Además de su enorme costo humano, la pena de muerte puede ser muy cara en términos económicos, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Por Michael J. Carter - IPS

Los contribuyentes del sudoccidental estado de California pagan al menos 117 millones de dólares al año por las ejecuciones y por mantener a los condenados en condiciones mucho más caras de las que rigen para el resto de la población carcelaria, advirtió la ACLU.

En promedio, esto representa 175.000 dólares anuales para cada recluso condenado a la pena capital, según calculó la filial de la ACLU en el norte de California en un informe de 43 páginas titulado "El impuesto oculto a la muerte".

Buena parte de estos costos son los 90.000 dólares anuales extra para mantener a un detenido en la lista de espera para su ejecución, en lugar de en una prisión general.

Fundada en 1920, la ACLU es la más antigua de las instituciones de defensa de las libertades civiles de Estados Unidos, y su participación en las campañas por la igualdad de los negros en los años 60 fue decisiva para prohibir la segregación en los estados del Sur (sudeste).

Según el estudio, si California aboliera la pena capital hoy y permitiera que los 669 reclusos fallecieran de muerte natural en prisión, el estado habrá ahorrado al cabo de ese ciclo vital 4.000 millones de dólares.

De los 36 estados que todavía implementan la pena de muerte, California es el que posee la mayor cantidad de reclusos aguardando la ejecución: 669. Sin embargo, apenas 13 fueron ejecutados desde que se restauró este castigo extremo tras una breve suspensión, en 1977.

La ACLU calcula que cada juicio capital cuesta en promedio 1,1 millones de dólares más que los casos de delitos no punibles con la muerte.

California es el estado que castiga más delitos con esta pena. "Da a los fiscales mucha discreción, y como consecuencia hemos sobrecargado nuestro sistema con demasiados casos", dijo Natasha Minsker, quien comenzó a trabajar en el informe de ACLU en junio pasado.

"Los estados sienten las restricciones económicas. El costo se eleva porque no se puede abreviar el proceso. La pena de muerte es cara o no la hay. No existe una tercera opción", aseguró el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter.

Pero el dinero extra gastado en los denominados juicios capitales es crítico para los reclusos que esperan ser ejecutados. Desde 1977, más de 130 sentencias de muerte en California han sido anuladas.

"Esencialmente, lo que se obtiene es una cadena perpetua sin libertad condicional, a un precio elevado", dijo Dieter, a propósito del largo proceso. Mientras, se acumula "gente a la espera de la ejecución".

Los gastos de mantener el complejo sistema de la pena de muerte se acumulan de varias formas. Los procesos ante la Suprema Corte de Estados Unidos son más extensos si la sentencia, como en este caso, es irreversible.

Los jueces y abogados deben estar especialmente calificados, así como los jurados, seleccionados tras un intenso proceso de interrogación.

Los costos de fiscalía y defensa también son significativamente más altos, debido a los rigurosos requisitos de investigación.

También hay una fase posterior a la condena, que conlleva la apelación directa y un desafío al habeas corpus (recurso que consagra el derecho del detenido a comparecer ante un juez).

Habitualmente hay dos juicios: uno para determinar la culpabilidad y otro para decidir si se implementa o no la pena capital.

"Quedé conmocionado por la cantidad de dinero que insumió y cuán rápidamente crece esa suma", dijo Minsker a IPS.

California no es el único estado que gasta sumas exorbitantes en la pena de muerte.

En el estado de Washington, el Subcomité de Pena de Muerte del Comité sobre Defensa Pública de la legislatura determinó en 2007 que los juicios capitales cuestan 467.000 dólares más que los de asesinatos comunes no punibles con este castigo extremo.

En Texas se calcula que un juicio por pena de muerte cuesta 2,3 millones de dólares adicionales, según Dieter.

En el año 2000, el periódico The Palm Beach Post, de Florida, estimó que ese estado sudoriental pagaba 51 millones de dólares anuales en aplicar la pena de muerte.

Hace poco, en el meridional Nuevo México, la fiscalía abandonó dos casos capitales cuando el Congreso legislativo estadual no aprobó el financiamiento adecuado de la defensa, que ya había costado millones de dólares.

El factor costo en el mantenimiento de la pena de muerte juega un rol en los recientes intentos de los Congresos legislativos de los estados contra el castigo.

El año pasado, el oriental estado de Nueva Jersey, que gastó 10,9 millones de dólares anuales en mantener la pena capital, se convirtió en el primero en abolir la práctica desde la decisión de 1976 de la Suprema Corte de Justicia federal que restauró esta sanción.

Legisladores propusieron infructuosamente proyectos similares en Nebraska (centro), Nuevo México (sur) y Montana (norte). El año pasado, Colorado, en el centro, estuvo, cuando un proyecto que abolía el castigo y asignaba los ahorros en la investigación de casos de asesinato sin resolver fue rechazado por estrecho margen.

"El dinero extra gastado en la pena de muerte podría asignarse a otros medios de lograr la justicia y volver más segura a la comunidad: compensación para las víctimas, mejor iluminación en áreas delictivas, más policías en las calles o fondos para dedicar a casos de homicidio", dijo Dieter en su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Colorado antes de la votación.

Antes, encuestas realizadas en Colorado por RBI Strategies and Research concluyeron que los votantes entrevistados estaban empatados entre mantener la pena de muerte o conmutarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sin embargo, ante la pregunta de si los tres millones de dólares gastados anualmente en la pena de muerte en el estado podrían usarse mejor en solucionar casos de asesinatos aún abiertos, 70 por ciento de los entrevistados contestaron afirmativamente.

Pese a las desilusiones legislativas, tanto Dieter como Minsker creen que la pena capital terminará abolida en todo Estados Unidos.

Las recomendaciones de Minsker para California incluyeron un minucioso sistema para rastrear cada gasto que involucre casos capitales a todos los niveles del proceso, desde los gastos del tribunal y la fiscalía a las tarifas del jurado y costos adicionales en los que incurren los jueces.

"La mayor parte de estos costos recae en los condados", escribió Minsker en el informe.

"Antes de las decisiones presupuestales anuales, el costo reales de los casos de pena de muerte debería ser reportados a la junta de supervisores y al público, para que puedan evaluar si, a la luz de otras necesidades del condado, este uso de los recursos tiene sentido", agregó.

Adoptar tales recomendaciones --no sólo en California sino en todos los otros estados que implementan la pena de muerte-- sin dudas revelaría muchos costos, hasta ahora ocultos, de mantenerse ese castigo.

Y esto podría surgir como un poderoso factor a la hora de inclinar los votos a favor de futuros proyectos abolicionistas, según confían quienes se oponen a la pena capital.