Las élites burocráticas del Estado que se dicen impulsores del lacicismo y la democracia no han dudado en utilizar el conflicto, la confrontación o la imposición para mantener el proyecto político que aseguran defender, aunque todo ello haga saltar por los aires los pilares básicos del concepto de «democracia». Si se confirma el «golpe de Estado jurídico», Turquía se encontrará de nuevo a las puertas de una profunda convulsión política (la oposición no tienen alternativa para sustituir al AKP) y económica (la recesión sería utilizada como una consecuencia del «mal gobierno» del AKP, algo que no guarda relación con la realidad).

De momento, el AKP parece haber elaborado una estrategia para hacer frente a los que se le avecina. Para hacer frente a presiones y maniobras de la burocracia estatal se ha esforzado en «crear un espacio político para el movimiento y para hacer frente a futuras coyunturas».

Como señala el profesor universitario Francisco Veiga, las maniobras judiciales representan «la legalización del suicidio político». La maniobra puede acabar volviéndose contra sus impulsores, ya que no hay que olvidar que el AKP jugará la baza de Bruselas y, además, la sociedad turca cada vez percibe con mayor claridad las actitudes irregulares de algunos. Y el propio Tribunal Constitucional podría perder el apoyo de quienes hoy día le secundan.

La trama golpista denunciada y conocida como Ergenekon se ha situado en el centro de la actividad política y judicial del país. Una operación que se inició con la investigación sobre unas granadas descubiertas en un domicilio el pasado año en Estambul ha derivado en una vasta operación para desarticular «una organización criminal».

Esa red, que algunos comparan con la red Gladio que operó en Europa hace décadas, habría logrado asentar sus tentáculos en buena parte de la estructura del Estado, así como en los ámbitos académico, empresarial y de la comunicación. Entre los documentos incautados parecen encontrarse las líneas de actuación del grupo, que a «través de muertes de intelectuales, políticos, e incluso militares, buscaría fomentar un clima de inestabilidad para provocar una intervención militar».

La detención de varios generales retirados con claros antecedentes golpistas ha supuesto un duro golpe para quienes defendían la «intocabilidad» de ciertos sectores y ha servido para poner sobre la mesa las tramas y lazos de ese llamado «Estado profundo» con algunos sectores del crimen organizado. Buena parte de la población se pregunta si esa trama tendrá lazos con militares en activo y quién es su «número uno».

Uno de los sectores que pueden verse más afectados son las todopoderosas Fuerzas Armadas de Turquía (TSK). Si hasta ahora estaban consideradas como uno de los segmentos intocables del Estado (como mucho se les condenaba en ocasiones por «apropiación ilegal de riqueza», es decir, corrupción), junto a la judicatura (que sigue disfrutando de ese estatus), cada vez son más los que relacionan al Ejército con los golpes del pasado y con su más reciente actividad para-golpista.

También están saliendo a la luz pública otras actuaciones recientes, como el «Plan de Acción y Actividades de Apoyo e Información», que supuestamente buscaba presionar a los medios de comunicación y a la judicatura para que colaborasen «en la lucha contra el AKP».

Las próximas semanas la atención mediática, y probablemente las maniobras de esa oscura red, se va a centrar en dos testigos clave, ambos militares retirados y con importante peso en el pasado, el general Hilmi Özkök, antiguo jefe del Estado Mayor, y el comandante de navío Ozdem Örnek. Por otro lado, habrá que esperar a la importante reunión de agosto del Consejo de Seguridad Nacional (MGK) para ver si actúa contra algunos militares en activo, lo que indicaría también el nivel de implicación de la actual estructura militar en la red golpista.

La situación del pueblo kurdo, siempre en la agenda del estado turco, puede verse perjudicada con estos acontecimientos. Si en los últimos meses se ha venido desplegando una campaña militar contra el PKK, hace unos días tuvo lugar en Turquía una conferencia de la «Plataforma Abant», con el fin de impulsar medidas «económicas, políticas y sociales» para hacer frente a esa realidad. Era un intento de buscar una salida a la larga lucha del pueblo kurdo en defensa de sus derechos y libertades, y aunque la mayoría de propuestas estaban en clara clave turca podría haber sido un primer intento para articular las bases de una solución negociada al conflicto. Pero el resto de acontecimientos ha hecho que el AKP deje de lado, de momento, esta iniciativa.

Finalmente, el reciente ataque al consulado de EEUU en Estambul ha supuesto otro peldaño más hacia la crisis que atenaza el futuro turco. Es pronto para apuntar su autoría, pero la prensa maneja todo un abanico, desde el PKK, hasta cualquiera de los grupos locales islamistas armados, pasando por alguna célula de Al Qaeda o alguna organización de izquierdas. Algunos se han atrevido a señalar que podría ser obra de esa «alianza informal de militares, policías y servicios secretos» que busca la desestabilización.

Turquía puede estar a las puertas de nuevos tiempos. O «se produce el final de sesenta años de democracia controlada y el nacimiento de una plena democracia» o «ese grupo de militares, jueces, periodistas e intelectuales que desde la sombra del estado han dirigido las directrices del país, continuarán haciéndolo en el futuro».