"La militancia contra las corporaciones aumenta porque muchos de nosotros sentimos más agudamente que nunca la red de complicidad entre las marcas que se extiende sobre el mundo, y la sentimos precisamente porque nunca hemos estado tan 'marcados' como en la actualidad". Naomi Klein /1

Por Pedro Ramiro y Erika González (*)  - Viento Sur

La intensificación del capitalismo a escala mundial ha servido para que se produzca una redefinición de los actores que participan en el mercado global. En la era de la globalización económica, a la vez que los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía, las compañías multinacionales han ido adquiriendo mayor influencia y poder. La expansión de las empresas transnacionales, cuyo origen se remonta al siglo XV -con la Banca de los Médici en Florencia, que llegó a tener 18 sucursales por toda Europa- se ha producido básicamente en los últimos cien años.

Y es que desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando algunas compañías estadounidenses como General Electric, United Fruit, Ford y Kodak se lanzaron a realizar sus actividades fuera de su país de origen, hasta nuestros días, estas grandes corporaciones han evolucionado mucho /2. Tanto, que hoy en día las empresas multinacionales acumulan una capacidad económica mayor que la de muchos países: Wal-Mart tiene un volumen de ventas superior al Producto Interior Bruto (PIB) de Austria o de Noruega, mientras que el de ExxonMobil es mayor que la suma de los de Venezuela y Chile /3.

El poder de las empresas transnacionales se ha acrecentado en los últimos veinticinco años, como consecuencia de la extensión a escala global de las políticas neoliberales. Desde 1980, las inversiones extranjeras han crecido a una tasa anual que duplica el PIB mundial, concentrándose fundamentalmente en el sector de los servicios, y las principales responsables de este crecimiento han sido las multinacionales: el 84% de la Inversión Extranjera Directa mundial se canaliza a través de este tipo de empresas /4. Por eso, a día de hoy, las corporaciones multinacionales controlan gran parte de muchos sectores clave de la economía mundial, como la energía, la banca, la

agricultura, el agua y las telecomunicaciones. Y en todo esto ha tenido mucho que ver la estrecha relación de las multinacionales con los Gobiernos, que les han beneficiado en perjuicio del interés de las personas. No es que los Estados se hayan plegado ciegamente a los intereses de las grandes compañías, lo que ha ocurrido es que los Gobiernos han promovido una serie de políticas para favorecer sus negocios. Se podría decir que se trata de una relación de simbiosis, en la que los Estados y las corporaciones se benefician mutuamente y donde, como dice Pedro Solbes, "el cometido del Estado debe ser vigilar los fallos del mercado" /5.

En todo este tiempo, a la par que ha ido cambiando la posición de las empresas en la economía global, se han venido modificando las dinámicas de contestación social frente a las actividades de las multinacionales.

Los comienzos de las campañas contra las multinacionales

El movimiento obrero y las organizaciones sindicales, que históricamente han jugado un rol decisivo en la consecución de toda una serie de derechos sociales, han perdido su papel central en las reivindicaciones frente a las corporaciones transnacionales/6. Y es que, antes, las empresas eran fundamentalmente el centro de trabajo, y los conflictos que se pudieran generar eran el resultado de este hecho.

Ahora, con las deslocalizaciones, la división internacional del trabajo, las privatizaciones, las subcontrataciones, la flexibilización, la desregulación y, en definitiva, con las transformaciones derivadas de los procesos de globalización económica, las compañías multinacionales intervienen en casi todos los aspectos de la vida de las personas. Las corporaciones globales producen, distribuyen y comercializan los coches en los que nos movemos, las redes de teléfono que utilizamos, los alimentos que comemos o la ropa que vestimos. Y eso por no hablar de lo que tradicionalmente se ha dado en llamar servicios públicos, es decir, el agua, la sanidad, la educación y la energía, que también han venido siendo progresivamente subordinados al mandato del máximo beneficio que imponen las empresas transnacionales.

Naturalmente, el dejar que todas estas actividades dependan de la lógica empresarial ha provocado una serie de consecuencias sociales y ambientales. Así, se han creado distintas categorías de ciudadanía en función de los servicios a los que se pueda acceder según los ingresos de cada cual, de la misma forma que se han antepuesto los criterios de rentabilidad económica a la protección del entorno.

