El rescate de los bancos no parece tener precedentes, pero el modo en que el gobierno norteamericano subvenciona a las grandes empresas es de sobra conocido.

Por George Monbiot (*) - Revista Sin Permiso
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

"La financiación de las campañas electorales es la mejor inversión que puede realizar una corporación. Se da un millón de dólares al hombre adecuado y se recogen mil millones de dólares en protección del Estado, exenciones fiscales y subvenciones. Cuando eso mismo sucede en África lo llamamos corrupción."

De acuerdo con el senador Jim Bunning, la propuesta de adquirir 700.000 millones de deuda sin valor por parte del gobierno norteamericano era "socialismo financiero, es antiamericana" (1). El profesor Nouriel Roubini motejó a George Bush, Henry Paulson y Ben Bernanke de "troika de bolcheviques que ha convertido los Estados Unidos en la República del Estado Socialista Unido de Norteamérica" (2). Bill Perkins, el emprendedor capitalista que publicó un anuncio en el New York Times atacando el plan, lo llamó "comunismo con efecto de filtración" (3).

Pues están equivocados. Cualquier subvención que acabe en manos de los gigantescos bancos de Wall Street será tan norteamericana como la tarta de manzana y la obesidad. Puede que las sumas exigidas no tengan precedentes, pero no hay nada nuevo en este principio: la asistencia social prestada a las corporaciones es un rasgo consistente del capitalismo avanzado. Sólo ha cambiado una cosa: el Congreso se ha visto obligado a enfrentarse a sus contradicciones.

Uno de los mejores estudios sobre las ayudas sociales a las empresas en los Estados Unidos proviene de mis viejos enemigos del Cato Institute (4). El informe, del que es autor Stephen Slivinski, estima que en el año 2006 el gobierno federal se gastó 92.000 millones de dólares en subvenciones al sector de negocios. Buena parte de ello se destinó a importantes empresas como Boeing, IBM y General Electric.

La mayor cosecha de dinero -21.000 millones de dólares- la recoge el "Gran Agricultor". Slivinski muestra que el 10% más rico de los agricultores subvencionados recibe el 66% de dichos desembolsos. Cada tantos años, el Congreso o la administración prometen acabar con esta estafa, y a continuación distribuye aún más fondos del Estado al "agribusiness". La ley agrícola aprobada el pasado mayo en el congreso garantiza a los agricultores un mínimo del 90% de los ingresos que hayan recibido en los últimos dos años, que resulta que son los más rentables de toda su historia (5). Los intermediarios salen aún mejor parados, sobre todo las empresas que extienden las hambrunas convirtiendo el maíz en etanol, y que engullen créditos fiscales por valor de miles de millones de dólares.

Slivinski muestra de qué forma el Programa de Tecnología Avanzada del gobierno federal, que se suponía apoya el desarrollo de tecnologías que son "pre-competitivas" o de "alto riesgo", ha caído en realidad en manos de grandes empresas que venden productos ya probados. Desde 1991, empresas como IBM, General Electric, Dow Chemical, Caterpillar, Ford, DuPont, General Motors, Chevron y Monsanto le han sacado cientos de millones a este programa. Las grandes empresas también son respaldadas por el Export-Import Bank: en 2006, por ejemplo, Boeing solamente recibió 4.500 millones de dólares en garantías de deuda (6).

El gobierno gestiona una cosa denominada "Programa de Financiación Militar Extranjera", que da dinero a otros países para que adquieran armamento de empresas norteamericanas.   Reparte fondos a aeropuertos para que construyan nuevas pistas y también a las empresas pesqueras para ayudarles a que acaben con las reservas en peligro.

Pero el informe del Cato Institute ha puesto al descubierto sólo parte del escándalo de esa asistencia social a las empresas. Un nuevo documento del Institute for Policy Studies norteamericano muestra que a través de una serie de astutas lagunas fiscales y de contabilidad, los Estados Unidos gastan 20.000 millones de dólares al año subvencionando los sueldos de los ejecutivos. Al disfrazar sus salarios profesionales como rentabilidad del capital en lugar de hacerlo como ingresos, por ejemplo, los gestores de hedge funds y empresas de capital riesgo pagan tipos impositivos menores que los de la gente que limpia sus oficinas. Hace un año, la Cámara de Representantes trato de cerrar esta rendija, pero la ley quedó bloqueada en el Senado después de una campaña de cabildeo llevada a cabo por algunos de los hombres más ricos de Norteamérica.

