La unidad – conocida como “Raiders” [asaltantes] – es una de las de más “selectas” del Ejército. Ha pasado casi tres de los últimos cinco años en Iraq, dirigiendo el asalto contra Bagdad en 2003 y realizando combates casa por casa en la represión de la resistencia en la ciudad de Ramadi. Fue el primer equipo de combate de brigada enviado tres veces a Iraq.

Aunque se han utilizado previamente unidades en servicio activo en tareas temporales, como ser las tropas con equipo de combate desplegadas en Nueva Orleans, que fue colocada efectivamente bajo la ley marcial después del huracán Katrina, esto marca la primera vez en que una unidad de combate del Ejército recibe tareas específicas en las que suelo estadounidense constituye su “zona de combate.”

Los pronunciamientos oficiales del Pentágono subrayaron el papel de unidades especializadas en una reacción potencial a un ataque terrorista dentro de EE.UU. El general George Casey, jefe del Estado Mayor del Ejército, asistió la semana pasada a un ejercicio de entrenamiento de unos 250 miembros de la unidad en Fort Stewart, Georgia. El centro del ejercicio, según la oficina de asuntos públicos del Ejército, fue como los soldados “podrían volar misiones de búsqueda y rescate, extraer víctimas y descontaminar a gente después de un catastrófico ataque nuclear en la región vital de la nación.”

“Estamos en guerra contra una red extremista global que no desaparece,” dijo Casey a los soldados. “Espero que no tengamos que usarla, pero necesitamos la capacidad de hacerlo.”

Sin embargo, la misión asignada a los casi 4.000 soldados del Equipo de Combate de la Primera Brigada no es sólo rescatar a víctimas de ataques terroristas. Un artículo que apareció este mes en Army Times (“Brigade homeland tours start Oct. 1” [Recorridos de brigada por el interior comienzan el 1º de octubre]), una publicación que es ampliamente leída por los militares, pinta un cuadro diferente y mucho más siniestro.

“Se podrá recurrir a ellos para ayudar en casos de descontento social y control de multitudes,” informa el periódico. Cita al comandante de la unidad, coronel Robert Cloutier, diciendo que los soldados están siendo entrenados en el uso del “primer paquete no-letal que jamás haya presentado el Ejército.” Las armas, informa la publicación, están “destinadas a someter a individuos revoltosos o peligrosos sin matarlos.” El equipo incluye “beanbag bullets”[Cartuchos en los que tras la pólvora se inserta un taco separador y una cantidad de perdigones esféricos envueltos en un saquete de tela y con una falsa ojiva plástica que les proporciona protección aerodinámica], escudos y porras y equipos para erigir bloques de ruta.

Parece que como parte del entrenamiento para su despliegue dentro de EE.UU., se ha ordenado a los soldados que prueben parte de este equipo no-letal los unos sobre los otros.

“Fui el primero en la brigada al que le aplicaron el Taser [porra de electrochoque]”, dijo Cloutier al Army Times. Describió los efectos del arma como “el peor calambre muscular de tu vida – multiplicado por 10 en todo tu cuerpo.”

La observación del coronel sugiere que, en preparación para sus deberes en el “frente interior”, soldados rasos también son sometidos rutinariamente al Taser. El efecto y el propósito embrutecedor de un ejercicio de entrenamiento tan macabro es insensibilizar a los soldados contra la conmiseración por el dolor y el sufrimiento que se les puede pedir que inflijan a la población civil utilizando esas mismas armas “no-letales.”

Según funcionarios militares citados por el Army Times, el despliegue de tropas regulares del Ejército en EE.UU., iniciado con el Primer Equipo de Combate de Brigada, se hará permanente. Diferentes unidades serán rotadas en la tarea sobre una base anual.