Justamente, dado que la interacción de las corporaciones con la sociedad no se limita ya al plano laboral, aunque éste por supuesto sigue resultando muy importante, en las últimas décadas también han cobrado especial importancia las denuncias de las personas afectadas por los efectos ambientales, culturales y socioeconómicos de las actividades de estas empresas. En muchas ocasiones, el impulso a estas nuevas formas de acción colectiva ha venido de la mano de los usuarios, consumidores, trabajadoras, indígenas, activistas y, especialmente, de las personas más directamente afectadas por el problema, que son quienes están sintiendo más de cerca la indefensión y la violación de sus derechos por parte de las compañías trasnacionales.

Echando la vista atrás, se puede decir que ya desde los años treinta del siglo pasado comenzó a producirse la oposición a las empresas multinacionales. Y el primer gran hito en la resistencia contra las empresas, que puede considerarse el predecesor de la lucha actual contra las marcas, viene de la campaña de boicot que se llevó a cabo a finales de la década de los setenta contra Nestlé; la empresa suiza, que estaba vendiendo su leche en polvo como un sustituto de la leche materna con el pretexto de que se trataba de una alternativa segura para la alimentación de los países empobrecidos, inició un pleito contra varios militantes que habían denunciado estos hechos y eso sólo sirvió para darle mayor notoriedad a la campaña /7. Posteriormente, en los años ochenta, las acciones de solidaridad se centraron en la crítica de las dictaduras latinoamericanas y de los Gobiernos estatales, con un par de excepciones: el caso de Dow Chemical, empresa responsable de la emisión masiva de gases tóxicos en Bhopal (India), y el boicot a las multinacionales que mantenían relaciones comerciales con el régimen sudafricano en tiempos del apartheid.

Y, finalmente, en los años noventa llegó el momento de las grandes campañas contra las empresas transnacionales. Sobre todo, tres compañías multinacionales fueron el blanco de las críticas: Nike, acusada de fomentar la explotación laboral y el trabajo infantil en sus fábricas del sudeste asiático; Shell, denunciada por los impactos ambientales generados al querer hundir una plataforma petrolífera en el Océano Atlántico y por permanecer impasible ante la ejecución del escritor Ken Saro-Wiwa, quien había encabezado un movimiento de protesta pacífica contra la petrolera y fue condenado a la pena de muerte junto con otros ocho activistas; y McDonald's que, al denunciar a dos ecologistas por difundir octavillas en las que afirmaban que la compañía explotaba a sus empleados, colaboraba con el maltrato a los animales y era la máxima representante de la "comida basura", se vio envuelta en un proceso judicial que duró siete años y que puso de manifiesto la existencia de una censura corporativa /8.

Desde entonces, se han extendido las protestas frente al poder de las grandes corporaciones.

Entre otras, se puso en marcha una campaña contra Coca-cola, para denunciar sus nexos con el asesinato de sindicalistas en Colombia y la contaminación de las fuentes de agua de numerosas comunidades en India /9, y se señaló a The Gap, Wal-Mart, Disney y Mattel con diferentes acciones en EE UU y en los países donde se ubicaban sus fábricas, para poner freno a la explotación infantil. Además, se denunció que empresas como Pepsi, Chevron y Total tenían relaciones comerciales con el Gobierno de Birmania y se llevaron a cabo campañas contra las marcas que utilizaban alimentos modificados genéticamente. Y, cuando ha sido posible, se ha recurrido a los procedimientos judiciales: por ejemplo, en EE UU se ha aprovechado una vieja ley que tiene más de dos siglos para llevar a juicio a empresas transnacionales estadounidenses -como la minera Drummond- por sus actividades en terceros países /10.

La resistencia frente a las empresas en Europa y América Latina

De manera especial, en los últimos años los procesos de resistencia contra las multinacionales han cobrado bastante relevancia en Europa y, sobre todo, en América Latina. Ahora bien, mientras que en el continente europeo se ha dado prioridad a las movilizaciones contra las instituciones financieras internacionales y organismos supraestatales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea y el G-8, /11 en América Latina el foco de la crítica se ha centrado sobre las empresas transnacionales y los tratados de libre comercio -no en vano, a finales de 2005 se consiguió parar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas-.

