Érase una vez en que los soldados hacían algo más que empuñar un arma.
Recogían la basura. Cortaban el pelo y entregaban el correo. Reparaban
aviones e inflaban neumáticos de camiones.
Eso se acabó ya. Todas esas tareas son ahora responsabilidad de las
corporaciones de la defensa privada. Al servicio del Pentágono, sus
empleados manejan también ordenadores, escriben códigos de software, crean
sistemas de integración, forman a técnicos, fabrican y se ocupan del manejo
de armas de última tecnología, de comercializar municiones y de interpretar
imágenes por satélite.
Gente de corbata y tacones, sin boinas ni fatigas, traducen hoy
documentos, recogen información de inteligencia, hacen de intérpretes para
soldados e interrogadores, aprueban contractos, elaboran informes para el
Congreso y proporcionan supervisión para otros contratistas privados.
También rellenan recetas, colocan prótesis y organizan terapias físicas y
cuidados psiquiátricos. De arriba a abajo, la maquinaria de guerra del
Pentágono no sólo está dirigida por esas corporaciones sino que también le
proporcionan personal para cualquier tipo de servicio.
Consideren lo siguiente: En el año fiscal de 2005 (el último año del que
se disponen datos), el Pentágono gastó más dinero en contratar servicios con
las compañías privadas que en los suministros y equipamientos en sí,
incluidos los sistemas más importantes de armamento. Esta cifra ha ido
aumentando a toda velocidad a lo largo de los últimos diez años. Durante la
última década, según un reciente informe de la
Oficina de
Contabilidad del Gobierno, la suma que el Pentágono ha pagado a las
compañías privadas por sus servicios se ha incrementado en un 78% en
términos reales. En el año fiscal de 2006, estos contratos de servicios
totalizaron más de 151.000 millones de dólares.
Cada vez con mayor frecuencia escuchamos cómo generales y políticos al
alimón se lamentan de la situación del ejército. Su conclusión: el
desgaste natural de la Guerra Global contra el Terror del
Presidente ha puesto al ejército al
borde del precipicio. Pero los contratistas privados están
tocando una melodía diferente. Piénsenlo de esta manera: Mientras el
ejército no puede suministrarse adecuadamente, sus proveedores se están
anotando contratos por valor multimilmillonario. Para ellos, es cuestión de
dejar que rueden los buenos tiempos.
Las diferencias que marca una guerra
Como nos preparamos ya para concluir el libro sobre la presidencia Bush,
merece la pena explorar y ver, justo ahora, cómo en los últimos siete años
la larga Guerra contra el Terror ha ayudado a construir una nueva y
privatizada versión del Pentágono. Llámenlo Complejo Militar Industrial 2.0.
Consideren el año fiscal 2001, que terminó convenientemente en septiembre
de ese año. Sirve para captar, como buen horizonte de fondo anterior a la
Guerra contra el Terror, cómo el Pentágono ha venido ampliando desde
entonces sus relaciones con los contratistas privados y cuánto les está
pagando ahora.
Retrocedamos a aquella época, los diez proveedores más importantes del
Pentágono se repartían unos 58.700 millones de dólares en contratos del
Departamento de Defensa (DoD), además de un total de 144.000 millones de
dólares que iban a parar a los 100 contratistas más importantes del
Pentágono. El número 100 en la lista lo ocupaba el Grupo
Carlyle,
con 145 millones de dólares en contratos. No olviden tener en mente que
ese era el precio de la “defensa” de una nación sin ninguna superpotencia
rival.
Rebobinando hasta el 2007, las diez compañías más importantes en la lista
de contratistas privados del Pentágono compartían 125.000 millones de
dólares en contratos del DoD, de un total de 239.000 millones compartidos
entre los 100 contratistas más importantes. El menor de los contratos, de
entre esos 100 principales, se concedió a
ARINC y alcanzó la cifra de 495 millones de dólares.
Es decir, que en estos siete años los contratos que han ido a parar a las
10 empresas de contratistas más importantes se han más que doblado, el
tamaño del pastel de los desembolsos se incrementó en dos terceras partes y
el contrato más pequeño entre las 100 más importantes se cuadruplicó.
