Lo que sigue ahora -el intento de los Estados para revertir el colapso financiero- parece no ser mucho mejor que aquella apuesta a los créditos de riesgo, al menos en el plan de rescate que envió George W. Bush al Congreso.

Conviene ver algunos fallos gruesos que tiene ese proyecto de Bush y que la oposición demócrata -pero también un sector agobiado de los republicanos- intenta modificar.

En primer lugar, y ni siquiera el más importante, el secretario del Tesoro -hasta hoy, Henry Paulson- se convertiría en una suerte de "dictador económico" con capacidad para establecer el modo en que se emplearán los 700.000 millones de dólares que los contribuyentes tendrán que pagar en el rescate más caro de una industria privada en la historia. Desde estas latitudes, uno podría hasta mirar de modo más benévolo los decretos de necesidad y urgencia y las facultades especiales que el Congreso suele delegar en el Ejecutivo.

No hay supervisión independiente del destino de los fondos, de modo tal que el Tesoro no sólo tendría discrecionalidad para las compras, sino también para disimular cualquier desnaturalización del proyecto.

El objetivo del programa es poco atractivo salvo para los banqueros de inversión que hoy nadan con el agua en los labios. Se trata de comprar activos desvalorizados, préstamos impagos y otros valores en problemas, poniendo un piso a la depreciación.

Pero no hay previsión alguna de protección del contribuyente. En verdad, éste se convierte en un "inversor bobo", toda vez que -a diferencia de lo que sucede en el sector privado- los que acepten el rescate no tendrían que ceder acciones al Estado. La práctica normal es que cualquier inversor recibe una parte de la propiedad en la que coloca su dinero.

De acuerdo con el proyecto Bush-Paulson, los ejecutivos de las firmas auxiliadas seguirían recibiendo los salarios, bonos anuales de siete cifras y compensaciones faraónicas por despido como premio al fracaso. La antítesis aquí es crear una autoridad regulatoria que limite toda compensación económica de los generales de la derrota financiera. Paulson -él mismo un ex Wall Street- aparece así protegiendo corporativamente a sus colegas.

Más grave aún es que no hay en el plan capítulo alguno destinado a asistir a los ciudadanos que están en crisis morosas por sus casas. Los demócratas quieren que la nueva legislación otorgue a los jueces posibilidad de reestructurar deuda y pagos en las hipotecas de hogares. La industria, aun en su actual caída, se opone a que se cambien las reglas de juego actuales: los magistrados pueden reestructurar las deudas de segundas propiedades, no de las que sirven de residencia al propietario.

El proyecto Bush-Paulson parece ignorar -al menos en la mayor medida posible- que la situación ha cambiado drásticamente desde hace unas semanas. Algo que hasta las últimas dos grandes bancas de inversión, Morgan Stanley y Goldman Sachs, han admitido en las últimas horas al solicitar autorización para transformarse en bancos comerciales sometiéndose a las reglas y supervisión más estrictas que han tratado de evitar durante décadas.

Todos los entendidos ven esto como el fin de una engañosa era y probablemente lo sea, menos para el dúo Bush-Paulson.