La Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley que autoriza las escuchas  a sospechados de "terrorismo"  en suelo estadounidense. La nueva medida legal protege a las compañías telefónicas que han estado ayudando a la Casa Blanca y a la CIA  en su programa de espionaje telefónico.

La iniciativa legal aprobada  también otorga al gobierno estadounidense el poder de continuar con esa metodología de espionaje sin necesidad de una orden judicial.

Los intentos previos de hacer ley esta iniciativa no tuvieron éxito por no lograrse un acuerdo en torno a tal inmunidad.

Los demócratas habían estado reacios a dar la inmunidad alegando que los tribunales debían primero determinar qué habían hecho las empresas telefónicas junto con el gobierno para espiar llamadas desde diciembre del año 2005, tal como reveló el diario The New York Times en un informe que causó mucha polémica.

Por 293 votos a favor y 129 en contra, la Cámara aprobó el proyecto de ley, que cuenta con el respaldo y fue impulsada por e presidente George W. Bush, mientras se espera que el Senado también apruebe la medida cuando la someta a votación la semana próxima.

Pocas horas antes de la votación en la Cámara, Bush elogió el proyecto de ley, que según él "permitirá a nuestros profesionales de inteligencia enterarse de los planes del enemigo para atacarnos".

La medida actualiza la ley de Vigilancia a las Actividades de Inteligencia Extranjeras (FISA) de 1978 y establece las reglas para las escuchas telefónicas autorizadas por el Gobierno en territorio estadounidense.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno puso en marcha un programa de escuchas sin autorización judicial, que se suspendió en enero de 2007 después de que el diario The New York Times diera a conocer la existencia de esa práctica en diciembre de 2005.

Desde entonces, se han presentado cerca de 40 demandas judiciales contra las compañías telefónicas que llevaron a cabo esas escuchas.

En su versión actual, la medida otorga protección a las compañías telefónicas contra esas demandas, algo que versiones anteriores no hacían. Bush había amenazado con vetar cualquier medida que no concediera inmunidad a las empresas telefónicas que colaborasen.

George W. Bush ha enfrentado duras críticas luego de que se dieron a conocer detalles de este programa que ha monitoreado llamadas de extranjeros dentro del país sin ningún tipo de autorización.

En más de una oportunidad el mandatario estadounidense ha defendido estas operaciones asegurando que son necesarias para prevenir ataques a Estados Unidos.

Bush -apoyado por los republicanos- quería asegurarse de que las compañías que habían ayudado a su gobierno no fuesen blanco de demandas.

Ahora demócratas y republicanos lograron un acuerdo donde las empresas telefónicas no son inmunes automáticamente, pero los tribunales deberán estar obligados a desechar demandas contra compañías que comprueben por escrito a través de una certificación emitida por la Casa Blanca que se les pidió participar en el programa.

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