En una entrevista en línea con periodistas durante este mes, se preguntó a oficiales sobre las implicaciones del nuevo despliegue para la Ley Posse Comitatus, el estatuto legal de 230 años de antigüedad que prohíbe el uso de fuerzas militares de EE.UU. para propósitos de mantenimiento del orden dentro del propio EE.UU.

El coronel Lou Volger, jefe de operaciones futuras de NorthCom, trató de minimizar cualquier rol de mantenimiento del orden, pero agregó: “Nos integraremos con el mantenimiento del orden para comprender la situación y asegurar que sepamos de cualesquiera amenazas.”

Volger reconoció lo obvio: que el Equipo de Combate de Brigada es una fuerza militar, mientras intentaba descartar la probabilidad de que tendría algún rol militar. “Incluye fuerzas para seguridad,” dijo “pero eso es realmente – lo llaman fuerzas de seguridad, pero eso es realmente sólo para establecer nuestra propia marca y asegurar que podamos operar y mantener nuestras propias bases.”

El teniente coronel James Shores, otro oficial de NorthCom, se sumó a la conversación: “Digamos que incluso si hubiera un escenario que se desarrollara hacia un cierto disturbio civil – incluso en ese momento se necesitaría una directiva presidencial para incluso llegar cerca de algo como lo que usted está sugiriendo.”

Sea lo que sea que se requiera para provocar una tal intervención, es obvio que el coronel Cloutier y sus soldados se están preparando para ello con su entrenamiento práctico en el uso de medios “no-letales” de represión.

A pesar de la extrema susceptibilidad de los mandamases militares respecto al tema, la realidad es que la intervención de militares en asuntos interiores ha aumentado fuertemente durante el período reciente bajo condiciones en las que su participación en dos guerras de estilo colonial en el exterior les ha dado un papel mucho más destacado en la vida política estadounidense.

El gobierno de Bush ha trabajado para derribar todas las barreras para el uso de los militares en la represión interior. Por consiguiente, incluyó en la ley de gastos del Pentágono para 2007 una medida para enmendar la Ley Posse Comitatus a fin de allanar el camino para el despliegue en el interior de los militares en casos de desastres naturales, ataque terrorista u “otras condiciones en las que el presidente determine que ha ocurrido violencia interior hasta tal punto que funcionarios estatales no puedan mantener el orden público.”

La cláusula otorga al presidente amplios nuevos poderes para imponer la ley marcial declarando una “emergencia pública” prácticamente por cualquier motivo, permitiéndole desplegar tropas en cualquier sitio de EE.UU. y tomar el control de unidades de la Guardia Nacional basadas en los Estados sin el consentimiento de los gobernadores estatales a fin de “reprimir el desorden público.”

La estipulación fue posteriormente revocada por el Congreso como parte de la legislación de gastos militares para 2008, pero la intención sigue existiendo. Considerando los amplios poderes reivindicados por la Casa Blanca en nombre del “comandante en jefe” en una guerra global contra el terror – poderes para suspender el habeas corpus, realizar un espionaje interior generalizado y torturas – no hay motivos para creer que respetaría restricciones legales contra el uso de la fuerza militar en el interior.

Es notable que el despliegue de tropas de combate de EE.UU. “como una fuerza federal disponible para emergencias y desastres naturales o causados por humanos” – en la formulación de Army Times – coincida con el estallido de la mayor emergencia económica y desastre financiero desde la Gran Depresión de los años treinta.

Justificado como una reacción ante amenazas terroristas, la verdadera fuente de los crecientes preparativos para el uso de fuerza militar estadounidense dentro de las fronteras de EE.UU. no proviene de los eventos del 11 de septiembre de 2001 o del peligro de que se repitan. Más bien, la movilización interior de las fuerzas armadas es una reacción del establishment gobernante de EE.UU. a la creciente amenaza para la estabilidad política.

Bajo condiciones de una profundización de la crisis económica, el abismo social sin precedentes que separa a la gente trabajadora del país de la elite poseedora de una riqueza obscena se hace insostenible dentro del marco político existente.