El Senado mantiene
hoy en agenda un polémico proyecto que otorga a la Casa Blanca amplios
poderes para espiar las comunicaciones de los norteamericanos, pese a
las protestas de grupos defensores de los derechos civiles.
Hace varios meses el Ejecutivo y el Capitolio, controlado por la
oposición demócrata, se enfrentan por la medida y sus consecuencias.
Sin embargo, la pasada semana la Cámara de Representantes aprobó una
versión que incluye varios de los puntos clave defendidos por la Oficina
Oval, entre ellos la protección legal de las compañías de
telecomunicaciones que ayuden al gobierno en su labor de vigilancia
interna.
De aprobarse la iniciativa, unas 40 demandas contra esas firmas
serían desechadas por la justicia.
Además, autorizaría a la administración del presidente George W. Bush
a interceptar conversaciones telefónicas y correos electrónicos, incluso
sin necesidad de un permiso judicial.
Según la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU), se
trata de una legislación anticonstitucional, la cual sólo beneficia a
poderosas empresas.
Estamos ante un regalo apenas disfrazado para los grandes financistas
de campañas electorales, aseguró la directiva de la ACLU Caroline
Fredrickson.
Por su parte, el representante demócrata por Nueva York Jerrold
Nadler consideró el proyecto como una herramienta destinada a alejar del
escrutinio público las acciones ilegales cometidas por autoridades de la
comunidad de inteligencia estadounidense.
En el último año Bush ha presionado al Congreso para la aprobación de
un instrumento jurídico que sustituya a la Ley de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera, sancionada en 1978.
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