Esto, al menos, es lo que sugiere el desarrollo de una causa judicial en el sudoriental estado de Florida.

Los familiares de tres soldados muertos en Afganistán en 2004, al estrellarse un avión de la empresa Blackwater en el que viajaban, demandan a la compañía basándose sobre una investigación del gobierno que responsabiliza del accidente a los errores de empleados de la contratista.

A pesar del sistemático apoyo de Bush a esas empresas privadas, a las que considera fundamentales para el éxito de las operaciones estadounidenses en Afganistán e Iraq, el gobierno no presentó ante el tribunal de Florida ningún elemento en defensa de Blackwater antes de que venciera el plazo al respecto.

Al mismo tiempo, se conoció un informe del Congreso legislativo según el cual los 190.000 empleados contratados por estas empresas privadas en Iraq y otros países les habrán costado a los contribuyentes estadounidenses más de 100.000 millones de dólares al cabo de este año.

El silencio del gobierno en la causa judicial causó consternación en Blackwater.

Su presidente, Erik Prince, declaró a la revista Time que "el presidente, como comandante en jefe, es en última instancia responsable por los contratistas en el campo de batalla y es decepcionante que esta administración no haya tenido la voluntad de dejar eso en claro en el tribunal".

Blackwater fue fundada en 1997 por Prince, miembro de una multimillonaria familia cristiana y conservadora y ex integrante del comando especial Seal (acrónimo de aire, mar y tierra, en inglés) de la marina de guerra de Estados Unidos. La empresa cuenta ahora con unos 2.300 empleados en todo el mundo.

Algunos analistas consideran que el gobierno de Bush tomó distancia de los contratistas por la naturaleza controvertida de esa actividad, particularmente en medio de la dura campaña electoral en curso, con vistas a las elecciones presidenciales del 4 de noviembre.

El juicio, que podría llegar eventualmente hasta la Corte Suprema, gira en torno de la cuestión de si Blackwater y otros contratistas que actúan en el exterior están sujetos a las leyes estadounidenses.

La cuestión está en el tapete porque en 2005, el embajador Paul Bremer, entonces máxima autoridad civil de la ocupación estadounidense de Iraq, firmó un decreto que otorgaba a los contratistas inmunidad legal.

El gobierno de Iraq afirma que Blackwater y otras empresas privadas contratadas por Estados Unidos han sido responsables por la muerte de civiles iraquíes y quiere juzgarlos según las leyes de ese país.

Washington se ha resistido a eso. Algunos observadores consideran que es una de las causas del empantanamiento de las negociaciones sobre la presencia futura de fuerzas estadounidenses en territorio de Iraq.

La Casa Blanca cuestionó un proyecto de ley aprobado hace poco por la Cámara de Representantes, que coloca a los contratistas en zonas de combate bajo la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. Consideró que se trataba de una extensión inaceptable de la jurisdicción federal en el exterior y que imponía cargas adicionales sobre las fuerzas armadas.

Blackwater plantea que debe gozar de la misma "inmunidad soberana" que protege a los militares de ser demandados, porque el avión que se estrelló estaba bajo el comando y control castrense.

El mes pasado este argumento fue rechazado por tres jueces federales, quienes citaron la ausencia de una defensa de Blackwater por parte del gobierno como una de las razones que los llevaron a tomar esa posición..

"Esa aparente falta de interés ratifica nuestra conclusión de que el caso no presenta un costado político", señalaron.

Abogados de los contratistas DynCorp, Kellogg Brown, Root KBR y Blackwater, entre otros, dicen que se establecerá un precedente peligroso si se permite que este caso y otros similares sigan adelante.

De ser así, las empresas podrían afrontar demandas multimillonarias y pagar mayores costos en materia de seguros, lo que les impediría cumplir las tareas para las que las contrató el gobierno, afirman.

Por otra parte, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense (CBO, por sus siglas en inglés) indica que el costo de emplear a los militares en tareas de seguridad en Iraq no diferiría mucho de los precios que cobran los contratistas privados.

Según el estudio, desde enero se han gastado entre 6.000 y 10.000 millones de dólares en contratos con empresas de seguridad, que tienen en territorio iraquí entre 25.000 y 30.000 empleados.

Si los pagos continúan al ritmo actual, esas compañías habrán recibido 100.000 millones de dólares para fines de diciembre.

La CBO reveló que alrededor de 20 por ciento de los fondos para operaciones en Iraq se destinaron a pagos a los contratistas. El país depende de sus servicios mucho más que en cualquier otra guerra y abarcan desde la provisión de comida hasta la custodia de diplomáticos.

El informe reconoce que el estatus legal del personal de esas compañías es un área gris en la legislación estadounidense, particularmente en el caso de los que están armados, como los de las empresas de seguridad.

Los comandantes militares no tienen mucha autoridad sobre ellos, ya que no administran los contratos, tarea a cargo de funcionarios civiles del gobierno.

El senador del opositor Partido Demócrata Kent Conrad, quien pidió a la CBO la elaboración del estudio, dijo que la dependencia de Bush respecto de los contratistas privados establece un peligroso precedente.

Su uso "restringe la supervisión y la rendición de cuentas, abre la puerta para la corrupción y el abuso y, en algunas instancias, puede incrementar significativamente el costo pagado por los contribuyentes estadounidenses", afirmó.

El informe se conoce en momentos en el que las acciones de los contratistas en Afganistán e Iraq son objeto de de creciente escrutinio.

Algunas de esas empresas, Blackwater y KBR entre ellas, han sido investigadas en conexión con la muerte en tiroteos de civiles iraquíes y la electrocución accidental de tropas estadounidenses.

La muerte de un soldado en enero, electrocutado mientras se duchaba, llevó a una comisión de la Cámara de Representantes a convocar a una audiencia el mes pasado para averiguar si KBR controló apropiadamente las instalaciones eléctricas en las bases militares cuyo mantenimiento está a cargo de la empresa.

Militares informaron a la comisión parlamentaria que hubo otras cinco muertes a causa de aparatos eléctricos mal instalados o con mantenimiento deficiente, según la comisión parlamentaria.

Las actividades de los contratistas fueron duramente criticadas por la organización no gubernamental OMB Watch, que supervisa las actividades de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés), que calcula año a año los gastos y recursos que el presidente remite al Congreso para su aprobación.

Craig Jennings, analista de política fiscal federal de la OMB, dijo a IPS que"100.000 millones de dólares es un gran cantidad de dinero, de hecho apenas inferior al producto interno bruto de Iraq en 2007".

Pero "lo que desafía mi imaginación es cómo personas adultas y formales pueden estar dispuestas a desviar esa cantidad de recursos financieros de Estados Unidos hacia las cuentas bancarias de empresas privadas, cuyas actividades son opacas para los contribuyentes y, en su mayor parte, no sujetas a rendición de cuentas", agregó.

Jennings también llamó la atención sobre las deficiencias del proceso de supervisión militar.

"Esta magnitud de gastos en contratistas privados es especialmente llamativa a la luz de los recientes informes gubernamentales y de los medios de prensa sobre fallas en la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa", indicó.

La protección de "los intereses de los contribuyentes estadounidenses está sufriendo aparentemente una serie de impedimentos", concluyó.