Igual de revelador es que en 2007, casi la mitad de las compañías de la
lista de las 100 más importantes del Pentágono no estaban siquiera en esa
lista siete años antes, incluida
McKesson, que se llevó la considerable cifra de
4.600 millones de dólares en contratos, y
MacAndrews and Forbes que cosechó 3.300 millones de
dólares.
Aquí hay un hecho que da sentido a todo lo anterior: Teniendo en cuenta
el espectro de servicios ofrecidos y el nivel de integración que se ha
producido ya entre el Pentágono y esas compañías privadas, Estados Unidos ya
no puede emprender una guerra, ni siquiera pagar nóminas, sin ellas.
Estos han sido buenos tiempos para los contratistas de la defensa aunque
no tanto para el ejército mismo. Desde septiembre de 2001, muchas compañías
han dado un salto espectacular desde no recibir contratos del Pentágono, o
sólo contratos por unos pocos millones, a asignaciones en el ámbito de los
miles de millones de dólares. Aquí van unos cuantos retratos de las
compañías que están viviendo un boom mientras el ejército se va al
garete.
URS Corporation: Esta firma de servicios técnicos,
ingeniería y construcción tiene su sede en San Francisco y emplea
a más de 50.000 personas en 34 países. Es una firma que se mantiene del
sector público, que fue recientemente adquirida por el Washington Group
International y que obtuvo numerosos contratos de reconstrucción en Iraq.
Más del 40% de los ingresos de la compañía (5.400 millones de dólares en
2007) provenían del gobierno federal. Entre 2001 y 2007, sus contratos con
el Pentágono se incrementaron más de mil veces (en un 1.400%), desde 169
millones a 2.600 millones de dólares.
URS empezó la Guerra contra el Terror con el número 91 en la lista
de los 100 mejores del Pentágono. Ahora tiene el número 15
Electronic Data Systems Corporation: Fundada por el disidente Ross
Perot, EDS es una compañía de servicios tecnológicos globales con
sede en Plano, Texas. En marzo, el Pentágono le concedió un contrato por 179
millones para proporcionar servicios de apoyo tecnológico e información al
Defense Manpower
Data Center del Pentágono, su archivo central de todo tipo de
datos sobre personal, mano de obra y víctimas, pagos y tramitaciones, así
como toda la gama de información financiera. La compañía –que emplea a
139.000 personas en 65 países- alardeó de 22.100 millones de dólares de
ingresos en 2007. El gigante de ordenadores
HP
compró EDS en agosto pasado.
En 2001, la compañía ocupó el puesto 71 en la lista de los mejores del
DoD, con 222 millones en contratos. En 2007, había subido al número 16 con
2.400 millones de dólares en contratos, un aumento de casi el 1.000%.
Harris Corporation: Esta
compañía
tecnológica de comunicaciones e información tiene su sede en
Melbourne, Florida, y da empleo a 16.000 personas. Harris alardeó de
haber tenido ingresos por 4.200 millones de dólares en 2007, con más de la
cuarta parte de los mismos (1.600 millones) procedentes de las compras del
Pentágono de instalaciones y capacidades electrónicas, como los sistemas de
radio de alta frecuencia Falcon II.
Cuando empezó la Guerra contra el Terror, Harris tenía una modesta
cifra de 380 millones de dólares en contratos con el Pentágono (y era la
número 43 en la lista de las 100 principales); pero durante los últimos años
ha mejorado su rango a toda velocidad y ahora ocupa el número 30.
KBR: Aprovechando el sistema
La primera vez que en EEUU se escuchó la frase “complejo industrial
militar” fue durante el discurso de despedida del
Presidente Dwight David Eisenhower el 17 de enero de 1961. Cuando
dejó su puesto, nuestro último general convertido en presidente advirtió que
la “conjunción de un inmenso establishment militar y una gran
industria de armamento es algo nuevo en la experiencia estadounidense” y su
influencia “económica, política, incluso espiritual”- se siente en cada
ciudad, en cada capitolio, en cada oficina del gobierno federal….
“Debemos protegernos en los consejos de gobierno de la adquisición de
influencias indeseables, ya sean buscadas o no, del complejo industrial
militar. El potencial para que se produzca un aumento desastroso e
inapropiado de poder existe y seguirá existiendo”.
Sí, el comentario de Ike sigue siendo aplicable en los últimos 47 años en
muchos sentidos, el Complejo Industrial Militar (MIC, en sus siglas en
inglés) que describió ha evolucionado de forma alarmante y masiva.
