Junto con la pavimentación de calles y carreteras o la construcción de escuelas, cobran relieve en los presupuestos estatales de Venezuela los programas de atención al embarazo de adolescentes o para prevenir la violencia contra la mujer.

Por Humberto Márquez - IPS

"No bastan deseos o intenciones para lograr justicia social y equidad de género. Es preciso construir espacios que las favorezcan, y para ello la orientación del presupuesto es fundamental", dijo a IPS la diputada Flor Ríos, presidenta de la Comisión de Mujer en la Asamblea Nacional, el parlamento nacional unicameral.
 
Al respecto, la economista Masaya Llavaneras, quien coordinó un proyecto gubernamental de instrumentación de presupuestos sensibles al género, destacó ante IPS que un primer logro es que "se han visibilizado la necesidad de hacer una mayor inversión en equidad de género y la de desagregar por sexo a los beneficiarios de las políticas públicas".
 
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer promueve las iniciativas de presupuestos con perspectiva de género desde comienzos de la presente década y unos 40 países ponen en práctica ejercicios sobre ese enfoque.
 
Sus textos reivindican que no se trata de un presupuesto distinto para mujeres, ni en ver si se gasta igual para ambos casos, sino examinar si el gasto es adecuado para las necesidades de género sin distinción.
 
En el caso de Venezuela, el presidente Hugo Chávez dictó una instrucción el 17 de mayo de 2005 para que los presupuestos recogiesen el principio de igualdad de género, "que busca asegurar que las políticas y los programas gubernamentales beneficien de manera equitativa a mujeres y hombres, a niñas y niños", según la propuesta recogida por el Ministerio de Finanzas.
 
A partir de allí "comenzó un diagnóstico acerca del manejo institucional de los actores presupuestarios en Venezuela. Sólo en el nivel nacional de la administración pública hay más de 500 instituciones que hacen y manejan presupuesto", relató Llavaneras.
 
"Nuestro desafío ha sido cultural, de generar las condiciones para que los problemas de género sean un problema, es decir, que se los vea como un tema de efectividad, porque, si permanecen sin atender, generan ineficiencia e ineficacia presupuestaria", apuntó.
 
¿Cuesta más dinero el presupuesto sensible al género?, preguntó IPS. No, responde Ríos.
 
"No se trata de cambiar los presupuestos sino de desagregarlos, de manera de ver más claramente la brecha de género. Es cuando en un programa de salud hacemos más visible una campaña preventiva del cáncer de mama o en el presupuesto de Educación enfatizamos la información frente al embarazo de adolescentes".
 
En algunos casos, ciertas partidas de gastos deben ser incrementadas. "Por ejemplo, cuando planteamos que todas las regiones del país tengan tribunales especializados para atender la violencia de género o que las mujeres presas sean ubicadas en cárceles diferenciadas y no en anexos de las cárceles para hombres", explicó Ríos.
 
Llavaneras coincide en que un presupuesto sensible al género no es más oneroso sino que al desagregarse muestra más claramente la brecha entre sexos. Y en el caso, por ejemplo de un proyecto destinado a incrementar el empleo, puede y debe indicar cuántos puestos de trabajo estima que pueden crearse para mujeres y para hombres.
 
"No es casual que el año previo a la instrucción presidencial un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mostrase que los ingresos anuales de los venezolanos llegaban a 7.550 dólares por persona, 2,4 veces por encima de los 3.125 dólares de las venezolanas", argumentó Llavaneras.
 
Ríos sostuvo que sus pares en el parlamento --la mayoría, como ella, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela-- cada vez se han sensibilizado más ante la necesidad de cubrir la perspectiva de género, aunque "es la conciencia y la palabra del presidente Chávez la que gotita a gotita anima diariamente estos cambios".
 
