del ex presidente Bill Clinton (1993-2001).

El texto elaborado por el grupo de expertos pide que el gobierno de Obama formule una clara declaración "que exprese el compromiso de Estados Unidos con la cooperación internacional a través de la ONU".

En una implícita crítica al embajador del gobierno de Bush ante el organismo mundial en 2005 y 2006, John Bolton, cuando Estados Unidos era visto como un obstáculo para la introducción de cambios, la declaración urge a Obama a jugar "un papel constructivo en los esfuerzos para reformar la ONU y actualizar la administración de su sistema presupuestario".

Asimismo, urge a Washington a "pagar sus deudas en término, remover los topes impuestos por el Congreso y modificar el calendario de pagos, para estar en posición de honrar nuestras obligaciones emanadas de los tratados" internacionales.

Estados Unidos adeuda actualmente 150 millones de dólares de sus pagos regulares para el funcionamiento de la ONU y 800 millones de dólares de sus contribuciones a las misiones de paz. Asimismo, Washington realiza los pagos a fines de cada año en lugar de al inicio, como la mayoría de los otros Estados miembro, lo que dificulta el trabajo de planificación del organismo mundial.

Por otra parte, los expertos piden que Estados Unidos se sume al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, una agencia que fue duramente criticada por Bolton y otros "halcones" del gobierno de Bush, desde que reemplazó en 2006 a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Los críticos de ese organismo señalaron que entre sus miembros se encontraban gobiernos acusados de serias violaciones a los derechos humanos. La declaración sostiene que Washington debe "trabajar desde adentro para ejercer influencia", opinión que comparten los aliados occidentales de Estados Unidos.

El texto del grupo de expertos no identifica los tratados que deberían ser ratificados por el Senado a pedido de Obama, pero analistas señalan que la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Tratado de la Ley del Mar cuentan con un fuerte apoyo y se podría avanzar rápidamente.

Otros pueden resultar más polémicos, como el tratado que prohíbe los ensayos nucleares, que Obama apoya, o el Protocolo de Roma, sobre el cual el presidente electo no ha adoptado una posición firme.

"Estos pasos pueden ser dados por el nuevo gobierno en una etapa temprana y creo que existe la intención de hacerlo", señaló Soderberg.

"En una transición presidencial, los nuevos funcionarios se sienten un poco abrumados con todas las prioridades que deben encarar, por lo que obviamente esto no ocurrirá en los primeros 100 días, pero es importante enviar ahora una firme señal de apoyo", concluyó.