En esta era de desigualdad, la riqueza que debería ser compartida por todos los americanos fluye caudalosa e ininterrumpidamente hacia los ricos. Durante las tres últimas décadas, los políticos adoradores del mercado y sus apoyos corporativos han ingeniado la más colosal redistribución de la riqueza de la historia mundial moderna, una redistribución de abajo arriba, de la población trabajadora a una minúscula elite global.

Por John Cavanagh y Chuck Collins (*) - Revista Sin Permiso

Este suplemento especial de The Nation describe los extensos costos de la desigualdad creciente y ofrece un esbozo sobre cómo revertir la dinámica. Jamás lograremos justicia económica y social para aquellos que están en la base de nuestra pirámide económica, mientras no nos resolvamos a atacar de raíz el problema de la concentración de riqueza en la cúspide.

Doug Henwood abre la serie ubicando nuestra extrema desigualdad actual en su contexto histórico. Ahora vivimos, escribe, en una segunda Era de la Codicia. Hoy, como en la época de los barones ladrones de hace un siglo, la distancia entre los que están en la cúspide y el resto de mortales es sencillamente asombrosa. El 1% de americanos más rico posee actualmente una riqueza por valor de 16,8 billones de dólares, en torno a 2 billones más que el 90% de la base. Un trabajador que cobra 10 dólares por hora tendría que trabajar durante más de 10.000 años para ganar lo que cualquiera de los 400 americanos más ricos se embolsó en 2005.

¿Qué dimensiones ha llegado a alcanzar nuestro universo paralelo de ultrarricos? The Wall Street Journal destina actualmente a un reportero beat a tiempo completo, Robert Frank, a cubrir lo que él llama Richistán. Richistán no apareció de repente en la escena americana. Esta era nuestra caracterizada por una grávida cúspide ha ido desarrollándose merced a un tenaz esfuerzo financiado por los conservadores y las corporaciones empresariales para inocular una fe ciega en el mercado como elixir mágico para resolver cualquier problema. Esta guerra de tres décadas de asedio a la plaza fuerte del sentido común se ha sostenido sin embozo que los recortes tributarios a los ricos ayudan, en realidad, a los pobres; que los sindicatos, en el fondo, impiden la prosperidad de los trabajadores; y que las regulaciones protectoras de los consumidores son, en substancia, hostiles a la libertad.

Debidamente inspirados, nuestros representantes electos han reescrito las normas que gobiernan nuestra economía –en política tributaria, comercial, salarial, no menos que en materia de gasto público—, a fin de beneficiar a los propietarios ricos en recursos y a las corporaciones transnacionales.

Para revertir esa temeraria carrera, tenemos que cambiar la narrativa política dominante de nuestra nación y restaurar la fe en el papel decisivo que el Estado debe desempeñar en la protección del bien común. Pero no podemos detenernos ahí. Tenemos que enfrentarnos directamente a la amenaza que plantea esta desigualdad.

No será fácil.

Demasiados norteamericanos ven la enorme concentración de riqueza de nuestra nación como síntoma, no como causa, de una sociedad enferma. En efecto, la mayoría de nuestros políticos y expertos niegan totalmente que esto sea un problema que deba atacarse de raís. Algunas veces pueden lamentar como particularmente indecorosos los sueldos de los ejecutivos; pueden parlotear ocasionalmente sobre la última extravagancia milmillonaria; pero eso es todo. El Senado ni siquiera pudo lograr eliminar los holgados resquicios fiscales legales de los archimillonarios directivos de los fondos hedge el año pasado. Y ni siquiera las listas progresistas de desiderata van más allá de exigir una vuelta a los tipos impositivos anteriores a George W. Bush, medida que, de tomarse, apenas si desharía una sexta parte del aumento de la desigualdad de la renta que hemos experimentado desde finales de los setenta, según la Institución Brookings.

Los historiadores del futuro, no ofrece duda, verán en eso una cierta ironía. Los "problemas reales" a que nos enfrentamos los norteamericanos deben su intensidad –y a menudo, su origen— a cuestiones que tiene que ver con la distribución del ingreso y la riqueza, cuestiones que nuestra sociedad se niega sencillamente a tratar. Tomemos, por ejemplo, el cataclismo hipotecario: ni siquiera los analistas más sobriamente recatados excluyen que pudiera terminar desembocando en un desplome económico general. La concentración de recursos financieros en la cúspide de la escala económica ha dejado a familias de clase media con un ingreso demasiado escaso para mantener la economía "real" –la producción y distribución de bienes de uso cotidiano— en condiciones mínimamente robustas. Con la deuda hipotecaria en el mayor nivel desde 1933, las familias sencillamente no pueden mantener sus anteriores niveles de capacidad adquisitiva. Significativamente, los inversores ricos, incapaces de encontrar tasas altas de retorno en la economía real, han convertido nuestros mercados financieros en casinos especulativos sin ley ni norma. ¿Qué ha sucedido con las normas? En todas las épocas, las mayores concentraciones de riqueza han traído inexorablemente consigo mayores concentraciones de poder político en manos de los ricos. En la nuestra, crecientemente desigual, esos ricos han desregulado el mercado del préstamo y han creado una jungla en la que el rico puede convertirse en indefinidamente rico con los medios que precise.