Experiencia municipal
 
La perspectiva de género se abre campo en la asignación de recursos del Estados nacional, aunque lentamente, "pues el reloj presupuestario tiene un ciclo anual muy estricto", al decir de Llavaneras. Y no ha "bajado" a los 23 estados del país ni a sus 335 municipios.
 
La excepción es el municipio de Caroní, que comprende a Ciudad Guayana, urbe creada en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, unos 500 kilómetros al sudeste de Caracas, y que es asiento de industrias de hierro, acero, aluminio e hidroelectricidad.
 
Desde mediados de la década pasada, los alcaldes izquierdistas de la ciudad iniciaron la modalidad de discutir los presupuestos en asambleas de las comunidades. Esa cultura de participación facilitó presentar la sensibilidad de género en los últimos años.
 
"Lo primero que consideramos es que no todos ni todas tenemos el mismo acceso y control sobre los recursos, el mismo uso del tiempo, algunos y algunos están cargados con doble y triple jornada y eso se ha considerado para que puedan incorporarse quienes no tenían acceso a la participación para el presupuesto", dijo a IPS Solana Simao, de la entidad local Fundamujer y asesora de la municipalidad en el tema.
 
Ocurre que "las mujeres asisten muchísimo más a las asambleas de presupuesto participativo que los hombres", aclaró. Pero hay una confusión entre asistencia y participación, porque, cuando debían tomarse las decisiones, las mujeres se iban requeridas por otras tareas y una mayoría de hombres decidía", recordó por su parte Llavaneras.
 
Una solución instrumentada en asambleas de presupuesto en Caroní fue cambiar los horarios y establecer que en las reuniones haya una guardería para los hijos pequeños, de modo de incrementar el tiempo y la calidad de la participación femenina en el debate.
 
Año tras año "las asambleas de presupuesto participativo colocaban como prioridades asuntos como asfaltado, transporte, seguridad o recolección de desechos sólidos, pero el último año las comunidades agregaron otras, como prevención de la violencia contra la mujer, embarazo de adolescentes, adicciones y drogadicción, y promoción de los derechos de las mujeres", apuntó Simao.
 
"También podemos decir que los recursos para la Casa de la Mujer, desde donde se presta atención en salud sexual y reproductiva y en violencia basada en género pasaron de 1.400 dólares a 11.500, y se regularizó un aporte a Fundamujer por 23.000 dólares, pero éstas no son las cuestiones centrales del enfoque de género", sostuvo la activista.
 
Lo más importante "es que se ha podido visibilizar a todos y todas en el presupuesto municipal, y la municipalidad ha entendido que existen diferencias construidas por la sociedad, que crean inequidades y se mantienen invisibles y sólo al visibilizarlas se pueden acometer frente a ellas acciones y políticas", agregó Simao.
 
Nuevos pasos
 
Llavaneras considera positivo que el enfoque de presupuestos con perspectiva de género escape a la aguda polarización política que ha vivido Venezuela en la última década, y recomienda que se lo adopte más por los gobiernos locales, los regionales y en los consejos comunales, promovidos por el poder central como organizaciones de base.
 
En ese proceso "será muy importante que los entes rectores nacionales sigan involucrados en el tema. Si ellos bajan el lineamiento, será innegociable" y no podrían obviarlo gobernaciones o alcaldías. También indicó la necesidad de que se produzcan estadísticas de género cada vez más efectivas.
 
Ríos, por su parte, considera necesarias "campañas de información y de formación política, para que las mujeres busquen acceder no sólo a posiciones de representación sino también a cargos donde se manejen presupuestos, para así promover y garantizar la participación y los enfoques que los hagan sensibles a la cuestión de género".
 
Finalmente, la instrucción presidencial y la apertura parlamentaria hacia estos temas ha animado a personas como Ríos a impulsar un proyecto de ley de protección social de las amas de casa, cuya nuez sería la remuneración por parte del Estado, de manera progresiva, a las mujeres consagradas de modo exclusivo al cuidado de sus hogares.