(IAR
Noticias)
16-Diciembre-08
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Parte del equipo de Legión del Afecto en su sede. |
La colombiana Viviana perdió a
tres amigos asesinados, uno descuartizado. Eso la hizo reflexionar.
Entró al proyecto Legión del Afecto, abandonando seis años de vida
en pandillas. Le gusta bailar y el teatro y pudo superar sus deseos
de venganza. Ahora entiende que "somos todos hermanos".
Por Mario Osava - IPS
A Jerry Leaccot, de 27 años, le mataron a su
hermano cuando tenía 15. Mientras estaba preso, asesinaron a su
madre en un asalto a su casa. "Sin el proyecto, saldría de la
prisión para matar y quizás ni vivo estaría", reconoce.
Juan Carlos Lukumi, cuyo apellido da nombre al sector donde vive
porque su familia fue la primera en asentarse aquí hace unos 25
años, era miembro de un "parche", o pandilla, de 25 a 30 jóvenes. De
ellos "quedan tres o cuatro, los demás están en la cárcel o
muertos".
Miriam Callejos, de 43 años, crió seis hijos limpiando casas de
familia desde la madrugada hasta la noche. Al segundo, Ronal, de 20
años, lo mataron apuñalándolo en marzo de 2006, después de que
Legión del Afecto ya había empezado con algunas de sus actividades.
La muerte de Ronal fortaleció al grupo. La reacción inmediata fue de
"muchachos ya armados buscando al agresor o a cualquiera que tuviera
que ver con él para cobrar venganza", cuenta su madre.
Pero luego, mucha gente, incluso desconocida, vino a abrazarla
madrugada adentro, cuando ella estaba con aquel "hoyo en el pecho,
el dolor más profundo que he sentido", relata.
Ese "acompañamiento" empezó a repetirse con otros casos y "estos
encuentros se confabularon para sacar la rabia, el odio y las ganas
de venganza", sustituyéndolas por "lazos fuertes entre los muchachos
que no me dejaron sola" y el deseo de evitar otras muertes
violentas.
El índice de violencia bajó en 90 por ciento en Ciudadela Sucre, un
barrio marginado del municipio de Soacha que linda con Bogotá por el
sudoeste, según estima Callejos en su relatoría para Legión del
Afecto, una iniciativa de Acción Social, dependencia del gobierno de
Colombia, y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Esa estimación puede ser exagerada para todo el barrio y un proyecto
de solo tres años, pero refleja lo que sienten sus participantes.
Una veintena de ellos dieron su testimonio a IPS una tarde de
noviembre, en una tienda de plástico transparente donde se reúnen y
siembran un pequeño huerto, en los altos del sector Buenos Aires del
barrio.
Ellos son casi todos sobrevivientes, han vivido pérdidas trágicas y
otra violencia, el desplazamiento de sus familias expulsadas por la
guerra o la miseria desde hogares en distintos rincones de este
país, que soporta un conflicto interno ininterrumpido desde 1964.
Por acoger a los desplazados, Soacha se convirtió en una de las
ciudades de mayor crecimiento de Colombia. Casi duplicó su población
en 15 años, y hoy tiene más de 45.000 habitantes.
La violencia y la mortandad de los jóvenes resultaron también del
crecimiento desordenado de barrios como Ciudadela Sucre y Altos de
Cazucá, donde los recién llegados se van apiñando en las partes
altas de estas laderas montañosas sin agua, con carreteras
precarias, basura y aguas servidas corriendo a cielo abierto.
La rivalidad de las bandas juveniles ha costado muchas muertes. La
confrontación territorial --a tiros, piedras y puñaladas-- hizo que
cruzar la frontera entre los distintos sectores del barrio implicara
correr un riesgo mortal.
Pero esto se suma a las fuentes mayores de la violencia colombiana,
muy activas en toda esta zona: el conflicto armado, los grupos
paramilitares, el narcotráfico y la limpieza social.
Llegaron entonces "unas pintas locas, pelo largo, ropa de colores",
describe Callejos. Era el Circo Paz, encabezado por José Montoya,
coordinador de Zona de Legión del Afecto, que promovió el 18 de
enero de 2006 la primera actividad de circo, danza y teatro en las
calles de Ciudadela Sucre, atrayendo a 600 personas.
"Fue una luz de esperanza", dice, si bien al principio desconfiaba
de los forasteros que ofrecían "pagar para bailar y conocer otras
partes del país". Temía que fuesen guerrilleros o paramilitares
reclutando jóvenes.