En Europa, el denominado movimiento antiglobalización, que adquirió más visibilidad tras las movilizaciones de Seattle a finales de 1999 y llegó a ser multitudinario hasta las protestas contra la guerra de Irak en el año 2003, desarrolló acciones de denuncia de las actividades de las grandes corporaciones en el marco de los foros alternativos y las contracumbres, si bien estas campañas no tuvieron el nivel de difusión y organización que alcanzaron las que señalaban a las instituciones financieras /12. Por otra parte, en América Latina, con la puesta en marcha de las medidas del Consenso de Washington, las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses llegaron a la región y se adueñaron de los servicios públicos, las empresas estatales y los recursos naturales. En esos años, en los que se dio un boom privatizador -entre 1986 y 1999, más de la mitad del valor de todas las privatizaciones realizadas en los países del Sur en el mundo entero se realizaron en América Latina, especialmente en el sector de los servicios públicos /13-, las luchas se centraron en responder sobre el terreno a las actividades de las multinacionales. Por poner un ejemplo que valga para comparar: a mediados del año 2000, mientras los movimientos sociales europeos se preparaban para bloquear la cumbre del BM y FMI en Praga, en Cochabamba (Bolivia) tenía lugar lo que se conoció como la guerra del agua, en la que la resistencia popular impidió que un consorcio encabezado por la multinacional Bechtel y la corporación española Abengoa, apoyados por el Banco Mundial, se hiciera con la compañía local y se privatizara así el servicio de agua de la ciudad.

A la hora de analizar las diferencias entre Europa y América Latina en cuanto a las movilizaciones realizadas contra las empresas transnacionales -movilizaciones que, por cierto, no se pueden considerar sino complementarias- se puede apuntar el hecho de que América Latina es utilizada por las compañías extranjeras como fuente de recursos naturales y materias primas -petróleo, gas, carbón, oro, madera, café, soja o palma africana- que son luego procesadas y consumidas, fundamentalmente, en otros mercados. Por ello, a la vez que los efectos de estas actividades extractivas y productivas se hacen notar en los países latinoamericanas, Europa es el sitio donde únicamente se consumen y es difícil que la ciudadanía sienta esos efectos en primera persona. Además, en los casos de las empresas de servicios públicos, las estrategias empleadas por las corporaciones transnacionales en América Latina han tratado de hacer rentable económicamente la inversión a corto plazo, cosa que no ha sucedido de forma tan exagerada en Europa, lo que podría explicar que en el viejo continente no se hayan producido movilizaciones parecidas a las que han tenido lugar contra Unión Fenosa en Nicaragua /14 o contra Suez en Argentina.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que en la mayor parte de los países de América Latina sí que se ha extendido una mala imagen de las transnacionales extranjeras. Y, dentro de ellas, se encuentran las españolas por ser las que tienen una mayor presencia en el continente, ya que son líderes de los sectores de los hidrocarburos (Repsol), la electricidad (Endesa), la banca (Santander) y las telecomunicaciones (Telefónica). En el año 2004, sólo el 29% de la población latinoamericana creía que las inversiones foráneas eran beneficiosas para su país, frente a un 35% que se manifestaba abiertamente en contra /15. Y las quejas de la población obedecen a que se responsabiliza a las multinacionales de ser las causantes del expolio y el saqueo de os recursos naturales, la privatización de los servicios públicos o la desregulación del mercado laboral. Por eso, hay muchos casos de movimientos ciudadanos, campesinos e indígenas que han llevado a cabo campañas contra las empresas transnacionales. Como las organizaciones mapuches, por ejemplo, que durante años se han resistido a ser desplazadas de su territorio ancestral por las empresas Endesa, en Chile, y Benetton, en Argentina. O las movilizaciones que se han producido contra

Unión Fenosa en Colombia desde que la multinacional española adquirió las distribuidoras eléctricas de la Costa Atlántica y empezó a aplicar una agresiva estrategia de cobro para amortizar su inversión /16. En ciertas ocasiones, incluso, han llegado a prosperar algunas demandas judiciales, como en el caso de la denuncia por la contaminación generada por las explotaciones petroleras de Repsol y otras compañías en Argentina /17 o en el caso de Texaco en Ecuador, donde el proceso judicial dura ya más de diez años. Y éstos son solamente unos cuantos casos representativos, porque en realidad también se han producido acciones y campañas contra otras multinacionales como BP, Oxy, BBVA, Nestlé, Majaz, ENCE, Aracruz, Telefónica, Bayer, Unilever, Calvo y Wal-Mart. Es en este clima de hostilidad hacia las empresas transnacionales donde se enmarca el hecho de que algunos Gobiernos latinoamericanos hayan decidido acabar con las condiciones tan favorables de las que disfrutaban las empresas extranjeras presentes en su territorio.