Actualmente, hace algo más que ejercer influencia; ha creado una dependencia
sin parangón y unos beneficios sin comparación.
KBR puede
muy bien ilustrar lo que esto significa en la práctica; KBR es una
compañía privada que no publica informes trimestrales. Sin embargo, su
reciente historia proporciona una lección objetiva de lo que el MIC 2.0
puede hacer por la rentabilidad de un contratista privado.
KBR ha seguido de cerca cada paso del caminar del ejército militar
estadounidense durante la invasión y ocupación de Iraq: primero como
Kellogg Brown and Root, una filial de Halliburton (de la cual
Dick Cheney había sido director ejecutivo), y después como KBR, una
compañía independiente. Ha hecho, en efecto, su fortuna corporativa a partir
de los nefastos “contratos con reembolso de costes” y “sin licitación” del
Pentágono. Desde diciembre de 2001, KBR ha estado trabajando para el
Pentágono bajo el Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP, en
sus siglas en inglés), un acuerdo multimilmillonario en dólares que
garantiza a la compañía beneficios mediante el reembolso de costes, sin
acordar previamente precio alguno, por el cumplimiento de las tareas
contratadas.
Ese enorme contrato se concedió sin tener en cuenta las exigencias del
mercado competitivo. Su naturaleza, “sin licitación”, fue una señal de que
KBR no era precisamente un contratista corriente del Pentágono. Una
segunda señal fue que el Pentágono aceptase el acuerdo de reembolso de
costes. Una rareza en el mundo de los negocios, “reembolso de costes”
significa que cuanto más cueste un trabajo, más beneficios van a parar a los
bolsillos de la compañía. El profesor Steve Schooner, un experto en
contratos de la Facultad de Derecho de las Universidad George Washington,
comentó: “Nadie, en su sano juicio, se metería en un contrato que
básicamente dice: “Piensa en todas las formas creativas que quieras para
gastar mi dinero, y cuanto más gastes, más feliz estaré”. Bajo este
contrato, el Pentágono
ha repartido 20.000 millones de dólares entre KBR para que
construya y gestione instalaciones para el personal militar en Iraq y
proporcione alimentos y otras necesidades a las tropas estadounidenses que
allí están.
Irónicamente, el Pentágono no está obteniendo aquello por lo que pagó… ni
por lo más remoto. Las actividades fraudulentas de KBR han supuesto,
según la Oficina de Contabilidad del Gobierno: un fracaso total a la hora de
dar cuentas de forma adecuada sobre los más de mil millones de dólares en
fondos contratados; el arrendamiento de vehículos para uso del personal de
la compañía por un monto de hasta 125.000 dólares al año (a pesar del hecho
de que esos vehículos se podían haber claramente comprado por 40.000 dólares
o menos); la compra de objetos lujosos innecesarios tales como
toallas con monogramas para su uso en las instalaciones de recreo
de la compañía destinadas al personal militar; sobrecargar el precio del
fuel comprado en Kuwait y llevado a Iraq para uso militar; cargar a la
cuenta del Pentágono el valor, aumentado tres o cuatro veces, de las comidas
consumidas por el personal militar estadounidense; y suministrar agua
contaminada a las tropas estadounidenses.
Todos estos abusos salieron a la luz gracias a las investigaciones del
Congresista
Henry Waxman (D-CA), de la propia
Oficina del Inspector General del Pentágono, y de otros, pero
Halliburton y su anterior filial se escaparon con poco más que un tirón
de orejas, como fue la revocación del contrato de suministro de fuel y del
contrato exclusivo LOGCAP de KBR para Iraq. Este contrato fue
recientemente dividido en tres partes y sacado a licitación. Sin embargo, a
KBR se le permitió presentarse a la misma, y ahora está compartiendo
el contrato con Dyncorp y Fluor Corporation. Cada compañía ha
recibido un contrato por 5.000 millones de dólares que incluye nueve
posibilidades de renovación al año, lo que podría representar, en total,
hasta 150.000 millones de dólares, según
Dana Hedgpeth, del Washington Post.
El más reciente de los
muchos puntos en contra de KBR se produjo cuando varios
miembros del Congreso e investigadores la acusaron de que el poco
cualificado
trabajo de electricidad efectuado por los empleados de la
compañía en las duchas de las bases militares habían provocado la muerte por
electrocución de 16 soldados estadounidenses.
