El Poder Legislativo y el Ejecutivo de Estados Unidos deliberaron a puertas cerradas durante fin de semana. El motivo: procesar el rescate propuesto por el gobierno de instituciones financieras al borde de la quiebra, a un costo de 700.000 millones de dólares para el fisco.

Por Adrianne Appel - IPS

La difícil tarea que afrontaron funcionarios y legisladores fue lograr una norma que no indigne a buena parte de la ciudadanía, ya azorada ante la perspectiva de un nuevo favor de Washington a enormes corporaciones.

El secretario del Tesoro (ministro de hacienda) Henry Paulson llevó el plan al Congreso legislativo el día 19. Presentó entonces un esquema de tres páginas, y dijo que era necesario impedir el colapso del mercado financiero originado en la crisis hipotecaria.

El plan habría permitido a Paulson, ex presidente del banco Goldman Sachs (el cual pasa por un periodo de incertidumbre), tener un control completo de los pagos masivos a las instituciones sin ningún control, ni auditoría, ni plan de una devolución al contribuyente.

La activista Maude Hurd señaló que "hay una revuelta populista palpable en pueblos y ciudades de todo el país".

"Si Main Street no obtiene una ayuda real con el crédito que salga de este acuerdo, el pueblo buscará una salida constructiva a su enojo", sostuvo Hurd, presidenta de Acorn, la mayor organización civil comunitaria de personas de ingresos bajos y moderados de Estados Unidos. La integran unas 400.000 familias en 110 ciudades en todo el país.

El término Main Street alude a los ciudadanos comunes de Estados Unidos, en oposición a las grandes corporaciones y a las instituciones financieras que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York en la calle Wall Street.

Desde el Congreso, los legisladores intentan convencer a los contribuyentes --y a los votantes-- de que tienen mente sus intereses al considerar el rescate.

"Cientos de miles de millones de dólares que los estadounidenses invirtieron en cuentas de retiro y fondos mutuos se han evaporado", y la tendencia seguirá, advirtió el demócrata Chris Dodd, presidente del Comité de Banca del Senado.

Sus declaraciones sugieren que está en juego la seguridad de los ingresos de ciudadanos comunes, que poseen muy pocas acciones o ninguna, y un alza en las acciones a raíz del rescate no le será de ninguna ayuda.

"La clase media no va a ser afectada en absoluto por un rescate, dedicado a los muy ricos. Los cambios en el mercado de valores no cambian mucho la situación de la clase media", dijo a IPS Edward Wolff, un economista de la Universidad de Nueva York.

"Ayudar a los ricos a recuperarse del colapso del mercado de valores es sólo una táctica política. Si se alega que todos están sufriendo, es más fácil obtener un rescate de parte de Washington", señaló Wolff.

En 2001, el 10 por ciento más rico de las familias poseía 85 por ciento de todas las acciones de grandes empresas, alrededor de 85 por ciento de todos los valores financieros y 90 por ciento de todas las acciones empresariales en general, según Wolff.

En cuanto al resto del país, 32 por ciento de los hogares poseían más de 10.000 dólares en estos instrumentos, y apenas 25 por ciento poseían más de 25.000 dólares, dijo Wolff.

Un informe de 2007 de la Oficina de Supervisión del Gobierno constató que en 2004 apenas 36 por ciento de los trabajadores tenían algún ahorro en una cuenta de retiro.

A la hora de jubilarse, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses dependerán de la Seguridad Social, el programa del gobierno que les garantiza un ingreso de entre 30 y 40 por ciento de lo que ganaban cuando estaban activos.

Las malas prácticas de la industria de los créditos hipotecarios apuntaron, en particular, contra negros y ancianos, según un informe de la organización United for a Fair Economy.

Apenas 11 por ciento de los préstamos de alto riesgo se asignaron a compradores primerizos el año pasado. La amplia mayoría estaba refinanciando, lo que hizo que los prestatarios debieran más por sus hogares bajo la presunción de que estaban ahorrando dinero.

Mucho titulares de préstamos fueron convencidas de refinanciar sus hogares para obtener efectivo adicional que les permitiera pagar bienes y servicios de primera necesidad, como facturas médicas, señala el informe.

Los acreedores negros perderán entre 71.000 millones y 92.000 millones de dólares, y los de origen latinoamericanos, entre 75.000 millones y 98.000 millones como resultado de malos préstamos de alto riesgo, según el informe.

"Un par de décadas de desregulación permitieron a aquellos ubicados en la cúspide de la cadena alimentaria financiera lucrar con millones de personas, a través de prácticas hipotecarias inescrupulosas", dijo a IPS Michael Lapham, de United for a Fair Economy.

"¿Quiénes necesitan más ayuda? ¿Los propietarios de vivienda que afrontan el desalojo o aquellos que amasaron millones y miles de millones de dólares?", se preguntó Lapham.

El público estadounidense parece especialmente fastidiado con la idea de ayudar a compañías que pagaron salarios exorbitantes a sus altos gerentes, en tiempos en que cae la calidad de vida de millones.

Según el Instituto para Estudios Políticos, los gerentes generales de las grandes compañías estadounidenses obtuvieron el mes pasado un ingreso promedio de 10,5 millones de dólares. Los de las 50 principales firmas financieras se embolsaron, también en promedio, 588 millones de dólares.

El proyecto de ley permite al Departamento del Tesoro determinar si los ingresos de los ejecutivos son "inapropiados o excesivos". Pero "el secretario Paulson se alzó con acciones por más de 750 millones de dólares como gerente general de Goldman Sachs", dijo la analista Sarah Anderson.

"Difícilmente es el árbitro apropiado para decidir qué es excesivo o qué no", ironizó Anderson.

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