Los opositores, que gobiernan cuatro de las nueve regiones del país (Santa Cruz, Beni, Tarija y parte de Chuquisaca, donde se concentran las mejores tierras y las mayores reservas de gas, petróleo, hierro y biodiversidad), exigen, por el contrario, el reconocimiento pleno de sus autonomías que tienen un inocultable carácter separatista, ya que de aplicarse les permitiría dictar sus propias leyes por encima de las nacionales, tener su propia fuerza pública y manejar a su libre albedrío las tierras, los impuestos, los grandes negocios y la explotación de los recursos naturales.

Esperanzas y rechazo

El jueves en la noche, en La Paz, el presidente Morales dijo que hubo "avances importantes" en el diálogo que lleva adelante desde hace más de una semana, aunque advirtió que las autonomías reclamadas por las regiones sólo serían posibles con la nueva Constitución.

"El objetivo del diálogo es constitucionalizar las autonomías, pero si alguien se opone a la nueva Constitución Política del Estado está en contra del pueblo y de los sectores sociales", dijo.

Morales destacó también la decisión de las organizaciones sociales y campesinas que levantaron los bloqueos y suspendieron las marchas sobre Santa Cruz para crear un clima favorable al diálogo emprendido con los prefectos fascistas, a quienes urgió a llegar a un acuerdo que viabilice la nueva Constitución.

Este acuerdo, sin embargo, parece muy lejano, dada la posición de los prefectos fascistas que rechazan el nuevo texto constitucional, tal como lo expresó el prefecto de Tarija, Mario Cossío.

"Las autonomías son muy importantes, pero también, o más, es importante el país; por ello, el tema de la Constitución Política es un tema medular que hace a la vida institucional nacional y nosotros obviamente que no lo dejaremos de lado", dijo al asegurar que la oposición no firmará ninguna acuerdo parcial ni preliminar, tal como quería Morales para viabilizar la nueva Constitución.

Este domingo, el presidente Morales se reunió con el prefecto de Santa Cruz, el fascista Rubén Costas y acordaron reabrir el diálogo el domingo 5 de octubre.

Según el vicepresidente Alvaro García Linera, los opositores derechistas están actuando con "poca seriedad" al modificar constantemente sus demandas y salirse de la agenda predefinida.

"Primero se habló del IDH (devolución de los recursos del Impuesto a los Hidrocarburos), luego hemos pasado al tema de las autonomías y ahora aparece otro capítulo de justicia y luego el tema del modelo económico, el tema de Estado (...) Estoy sintiendo que esto es una chacota, una exageración y abuso político, pensar que toda la Constitución que fue elaborada por más de 168 constituyentes tenga que ser modificada por el interés o el capricho de fuerzas políticas regionales".

"Esperemos que prime la seriedad de los planteamientos (…) y se pueda firmar un documento que le dé certidumbre a los bolivianos", dijo García Linera este jueves, poco antes de iniciar la última reunión que dejó el diálogo en suspenso hasta el lunes.

"Baño de realidad"

García Linera dijo que "no es posible que fuerzas políticas regionales que tenían dos o cuatro constituyentes que fueron derrotados como representantes del pueblo ahora quieran aparecer con una fuerza para modificar la Constitución, eso no es correcto ni corresponde a la realidad política".

Según el vicepresidente, los prefectos fascistas deberían darse un "baño de realidad" y aceptar el acuerdo ofrecido por el Gobierno.

En la visión gubernamental, marcada por el parlamentarismo y democratismo a ultranza, la oligarquía y los prefectos fascistas virtualmente ya habrían sido derrotados por el masivo apoyo electoral a favor de Morales (el 10 de agosto pasado logró el apoyo de siete de cada 10 votantes), por el activo respaldo de los países vecinos y de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) hacia Evo, por la condena nacional e internacional a la salvaje masacre perpetrada por los fascistas sobre los campesinos en el norte de Bolivia (18 muertos a bala y una treintena de heridos), y por la suspendida movilización campesina e indígena en contra de los fascistas (bloqueos de caminos y marcha de casi 20 mil campesinos hacia Santa Cruz, ciudad de casi un millón de habitantes).

LA REALIDAD FASCISTA

Por ello, en esta visión oficial, los prefectos fascistas no tendrían más opción que firmar el acuerdo dando vía libre a la nueva Constitución. Sin embargo, la realidad es otra. La oligarquía, los prefectos fascistas y los 100 clanes, que son amos de la tierra, dueños de los grandes negocios e imponen su ley y su fuerza en cuatro de las nueve regiones de Bolivia, no tienen, en el fondo, la menor intención de hacer un pacto de largo aliento con Evo y sólo quieren "lavar" su imagen seriamente dañada por la salvaje masacre de campesinos en Pando y, sobre todo, consolidar las posiciones conquistadas en el oriente y los valles de Bolivia, tras tres semanas de virtual rebelión contra el gobierno central radicado en La Paz.

La derecha, consciente de que hostigando al líder indígena ha logrado recuperar el poder en la mitad del país, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años. Su estrategia en los dos siguientes es mantener su dominio sobre la mitad de Bolivia, donde ni siquiera Morales puede ingresar sin enfrentar la presión y ataque de las bandas fascistas.

En las tierras bajas del oriente y los valles, en Santa Cruz, Beni, Tarija y Sucre, campea con total impunidad el fascismo, que ha logrado enarbolar la bandera de la autonomía regional y arrastrar detrás de sí a miles de jóvenes y amplios segmentos de las clases medias y organizaciones de la sociedad civil, aterrorizando a los sindicalistas, a la población migrante del altiplano y a los activistas leales a Morales, muchos de los cuales han ingresado en la clandestinidad.

Semilla revolucionaria

En la ciudad de Santa Cruz, el principal bastión de la sedición oligárquica, los grandes negocios, casi todos los medios de comunicación, las instituciones cívicas, vecinales, empresariales e incluso populares están en manos de los fascistas y son pocos los bolsones de resistencia en los barrios más pobres, como el Plan 3.000, y los sindicatos más radicales que tratan de no ser barridos por la derecha racista.