Para entender lo que significa para el Pentágono la privatización en
marcha, consideren sólo un modesto ejemplo de la corrupción que infecta
KBR y de cómo se ha abordado el mismo. En 2004, la compañía presentó una
serie de solicitudes de reembolso por más de mil millones de dólares en
cargos que los auditores del Ejército calificaron de “cuestionables”, en
parte porque no estaban respaldados por documentación fiable. Charles Smith,
el oficial del ejército que se encargaba de los contratos del Pentágono, se
negó a aprobar los pagos y amenazó con imponer multas a la compañía si no
conseguía controlar mejor sus gastos. Posteriormente, declaró a
James Risen, del New York Times, que KBR tenía “una
cantidad gigantesca de pagos que no podía justificar. En última instancia,
el dinero que estaba yendo a parar a manos de KBR era dinero que se
le estaba quitando a las tropas”.
A pesar de sus 31 años en el Ejército, y sin que casi se diera cuenta,
Smith fue trasladado de su puesto, mientras que los pagos requeridos eran
posteriormente enviados a KBR. Según el New York Times, el
Ejército argumentó que “bloquear los pagos a KBR habría dañado los
servicios básicos prestados a las tropas. Dijeron que KBR había
advertido que si no se le pagaba, reduciría sus pagos a los subcontratistas,
lo que a su vez provocaría un recorte en los servicios”.
Es decir, el Pentágono –a cargo de cientos de miles de millones de
dólares y más de un millón de personas con o sin uniforme- era básicamente
prisionero de una compañía que amenazaba con negar servicios que (para ser
sinceros) habían sido de muy mala calidad desde el principio.
El senador
Robert Byrd (D-WV) vio claro el problema: “Hemos pasado a
depender de compañías que sólo buscan su beneficio para satisfacer las
necesidades diarias de alimentar y albergar a nuestras tropas, [y] para
desempeñar una miríada de otras funciones de la misión, incluyendo la
seguridad. Esta clase contratos han abierto la puerta para que cada gestor
se sirva del sistema para maximizar beneficios”.
Y ya lo creo que se sirven del sistema. Por ejemplo, la clase de
corrupción que parece ser endémica en KBR ha creado a su vez un
rentable nuevo mercado para otro tipo de corporaciones militares privadas,
las especializadas en supervisión y contabilidad.
Después de que el ejército sustituyera a Smith, alquiló los servicios de
la RCI Holding Corporation para que revisara los archivos de KBR.
Smith dice que la compañía privada “funciona con estimaciones, utilizando
los datos, muy poco consistentes, que le proporciona KBR”, mientras
que ignora toda la información de auditoría reunida por el Pentágono. Pero a
KBR se le concedieron posteriormente pluses de alto rendimiento y una
parte de ese nuevo contrato por diez años con el Ejército, SERCO (la
compañía originaria de RCI Holding) recibía también un nuevo
contrato: para continuar supervisando los contratos de KBR.
Y así la dependencia engendra dependencias más profundas, mientras que la
corrupción, la incompetencia y la más insensible de las indiferencias se va
arraigando cada vez más en la vida militar.
Durante su primera campaña presidencial, George W. Bush identificó a
Cristo como su filósofo político favorito. Pero como primer
Presidente estadounidense con un master en Administración de Empresas (y
nada menos que de
Harvard), ha hecho un trabajo mucho mejor al aplicar el principio
de ante todo el beneficio de Donald Trump y Jack Welch en vez de
tomar el ejemplo del hombre de Galilea que prometió riquezas a los hombres
ricos en el cielo una vez que hubieran vendido todas sus propiedades y las
hubieran repartido entre los
pobres en la tierra. Como presidente, Bush ha llevado al Despacho
Oval la visión de que las corporaciones no pueden equivocarse y le ha dado
al sector privado, con toda rapidez, un reino de grandes libertades en vez
de ocuparse del conjunto de servicios y obras públicas. Actualmente, el
sector militar se apoya enormemente en las corporaciones privadas para
llevar a cabo lo que solían ser sus funciones básicas, desde la guerra a la
ayuda en caso de desastre, hasta a lavar los platos. KBR es sólo un
ejemplo multimilmillonario en dólares del legado de la presidencia de George
Bush.