No podremos enfrentarnos adecuadamente a la crisis hipotecaria, ni a ningún otro problema significativo, mientras nuestro país tolere las grandes concentraciones de riqueza privada. En abril de 2007, por ejemplo, una coalición nacional de organizaciones bajo el paraguas de Half in Ten (www.halfinten.org) dio a conocer un amplio conjunto de propuestas para reducir la pobreza a la mitad durante la próxima década. Pero este esfuerzo será probablemente baldío, mientras la riqueza concentrada siga con capacidad para definir las prioridades políticas de nuestra nación. Y mientras no nos resolvamos a gravar fiscalmente de forma seria a los detentadores de riqueza concentrada, careceremos de recursos financieros para cualquier iniciativa audaz contra la pobreza.

Así pues, ¿han ganado los plutócratas? ¿Nos ha legado la generación gobernante Regan/Bush/Clinton/Bush una política que privilegiará descaradamente a las grandes fortunas en el futuro? ¿Debemos aceptar la desigualdad extrema como un hecho inexorable de la vida? ¿O debería la ciudadanía preocupada por la democracia considerar las grandes concentraciones de fortunas privadas como el obstáculo central para la justicia social –según hicieran nuestros antepasados en la Era Progresista que sucedió a la de la Codicia— y comprometerse en la batalla por un América bastante más igualitaria?

Tenemos que atender a la lección impartida por quienes, va ya para un siglo, lograron revertir la primera Era de la Codicia: durante la primera mitad del siglo XX, el movimiento obrero y otros movimientos populares y progresistas avanzaron en un programa dirigido explícitamente a reducir la concentración de riqueza y poder. Ellos y sus sucesores lucharon duro por hacer levantar la base de la pirámide y bajar su cúspide, y lo lograron con medidas tan variadas y originales como el proyecto de ley de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial o los tipos impositivos altos sobre los ingresos altos. Gracias a sus esfuerzos, nuestra nación pasó de los tiempos áureos de mansiones en Newport a una era posbélica que contó con una próspera clase media, con familias económicamente seguras, poseedoras de sus propios hogares y capaces de escolarizar a sus hijos. Sarah Anderson y Sam Pizzigati, en su contribución a esta sensible cuestión, nos han mostrado cómo podemos lograrlo de nuevo. Han elaborado una guía práctica sobre cómo reducir nuestras innobles concentraciones de riqueza, un conjunto de pasos necesario para canalizar político-económicamente los afanes de reducir la pobreza, invertir en sistemas de energía verde, reconstruir nuestra infraestructura y expandir las oportunidades educativas y económicas para todos.

Cualquier movilización exitosa contra la plutocracia debe, por lo pronto, iluminar vívidamente el alto precio que la concentración de riqueza descarga sobre del resto de nosotros. En su contribución, Barbara Ehrenreich lamenta una de las consecuencias de la extrema desigualdad que pocos de nosotros hemos sabido reconocer adecuadamente: la monopolización plutocrática de los más hermosos parajes de nuestra nación. Gabriel Thompson cuenta la historia de la extrema desigualdad en un barrio, comparando los titanes de los fondos hedge que ocupan los pisos altos de dos edificios de oficinas en Manhattan con los trabajadores de salario bajo que vigilan sus entradas y reparten sus almuerzos.

Las elecciones de 2008 podrían ayudar a abrir la puerta que permita enfrentarse a la desigualdad. Mientras los principales candidatos a la presidencia anteriores habían eludido la cuestión, Barack Obama y Hillary Clinton han llamado la atención sobre problemas como las asombrosas distancias salariales entre trabajadores y ejecutivos y las resquicios legales de evasión de que disfrutan los directivos de los fondos hedge. Y ya ningún presidente puede adoptar una agenda audaz sobre la desigualdad sin la fuerte presión de sindicatos, grupos religiosos, pequeñas empresas, ecologistas y demás activistas. La acción ciudadana concertada contribuyó a acabar con la primera Era de la Codicia y a abrir el camino a un período de bienestar económico ampliamente compartido después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos la oportunidad, y la obligación, de hacerlo otra vez.