Otro informe, éste de un grupo denominado Good Jobs First (Buenos Empleos Primero), revela que Wal-Mart ha recibido al menos 1.000 millones de fondos públicos (8). Más del 90% de sus centros de distribución y muchas de sus tiendas han sido subvencionadas por los gobiernos locales y de los condados. Proporcionan terrenos gratuitamente a la cadena, sufragan el coste de las carreteras, agua y alcantarillado necesarios para que puedan utilizarse dichos terrenos, y otorgan exenciones fiscales sobre la propiedad y subvenciones (financiación de incremento fiscal), concebidas inicialmente para la regeneración de comunidades deprimidas. En ocasiones, los gobiernos de los estados les dan también directamente dinero: en Virginia, por ejemplo, los centros de distribución de Wal-Mart reciben pagos del Fondo de Oportunidades del Gobernador.

Se podría decir que la beneficencia social destinada a las empresas es tarea central de algunos departamentos gubernamentales. Muchos de los programas del Pentágono suponen beneficios sólo para sus contratistas. La defensa de misiles balísticos, por ejemplo, que no tiene una finalidad estratégica precisa y es improbable que vaya a utilizarse alguna vez, ya ha costado a los Estados Unidos entre 120.000 y 150.000 millones de dólares. El Departamento de Defensa quiere otros 62.000 millones de dólares para los próximos cinco años. Los Estados Unidos son únicos entre los donantes principales por su insistencia en que los alimentos que ofrecen como ayuda deben producirse en su propio suelo, en lugar de serlo en las regiones a las que se supone que ha de ayudar. USAid solía jactarse en su página web de que "el principal beneficiario de los programas de ayuda exterior norteamericana han sido siempre los Estados Unidos. Cerca del 80% de los contratos y subvenciones van directamente a firmas norteamericanas" (10). No hay y nunca ha habido libre mercado en los Estados Unidos.

¿Por qué no? Porque los congresistas, hombres y mujeres, que ahora despotrican contra el socialismo financiero dependen para su reelección de las empresas a las que subvencionan. Los sobornos legales que pagan estas empresas les rinden beneficios a corto plazo. El primero es que impiden una adecuada regulación, permitiéndoles conseguir beneficios espectaculares y generar desastres del tipo del que el Congreso ha de afrontar ahora. El segundo es que el dinero público que debería utilizarse para prestar ayuda a los pobres se desvía a los bolsillos de los ricos.

Un informe publicado la semana pasada por el grupo de abogacía Common Cause muestra de qué modo los banqueros y corredores de bolsa impidieron que los legisladores prohibieran los préstamos insostenibles (11). En el último año financiero, la gran banca gastó 49 millones de dólares en cabildeo y 7 millones en aportaciones directas a campañas. Fannie Mae y Freddie Mac gastaron en 180 millones de dólares en cabildeo y financiación de campañas en los últimos ocho años. Buena parte de ello se destinó a los comités de servicios financieros de la Cámara y al comité de asuntos bancarios del Senado.

Siempre que los congresistas han tratado de parar los pies a los bancos y entidades hipotecarias, se han visto bloqueados por el dinero de los bancos. La enmienda de Dick Durbin en 2005 que trataba de parar los préstamos hipotecarios más rapaces fue derrotada en el Senado por 58 a 40. El antiguo representante Jim Leach propuso volver a regular Fannie Mae y Freddie Mac. Sus grupos de presión, según recuerda, consiguieron orquestar que la "dirección" de ambos partidos derrotase sus enmiendas (12).

El dinero que gastan estas empresas compra la socialización del riesgo financiero. Los 700.000 millones que el gobierno andaba buscando no eran más que uno de los costes públicos de su repetida incapacidad para regular. Incluso ahora se ha dejado sentir la capacidad de presionar de los bancos: el sábado pasado los demócratas rebajaron su exigencia de que se pusiera un tope a los emolumentos que perciben los ejecutivos de las empresas rescatadas por el gobierno. La financiación de las campañas es la mejor inversión que puede realizar una corporación. Se da un millón de dólares al hombre adecuado y se recogen mil millones de dólares en protección del Estado, exenciones fiscales y subvenciones. Cuando eso mismo sucede en África lo llamamos corrupción.