Más allá de Blackwater: Acumulando mercenarios en el
Pentágono [*]
El nuevo complejo 2.0 emplea habitualmente a compañías cuyo trabajo
consiste en enviar mercenarios armados al campo de batalla junto a los
soldados estadounidenses, o a proteger a los diplomáticos y altos oficiales
del ejército de EEUU. Combatir en las guerras de alquiler se ha convertido,
desde 2001, en parte esencial del modus operandi del Pentágono, y el
empleado de Blackwater disparando por Bagdad con vestimenta Kevlar,
kafiyah y amplias gafas de sol es el símbolo supremo del nuevo momento.
Pero hay otra dimensión del incremento de la era privatizadora de Bush en
el Pentágono a la que se ha dedicado mucha menos atención: Las firmas
militares privadas están también haciendo el trabajo administrativo de la
guerra. Según un informe de la GAO de
marzo de
2008: “Additional Personal Conflict of Interest Safeguards Needed
for Certain DoD Contractor Employees”, en los despachos de todo el
Departamento de Defensa se han instalado, en cifras alarmantes, cubículos de
mercenarios que trabajan hombro con hombro con el personal militar
uniformado y con los empleados federales.
La Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, en sus siglas en inglés)
miró en 21 despachos distintos del Pentágono y se encontró con que los
contratistas privados superaban en más de la mitad a los empleados del DoD.
En el departamento de ingeniería de la Missile Defense Agency, por
ejemplo, los empleados de los contratistas privados representaban más del
80% de la fuerza laboral. La GAO se encontró con que los contratistas eran
responsables del desarrollo de una amplia gama de tareas y que no estaban
sujetos a las leyes y regulaciones federales diseñadas para impedir los
conflictos de intereses, incluyendo las normas que conciernen al personal
que quiere conseguir puestos como empleados federales en las compañías a las
que se habían concedido contratos.
Otro
informe de la GAO de 2008 aconsejaba al Centro de Excelencia de
Contratación del Ejército que los contratistas privados no superaran el 20%
de la fuerza de trabajo. Sin embargo, el coste medio de la hora de un
empleado de un contratista privado estaba más de un 26% por encima de la de
un empleado del gobierno. Pueden encontrarse similares disparidades en los
pagos de forma aún más escandalosa en Iraq, donde a un soldado se le paga
poco más del salario mínimo, mientras que un contratista militar privado
puede muy bien ganar más de 100.000 dólares al año, libres de impuestos.
Para apreciar el contraste supremo en la privatización militar, obsérvese
lo siguiente: Al
testificar en una vista del Congreso en julio, el director
ejecutivo de Blackwater Erik Prince ofreció una estimación aproximada
de su salario anual: “más de un millón”. Y le aseguró al Congresista Peter
Welch (D-VT) que “volvería” con una cifra más exacta. Welch señaló en aquel
momento que el General David Petraeus –entonces responsable de más de
160.000 soldados estadounidenses en Iraq- ganaba 180.000 dólares al año.
Privatizando en lo más alto
Una vez que las compañías privadas asumen las tareas militares y las
propias de una guerra, ¿dónde se detiene el asunto? No es común, por
ejemplo, que una compañía alquilada para realizar un servicio para el
Pentágono subcontrate una parte de sus tareas a otra compañía, que a su vez
puede subcontratar parte de las mismas a una tercera. ¿Quién se ocupa de
controlar todo eso? Cuando hacen algo mal, ¿quién es el culpable?
Una reciente investigación de Craig y Marck Kielburger, cofundadores
canadienses de la ONG Free the Children, y del periodista Chris
Mallinos, de Toronto, hallaron que KBR había subcontratado a más de
200 firmas diferentes –muchas de ellas con sede en Kuwait- para transportar
materiales a Iraq.
