Convocadas por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y otras organizaciones sociales, miles de personas adultas, niñas, niños y adolescentes se movilizaron el viernes pasado en Buenos Aires para exigir medidas que pongan fin al hambre y la desnutrición infantil.

Por Marcela Valente - IPS

"Es una inmoralidad que en un país donde sobra la comida, los pibes (niños) sigan muriendo de hambre todos los días", dijo a IPS el secretario de relaciones institucionales de la CTA, Víctor de Genaro, que participó de la marcha hacia la céntrica Plaza de Mayo, frente a la sede de la Presidencia.

Bajo la consigna "El hambre es un crimen", sindicalistas, estudiantes, activistas sociales y de derechos humanos marcharon junto a adolescentes y jóvenes de la Fundación Pelota de Trapo, que sostiene hogares, granjas y talleres educativos para menores de edad.

"Se nos mueren, acabaditos de nacer, más de 25 niños antes del nacimiento de las palabras. Testimonios diarios del hambre, su terrible efecto devastador, su indignidad", dijo Alberto Morlachetti, director de la Fundación y coordinador del Movimiento de Chicos del Pueblo, que organizó la marcha.

Los manifestantes reclamaron al gobierno una asignación universal a todos los menores de 18 años, más de 13 millones de personas en una población de casi 40 millones de habitantes, un sector donde 56 por ciento son pobres.

"Esa asignación, llamada salario familiar, la perciben hoy los padres con ingresos en blanco", dijo De Genaro en referencia a 55 por ciento de la población económicamente activa que trabaja en el sector formal de la economía y recibe ese subsidio por cada hija o hijo menor de 18 años.

Para la CTA, en el marco de la actual crisis financiera internacional que está provocando una desaceleración de la economía nacional, el Estado debería ordenar una suspensión de los despidos por 180 días y otorgar un subsidio universal de 300 pesos --casi 90 dólares-- a cada persona menor de 18 años.

La central de trabajadores viene reclamando este subsidio desde fines de los años 90. Algunos partidos políticos de oposición, como la centroizquierdista Coalición Cívica, incluyeron la medida en sus plataformas electorales por considerar que se trata de un derecho y que su aplicación elude prácticas corruptas.

El subsidio permitiría que los hijos de desempleados, subempleados y trabajadores informales se aseguren un ingreso. Y también sería percibido por los menores a cargo de personas con empleo en la economía formal, porque se trataría de un derecho universal.