Militares colombianos mataron el martes 16 a Edwin Legarda, esposo de la líder Ayda Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), departamento del sudoeste de este país. La camioneta que manejaba tenía 15 disparos de fusil en sus lados y dos que entraron por el parabrisas.

Por Constanza Vieira (*) - IPS

Legarda era conductor habitual del vehículo rojo de doble cabina y caja, muy conocido en la región y asignado por el movimiento indígena a la Consejería Mayor del CRIC.

Quilcué regresó el lunes de la ciudad suiza de Ginebra, donde participó de una delegación no gubernamental que expuso sus denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con motivo del Examen Periódico Universal (EPU) que realizó ese organismo especializado sobre Colombia, país que vive una guerra interna de casi medio siglo.

En la noche del lunes, Quilcué viajó a Popayán, capital del Cauca, donde adelantó comentarios positivos sobre los resultados de su viaje a Suiza. Se la veía feliz.

Para Quilcué, el trabajo no gubernamental de incidencia ante el EPU fue una oportunidad de hablar en un ámbito internacional sobre la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, un masivo movimiento de protesta iniciado en octubre y conducido por el CRIC.

Mientras estuvo en Ginebra, Quilcué dijo a IPS que los pueblos indígenas, los afrocolombianos y la sociedad civil apreciaban la importancia del examen sostenido. Las recomendaciones formuladas al Estado "nos servirán como herramientas para hacer el seguimiento en el interior del país", añadió.

Los consejeros del CRIC planificaban reunirse este martes y el miércoles en el resguardo (territorio indígena) de Togoima, en Tierradentro, municipio de Páez, en la región caucana que se vio afectada por la erupción del volcán Nevado del Huila en noviembre.

En el encuentro, Quilcué presentaría un informe sobre el EPU, y el Consejo tendría que determinar las siguientes actividades de la Minga, palabra indígena que significa "trabajo colectivo para el bien común".

Todos los consejeros del CRIC estaban, desde las primeras horas de este martes, en camino hacia Togoima. Los hechos ocurrieron en la vereda (vecindario rural) San Pedro, Tierradentro, entre los municipios de Gabriel López y Totoró, en el oriente del Cauca.

Legarda cumplía labores logísticas para la reunión del CRIC y además debía recoger a Quilcué en Popayán. Cuando fue atacado, a la hora local 04:25 (09:25 GMT) se dirigía desde Tierradentro hacia esa capital, en compañía de una enfermera del servicio de salud de la Asociación Indígena del Cauca, que resultó herida.

El comandante de la Tercera División del ejército, general Eliseo Peña, reconoció la responsabilidad de esa fuerza y pidió una investigación. La camioneta del CRIC encontró un retén militar y no obedeció la orden de "pare", explicó, lo que sin embargo no justifica los disparos y menos su elevado número, dijo.

Pero según el gobernador indígena de Totoró, Hilario Sánchez, "no hay ninguna indicación de que exista un retén militar" en esa zona. A la camioneta "le dispararon de todos los lados", dijo.

"Ahí no había retén", dijo a IPS desde la zona José Domingo Caldón, coordinador de la Universidad Indígena, que funciona de manera itinerante en el Cauca y pertenece al CRIC.

"Cuando hay retén, ellos (los militares) siempre colocan unos conos rojos y un aviso que dice 'Retén Militar'. Cuando nosotros pasamos, a las seis de la mañana (11:00 GMT) no se veía ninguna señal de retén. Ahí no había retén. No había señales. Creemos que fue una emboscada", señaló.

Cerca de las cinco de la mañana "nos encontramos a Edwin kilómetros después de que fue atacado. Él iba todavía manejando", relató Caldón.

"Alcanzó a manejar uno o dos kilómetros más. De ahí ya no pudo más", agregó. La camioneta "quedó con las luces prendidas" en un punto de la vía donde lo encontró el consejero del CRIC, Darío Tote, miembro de su Comisión Política.

De acuerdo a la versión de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Legarda condujo herido unos 10 kilómetros. Luego fue trasladado al hospital de Totoró y de allí remitido al hospital de Popayán, donde falleció sin ser intervenido quirúrgicamente.

Los militares que le habrían disparado fueron detenidos por la Guardia Indígena y la comunidad local. "Hemos detenido, completa, a la base que está operando" en ese territorio ancestral, señaló el gobernador Sánchez.

Cuando IPS habló por teléfono celular con Caldón, a las 13:00 horas (18:00 GMT), éste se hallaba en la finca San Miguel, en Gabriel López, donde permanecen habitualmente tropas del ejército.

Los militares retenidos eran "unas 30 personas. Aquí ya llegó mucha gente de la Guardia Indígena y de la comunidad, y los tienen rodeados", contó Caldón a IPS.

A esa hora, había llegado a la zona personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que interrogaba a los militares. Estaba presente también un coronel, de apellido Cantillo, del batallón José Hilario López, según las fuentes de IPS.

"Frente a la presión de unas 500 personas que estamos aquí, (a los funcionarios) no les quedó más remedio que agrupar a ese escuadrón del ejército y aceptar la presión de los comuneros para desarmarlos", dijo Caldón.

El desarme a instancias de la comunidad fue ejecutado por varios gobernadores indígenas que, según la Constitución, ejercen la autoridad estatal en los territorios aborígenes, y por miembros del CTI. Los funcionarios de la policía judicial iniciaban además la revisión de los equipos de los soldados.

Los indígenas suponen que se trató de un atentado contra la consejera Quilcué.

"La gente está enardecida, tiene mucha rabia. Pero la consejera y las autoridades indígenas han pedido cordura y prudencia. No sabemos qué pasará en las próximas horas. El CTI dice que se va a llevar a los soldados al batallón, pero la gente está muy inconforme con esa decisión", advirtió Caldón.

"La llegada del ejército ha hecho mucho daño" en la zona, porque los soldados actúan contra los indígenas, según el gobernador Sánchez.

Los aborígenes piden que el ejército se retire de los territorios ancestrales, una exigencia que hacen también a las guerrillas izquierdistas y a los paramilitares de ultraderecha, envueltos en una guerra de décadas.

En el examen sobre su política de derechos humanos en Ginebra, el gobierno de Colombia sostuvo que los paramilitares ya no existen, aunque analistas y comunidades indican que han vuelto a rearmarse tras una desmovilización parcial negociada con el Poder Ejecutivo.

El gobierno de Álvaro Uribe se niega a retirar sus tropas de los territorios aborígenes. Ese fue uno de los puntos esgrimidos para no votar a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007.

En su artículo 30, la Declaración establece que "no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado".

En declaraciones formuladas en Ginebra, Quilcué dijo que en el marco de "una guerra que no es nuestra", "al interior de cada una de las comunidades nos asesinan y nos estigmatizan, nos señalan... Los que protestan y reclaman los derechos son terroristas, son delincuentes", aseveró.

La ONIC pidió la creación urgente de una comisión de defensores de derechos humanos, con veeduría de las Naciones Unidas, para que ayude a establecer cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la muerte de Legarda.

El fallecido era el padre de la única hija de Quilcué, de unos 12 años. La madre permanecía en compañía de un medico tradicional indígena, según el cual la líder está muy afectada.

Este martes 16 de diciembre se conmemoran los 17 años de la masacre de El Nilo, cometida en el Cauca. Veinte indígenas de la etnia nasa fueron asesinados por paramilitares contratados por narcotraficantes y terratenientes, en una acción coordinada por policías.

Por ese crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso que el Estado colombiano reparara a los indígenas, fallo que aún no ha sido cumplido, lo que desata frecuentes protestas.