El resultado fue éste: Estados Unidos ha acabado pagando a compañías que
se dedican a esclavizar a filipinos, a ciudadanos de Sri Lanza y a otros
“nacionales de terceros países” para que lleven suministros a Iraq. En un
reciente artículo de
Epoch Times, el trío narró una serie de misiones de
reconocimiento hasta Kuwait para entrevistar a docenas de hombres filipinos
y surasiáticos “reclutados para Oriente Medio con la promesa de buenos
trabajos, sólo para acabar siendo alquilados por las compañías de transporte
kuwaitíes que van y vienen de Iraq”. Un filipino describió cómo Jassin
Transport y Stevedoring Company –uno de los sub-subcontratistas
de KBR- le quitó el pasaporte, anuló el contrato que había firmado en
Filipinas y le entregó un nuevo contrato escrito en árabe. A los empleados
se les “daba un ultimátum: o firmaban o se largaban”. Entonces les
entregaban las llaves de camiones, tractores y trailer sin blindar y les
decían que condujeran velozmente por carreteras famosas por su peligrosidad.
Los autores concluían que esas compañías “violaban abiertamente las leyes
laborales de EEUU al utilizar mano de obra barata importada, retener los
pasaportes de los empleados y albergar a los trabajadores en condiciones
infames”.
Oficialmente, se supone que nada de eso está ocurriendo. Filipinas, Nepal
y otros países prohíben que sus ciudadanos acepten trabajos en Iraq. En
2006, el Departamento de Defensa
emitió normativas más estrictas prohibiendo esos tráficos de
trabajadores, y KBR y otras compañías prometieron que sus
subcontratistas seguirían las leyes laborales locales. Pero con normativas o
no, la verdad es que el Pentágono no controla realmente nada del proceso, y
los sub-sub-subcontratos es una forma de hacer mucho dinero en lugares como
Iraq.
Oh… y a pesar de las vistas, investigaciones y legislación, el Congreso
tampoco controla nada. En un intento de enfrentarse a la privatización del
ejército, por ejemplo, el
Comité para la Política Democrática del Senado celebró un total
de diecisiete vistas sobre despilfarro, fraude y corrupción en Iraq. El
Representante del Comité para la Reforma y Supervisión Gubernamental, Henry
Waxman, representó el papel de respetable mosca cojonera del
Congreso. Las vistas celebradas tanto en el Congreso como en el Senado han
sido fascinantes, algunas veces espeluznantes, dentro del teatro de Beltway,
pero la posterior legislación creada para adecentar los informes y
supervisiones del Pentágono, ajustar enormes lagunas jurídicas en la
contabilidad, criminalizar el fraude y poner freno a algunos de los peores
abusos de los contratistas privados ha probado ser bien intencionada pero
desesperadamente débil e ineficaz en la práctica.
¿Está el MIC 3.0 en nuestro futuro?
El Presidente Bush dejará el poder vanagloriándose de que Estados Unidos
tiene la maquinaria militar más profesional y poderosa del mundo. Hemos
pagado muy caro por esa maquinaria en los últimos siete años y pico. Desde
2001, la factura por todo eso podría superar los 3.800 billones de dólares,
más otros 900.000 millones en marcha hacia Iraq, Afganistán y algún lugar
más.
Y si la maquinaria militar estadounidense es ahora descomunal y
asombrosamente cara, es también tanto más propensa a descomponerse en un
mundo más peligroso e inestable. Por eso piensen que el legado que nos deja
George W. Bush con un Pentágono tan inflado que hace imposible que se le
reconozca, e inutilizado por su dependencia de las corporaciones militares
privadas.
Y en cuanto al legado de Bush a la Lockheed Martins, las KBR
y toda la tropa de las “100 más importantes”, se ha ido tal cantidad de
dinero hacia ellas que es imposible calcularlo, lo suficiente para dejarlas
a todas trabajando duro en aras al Complejo Militar Industrial 3.0.
Naturalmente, quieren asegurar que el dinero va a seguir derramándose en su
siempre ascendente maquinaria de guerra, no importa quién asuma el poder en
la Casa Blanca en 2009.
******
(*) Frida Berrigan es Asociada del Programa de
Investigación de la America Foundation’s Arms and Security Initiative. Es
columnista de Foreign Policy in Focus y editora colaboradora de “In These
Times”. Es autora de informes sobre tráfico de armamento y derechos humanos,
la política de armas nucleares de EEUU yla política interior de defensa y
misiles de EEUU y armas espaciales. La parte primera de su serie sobre el
Legado de Bush al Pentágono se recoge en Tomdispatch.com “Entrenched,
Embedded and Here to Stay” y puede leerse
aquí.
Puede contactarse con ella en:
berrigan@newamerica.net