Y mientras sus filosofías pueden ser muy diferentes (según los republicanos, el mejor gobierno es el que menos gobierna), ambos partidos llegarán la conclusión de que la mejor forma de rescatar los mercados financieros e inmobiliarios es a través de la acción de las instituciones públicas, según el análisis realizado por el diario estadounidense 'The New York Times'.

No obstante, sigue existiendo una lucha ideológica, pero esta vez no tanto sobre si el Gobierno debería intervenir en la economía, sino a quién debería "rescatar". De esta forma, el presidente del Instituto Cato, un think-tank de Washington, William A. Niskanen, estima que "los demócratas proponen proteger a los individuos, mientras que los republicanos proponen defender a los mercados".

Estas diferencias en la aproximación podrían desembocar en un punto común, dada la intrínseca relación entre la persona y el mercado, que se vería muy debilitado si los ciudadanos estadounidenses comenzaran a padecer penurias económicas.

Pero por ahora, ambos partidos se encuentran a ambos lados del espectro. Esta semana, los dos principales candidatos demócratas han propuesto un "plan de rescate" para los propietarios de viviendas, estimado en más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, la administración Bush y sus defensores han considerado que estas ideas son, en el mejor de los casos, una medida de "rescate" para aquellos que  no han sido capaces de administrar correctamente sus propios recursos. "El Gobierno no tiene por qué salvar y, encima, recompensar a aquellos que se han comportado de forma irresponsable", destacó McCain.

En la práctica, el diario estima que los Demócratas no han tenido la posibilidad de enfrentarse aún a la verdadera "furia" de la crisis. En términos monetarios, sus proposiciones más costosas palidecen en relación a los cientos de miles de millones de dólares invertidos por la Reserva Federal estadounidense para intentar reflotar las instituciones bancarias.

Esta intervención va directamente en contra de los principios republicanos, lo que no ha sido óbice para que tanto McCain como Bush hayan apoyado sin paliativos una de las intervenciones más importantes del Gobierno estadounidense en un siglo: el préstamo concedido por la FED, a un mínimo interés y valorado en 400.000 millones de dólares, a los bancos y firmas de Wall Street afectados por el bajón económico.

Esta cantidad es una cifra varias veces superior a la que jamás hayan propuesto los demócratas en relación a los propietarios de viviendas, y continúa una tendencia intervencionista iniciada por el ya famoso "paquete de incentivos" aprobado por el presidente Bush a petición de ambos partidos por el que se destinarán, este año, 152.000 millones de dólares en concepto de recortes impositivos temporales con el objetivo de incentivar el consumo.

A continuación, las principales agencias gubernamentales de cobertura hipotecaria, Freedie Mac y Fannie Mae, fueron objeto de una serie de operaciones para garantizar su capacidad operativa y finalmente, esta semana, la Junta de Federal Hipotecaria decidió prestar 100.000 millones de dólares para facilitar la financiación de los hogares estadounidenses.

Esta semana, Clinton comparó la postura McCain con la del antiguo presidente estadounidense Herbert Hoover (1929-1933) --incapaz de atajar durante su mandato los efectos de la Gran Depresión--, al afirmar que el país "no puede permitirse más años con este tipo de inacción". Por su parte, Obama ha declarado que "el libre mercado nunca pretendió ser una licencia gratis para que cada uno cogiera lo que le diera la gana".

Pero aunque ambos demócratas han propuesto un número de cambios que el presidente Bush ha adoptado recientemente, los dos partidos mantienen agrias diferencias en lo que se refiere a la regulación, y particularmente en lo que se refiere a los bancos de inversión.

Los demócratas intentan impulsar una serie de restricciones en lo que se refiere a los préstamos hipotecarios, imponiendo reglas más estrictas para la supervisión de las firmas de Wall Street. Una regulación a la se oponen los republicanos, que han aclarado desde el primer momento que su objetivo es delimitar claramente la acción de las instituciones reguladoras.

La propuesta demócrata más arriesgada en el horizonte es la planteada por el representante de Massachusetts, Barney Frank, y por el senador de Connecticut, Christopher Dodd. Se trata de una legislación por la que la Administración Federal de Vivienda garantizaría cerca de 300.000 millones de dólares en hipotecas siempre y cuando los emisores de los préstamos pudieran reducir éstos a unos niveles que los hipotecados pudieran asumir.

Es decir, el Gobierno se encargaría de las hipotecas a punto de finalizar, lo que significaría que los emisores de los préstamos hipotecarios se enfrentarían a fuertes pérdidas. Sin embargo, la administración pública se encargaría de garantizarles la recuperación de parte de dichas pérdidas si las viviendas fueran finalmente revendidas a un precio más elevado.

Esta propuesta contaría con una subvención de 10.000 millones de dólares, a la que habría que añadir otros 10.000 millones para los estados y localidades que contribuyan a financiar unos programas de vivienda a coste asumible por los ciudadanos.

El presidente Bush y sus principales consejeros se oponen tajantemente a esta propuesta, al considerar que favorece a prestamistas y tomadores irresponsables. El propio secretario del Tesoro, Henry Paulson, ha considerado que la proposición demócrata ni siquiera está preparada "para iniciar su andadura" por las cámaras legislativas.