"Se han quedado huérfanos, sin seguridad social, y encima ahora amenazan con demoler esta casa y deportarnos a Gaza. ¡Qué va a ser de nosotros!". A su lado, la viuda de Husam, una joven de 20 años, vestida de negro de pies a cabeza y encerrada durante los cuatro meses de luto preceptivos en su casa de Zur Baher, a las afueras de Jerusalén, la misma que muy pronto podría ser víctima de los bulldozers, esta vez israelíes.

El ataque cometido por "el mártir" Husam ha dejado a su familia sin trabajo y sin seguridad social, pero en su casa temen que lo peor esté aún por llegar. Los atentados cometidos por jóvenes palestinos sin afiliación política y residentes en el Jerusalén este ocupado -que a diferencia de sus compatriotas de Cisjordania pueden moverse libremente en Israel- ha puesto a los Duwiyat, como a muchos habitantes de la periferia de la Ciudad Santa, en el punto de mira.

Políticos, militares, intelectuales y periodistas israelíes no hablan casi de otra cosa estos días. Buscar fórmulas para frenar los ataques procedentes del otro lado de la invisible línea verde que separa Jerusalén este del oeste se ha convertido en una prioridad, y el castigo colectivo a las familias de los agresores ocupa un puesto destacado en la lista de medidas que baraja el Gobierno israelí.

En menos de cinco meses han sido tres los atentados cometidos por palestinos de Jerusalén; el último la pasada semana, en pleno centro y a pocos metros del hotel que albergaría pocas horas más tarde al candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama. "Cuando algo sucede tres veces, hay que abordarlo como un fenómeno. Estamos analizando las opciones", explica Mark Regev, portavoz del primer ministro israelí, Ehud Olmert.

La realidad, como han reconocido los servicios de seguridad israelíes esta semana a la prensa, es que los ataques procedentes de Jerusalén este constituyen una nueva amenaza que no saben cómo enfrentar. Saben que aspirar a controlar los movimientos de los palestinos de Jerusalén este, con derecho a circular y trabajar en Israel, es tanto como tratar de poner diques al mar.

La demolición de las casas de las familias de los autores de los ataques, su deportación y el refuerzo de la presencia militar en estas zonas son algunas de las medidas que ayer defendió el ministro de Transportes y aspirante a sucesor de Olmert, Saul Mofaz. "Jerusalén se ha convertido en el centro del terror", dijo durante la reunión dominical del Gobierno. El viceprimer ministro Haim Ramon pidió sin embargo un cambio en el trazado del muro para dejar fuera localidades periféricas como las de los autores de los atentados. Estos pueblos, defiende Ramon, "hacen peligrar el papel de Jerusalén como ciudad judía sionista y capital de Israel".

Unos 250.000 palestinos con derecho a circular y trabajar en Israel viven en Jerusalén este, la parte de la ciudad y pueblos aledaños que el Estado hebreo anexionó en 1967, que los palestinos consideran la capital de su futuro país y que la inmensa mayoría de los israelíes no se atreve ni a pisar. Es notorio el abandono de Jerusalén este por las autoridades israelíes, que escatiman en servicios -desde recogida de basura, pasando por dotaciones deportivas o culturales-, así como el creciente número de colonos judíos que se incrustan en estos barrios árabes sembrando la discordia.

Al deterioro físico le ha seguido el social, como señalaba la semana pasada el palestino Sari Nuseibé, presidente de la Universidad Al Quds de Jerusalén. "Ha habido muchos cambios en Jerusalén este. Asistimos a una mayor religiosidad, radicalización de la población, pérdida de intelectuales, auge de las drogas".

El deterioro del tejido social, los castigos colectivos y las posibles nuevas barreras hacen que la idea del candidato Obama de una "Jerusalén indivisible", en el que israelíes y palestinos convivan en armonía, parezca poco más que una ensoñación.