Por último, vale la pena resaltar una iniciativa que está teniendo lugar en la actualidad en América Latina y que resulta muy eficaz para visibilizar los efectos de las actividades de las multinacionales: el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) /18. Este tribunal, que hasta ahora se ha reunido en más de treinta ocasiones para juzgar desde situaciones de genocidio hasta las políticas de las instituciones financieras internacionales, ha servido para que en Colombia se esté juzgando simbólicamente a más de dos decenas de empresas transnacionales -entre las que se encuentran Repsol, Coca-Cola, Anglogold, Nestlé o Aguas de Barcelona /19- por las consecuencias de sus operaciones sobre el medio ambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos, así como para que en Nicaragua se haya podido denunciar qué ha supuesto la presencia de Unión Fenosa en el país. En este sentido, la Red Birregional Europa - América Latina y el Caribe Enlazando Alternativas /20, que se constituye como un puente entre las resistencias a uno y otro lado del océano, se encuentra preparando actualmente lo que será la Cumbre de los Pueblos que se celebrará en Lima en mayo de 2008 coincidiendo con la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América latina y el Caribe, dentro de la cual se incluirá una sesión del TPP sobre las empresas multinacionales europeas presentes en aquella región.

La realidad de la imagen corporativa

Queda patente, pues, que las organizaciones y movimientos sociales de todo el planeta han ido desarrollando estrategias y nuevas formas de acción colectiva frente al poder corporativo. Pero, al mismo tiempo, parece claro que todavía existen bastantes factores que operan en contra de los colectivos que abogan por otro modelo de sociedad. Entre los más evidentes, se pueden citar el nulo interés que tienen la mayoría de los Gobiernos y las instituciones económicas mundiales en salirse de la ortodoxia neoliberal, el papel de los medios de comunicación, que será difícil que incluyan críticas a las grandes corporaciones mientras la publicidad sea una de susprincipales vías de financiación, y la notable desmovilización de la clase media europea, que se ha transformado en clase consumista y piensa que ejercer la libertad es poder elegir entre varias marcas de automóvil. Y, además, durante todos estos años las propias empresas transnacionales también han ido aprendiendo cómo deben afrontar las críticas que se le hacen desde la sociedad civil.

Es decir, que, del mismo modo que los colectivos sociales han mejorado sus campañas para cuestionar a las grandes compañías, éstas, a su vez, han visto que no les conviene desarrollar una estrategia de confrontación y que, por el contrario, resulta mucho más eficaz forjar una imagen corporativa que trascienda el propio objeto de consumo. Y es que tantos años de denuncias sobre la explotación laboral y ambiental de estas corporaciones les ha obligado a diseñar un nuevo modelo empresarial que transmita los valores, imágenes y símbolos que gozan de prestigio social en la actualidad. Por eso, se han apuntado a la tendencia de vender valores y no productos, tan exitosamente desarrollada por las grandes empresas a nivel mundial, y, si hiciéramos caso a sus anuncios publicitarios, parecería que son organizaciones ecologistas o defensoras de los derechos humanos en lugar de tratarse de las compañías responsables de la crisis ambiental y social que vivimos.

En este sentido, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que nació cuando las empresas constataron que habían acumulado una lista de graves impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente y, especialmente, cuando vieron que se trataba de una forma de crear valor para la compañía, ha servido para poder proyectar una imagen positiva ante los consumidores de sus productos y servicios. En este mismo sentido se entiende la firma de códigos de conducta por parte de las multinacionales, ya que son voluntarios y no les conlleva ninguna obligación jurídica más allá del mero cumplimiento de la legislación laboral y ambiental correspondiente /21. Por lo tanto, como dice Naomi Klein, "nada cambiará mientras las grandes empresas no se den cuenta de que no tienen un problema de comunicación. El suyo es un problema con la realidad" /22.

A modo de conclusión, se puede afirmar que las compañías transnacionales, con más o menos capas de pintura sobre su desgastada imagen, siguen siendo entidades que buscan incrementar año tras año su volumen de beneficios. Y, ante esta realidad, la única forma de asegurar que estos gigantes económicos no pasen por encima de la voluntad y los derechos de millones de personas es continuar criticando sus operaciones. En definitiva, la cuestión central no es denunciar, exclusivamente, los efectos negativos que han generado unas multinacionales, sino las repercusiones sociales, ambientales y culturales que tienen las operaciones de todas las grandes corporaciones transnacionales por todo el planeta. Trascendiendo el discurso oficial, resulta imprescindible acabar con el mito de que las actividades de las multinacionales son un elemento que contribuye a disminuir las enormes desigualdades que asolan el mundo. Porque, a pesar de su tan trabajada imagen corporativa, lo que sucede es justo lo contrario: únicamente sirven para apuntalar el statu quo.