El proyecto ya cuenta con 700 participantes en todo el país y
pretende alcanzar los 20.000. Les paga un "salario social", de entre
90 y 270 dólares, como remuneración por servicios a la comunidad,
principalmente de socialización. En Ciudadela Sucre ya son 75
personas, la mayoría jóvenes y algunos adultos, especialmente
madres.
Entre los 16 instrumentos empleados para transformar a los jóvenes,
valorizarlos y hacer que se sientan útiles, para "reconstruir el
tejido social necrosado" y "visibilizar lo invisible", se destacan
los "lenguajes alternativos": desde danza y artes marciales a
música, deportes y artes visuales. Cada uno elige lo que le gusta.
Bailar parece ser la gran preferencia, pero se trata también de
rescatar la música y los ritmos de la cultura nacional, folclórica,
explica Jimmy Monroy, uno de los temibles adolescentes que
atemorizaban al vecindario, hoy un joven bromista y elocuente que
carga como recuerdos de su vida callejera cicatrices en el cuello y
un brazo, y un amigo muerto.
Germán Alfonso entró al grupo para bailar y cantar rap, se sintió
valorizando y dejó "años de estrago en las calles". Ahora compone
temas relacionados con la realidad local y sueña con grabar discos,
mientras canta en fiestas y otras actividades.
"Me gusta conocer otras gentes, como los indígenas" y llevarles
"lenguajes que divierten", destaca Leaccot, refiriéndose al "viaje a
pie": los legionarios recorren el país para ejercer el
acompañamiento afectivo de los "desplazados, emplazados y
retornantes" que pueblan Colombia.
Padre de dos hijos ya preadolescentes, que engendró "antes de mi
prisión", Leaccot, del sector Lukumi, convive ahora con ex
"enemigos" de Buenos Aires, como el "Lechero", quien "peleaba a
diario" por estudiar en un colegio de otro barrio, o con Milena
Chirivi, que reconoce haber sido "muy agresiva".
Me "gustaban los changones", escopeta artesanal popular en Colombia,
dice Chirivi. Vivió en las calles desde los 11 años de edad, jugaba
a la ruleta, "vendía marijuana y basuco", subproducto de la
elaboración de cocaína, y a los 17 ya tenía tres hijos. Su
transformación sorprendió a su madre, que agradece "a Dios y a los
del proyecto", afirma.
Madres precoces hay muchas entre las legionarias. Deissy Bogotá, de
25 años, hasta hoy llora por "el papá de mi hijo que mataron hace
siete" y dice haber encontrado en la Legión "el afecto, la familia",
cuya ausencia la llevó "a la calle, sin cuidado".
El embarazo adolescente se combina con la violencia doméstica y el
alcoholismo de la madre o el padre, lo que expulsa a la calle a las
niñas, más tarde acogidas por el proyecto, donde se sostiene que "lo
afectivo es lo efectivo".
Promover ágapes o banquetes comunitarios con platos típicos y
tradicionales, socorrer a las víctimas de desastres como derrumbes y
cultivar el huerto, desarrollando el amor a la tierra y a la
biodiversidad, son también instrumentos para que los jóvenes
descubran sus capacidades y un sentido para sus vidas, para que "se
sientan héroes".
Es difícil contener el discurso de Gloria Bedoya, de 44 años, que
descubrió su pasión por la biodiversidad, lee todo lo que puede
sobre el tema y se convirtió en una ambientalista bien informada,
que limpia las calles, recoge pilas en el barrio y quiere reforestar
los cerros.
La elocuencia torrencial también caracteriza a la más joven del
grupo, Jennifer Bedoya, de solo 13 años, en sus bien articuladas
explicaciones sobre la Legión del Afecto.
Es contradictorio que este proyecto, que busca recuperar el
"carácter sagrado del valor de la vida", sea auspiciado por un
gobierno denunciado por estimular miles de ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por sus fuerzas de seguridad, los
llamados "falsos positivos", hombres jóvenes que son secuestrados y
asesinados y luego registrados por el ejército como guerrilleros o
paramilitares caídos en combate.
Precisamente en la zona conformada por los barrios marginados de
Soacha y de Ciudad Bolívar, una inmensa área superpoblada del sur de
Bogotá que tiene más de un millón de habitantes, la organización de
derechos humanos Justicia y Vida registró más de 600 asesinatos
entre 2002 y 2006, considerando solo cifras oficiales. Casi todos
esos crímenes permanecen sin ningún tipo de investigación.
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