Este domingo, luego de cuatro días de charlas, el propio Presidente Morales se lamentaba porque las "negociaciones" parecían no ir a ningún lado y demandaba hacer un nuevo esfuerzo para alcanzar un pacto mínimo a su retorno de Naciones Unidas, el próximo jueves. En tanto, uno de sus principales operadores del diálogo, su viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, acusaba a los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca de poner en riesgo el proceso de diálogo y dejar en nada el trabajo realizado en cuatro días de acercamiento.

Evo quiere el pacto, los fascistas no

Como era previsible para todos, excepto para los funcionarios del gobierno de Morales, la oligarquía y los prefectos fascistas no quieren viabilizar el referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado, en la que se incluye la posibilidad para que Evo sea reelecto por los siguientes 10 años y para que el gobierno central defina sobre el uso y manejo de la tierra y los recursos naturales.

"Esto sin duda pone en riesgo el diálogo que estamos construyendo ya desde hace ocho días, y penosamente la responsabilidad recaerá en quienes en vez de aproximarnos realizan planteamientos que representan un retroceso en el diálogo", dijo Yaksic al lamentar la decisión de los prefectos de bloquear el referéndum sobre la nueva Constitución.

Pese a ello, el gobierno no se rinde e insiste en el "diálogo de sordos". "Hemos avanzado enormemente, no echemos por tierra todo lo que hemos trabajado", exhortó.

En cambio, los fascistas, aglutinados junto a las organizaciones cívicas, empresariales y populares urbanas del oriente y los valles en torno al Consejo Nacional Democrático (Conalde), exigió, otra vez, la inclusión de la autonomía plena departamental para dar curso a la aprobación del nuevo texto constitucional. En los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo podría cumplirse si Evo se rinde totalmente. Así demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año), anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).

En defensa del capitalismo

En lo esencial, Evo quiere una alianza con la oligarquía y los 100 clanes para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino, modelo económico y político sustentado en la propiedad privada, en el respeto a la inversión extranjera y en el fortalecimiento de la burguesía nacional y de los pequeños productores privados, con el aporte y participación estatal.

También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección hasta el 2020.

La derecha, en cambio, consciente de que hostigando al líder indígena ha logrado recuperar el poder en la mitad del país, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años. Su estrategia en los dos siguientes es mantener su dominio sobre la mitad de Bolivia, donde ni siquiera Morales puede ingresar sin enfrentar la presión y ataque de las bandas fascistas.

Presión por el diálogo

Frente a ello, el presidente Morales ha comenzado a movilizar a sus bases campesinas y sus sindicatos para presionar por llegar al acuerdo con los fascistas, en el que la partes tendrían que ceder en sus posiciones, moderando tanto las autonomías como las reformas de la nueva Constitución (derechos indígenas y límites al latifundio). Así, el presidente de la oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, informó que las organizaciones sociales definieron radicalizar sus medidas de presión, a partir de este lunes, "por la terquedad de la oposición que pone en peligro el diálogo al pedir la autonomía plena departamental para seguir detentando el poder económico y político regional en contra los sectores sociales marginados".

"Ya no vamos a permitir más el abuso de la 'media luna', no quieren firmar el acuerdo y están buscando hacer fracasar el diálogo, ante eso hemos decidido radicalizar el bloqueo de caminos en Santa Cruz hasta que se firme un acuerdo ", advirtió Surco.

Sindicatos pugnan por el acuerdo

A su vez el dirigente oficialista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, denunció que los cívicos y prefectos de la denominada "media luna" no quieren el diálogo, sino el enfrentamiento porque ya no demandan las autonomías, sino el rechazo total del proyecto de Constitución Política del Estado.

"Los responsables de la radicalización de las movilizaciones y el perjuicio a nuestro pueblo son ellos (cívicos y prefectos de oposición), porque han empezado con la toma violenta de las instituciones, los gasoductos, iniciando un bloqueo y ahora con el doble discurso del diálogo, por eso respaldamos la masificación de los bloqueos de caminos", manifestó.

La ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", Leonilda Zurita, convocó a las mujeres del país a plegarse al bloqueo de caminos sobre Santa Cruz.

"Los cívicos y prefectos de la 'media luna' no quieren igualdad, sino que haya cacería a dirigentes como la emboscada para masacrar a nuestros hermanos campesinos en Pando. Nosotros hemos confiado en que los prefectos podían adelantar este diálogo, pero hemos visto que no tienen voluntad para que Bolivia esté unida en democracia, por eso vamos al bloqueo", manifestó Zurita. Todos ellos quieren viabilizar el acuerdo entre Evo y los fascistas.

La COB y el acuerdo

En cambio, otros sindicatos aglutinados en torno a la Central Obrera no auguran nada bueno del diálogo en curso entre el gobierno indígena – campesino y la oligarquía separatista.

El dirigente de la Federación de Mineros, Guido Mitma, aseguró que el diálogo y las concesiones a la oligarquía no traerán nada bueno para los trabajadores y el país.

El dirigente minero advirtió que la política de conciliación con la burguesía no beneficiará al pueblo ni al proceso de cambio. Urgió, por el contrario, a profundizar la denominada agenda de octubre que consiste en la nacionalización real de los recursos naturales no renovables que aún siguen en manos de las transnacionales, la expropiación de los inmensos latifundios en el oriente y los valles, la distribución de tierras entre los campesinos e indígenas pobres, con lo que se destruiría el poder económico de la oligarquía y se mejorarían las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.

En otro pronunciamiento, la Confederación de trabajadores fabriles dijo que "el proceso revolucionario que vive nuestro país no tiene tiempo que perder, la revolución debe seguir avanzando hacia sus grandes metas, superando el estrecho margen de la revolución democrática del nacionalismo".

"La burguesía oriental, fascista y racista no pasará. El diálogo abierto por el Gobierno para cerrar esta grave crisis estatal y política con los responsables políticos de la matanza del Porvenir, significa solo un interregno hasta que tengamos que definir la situación boliviana definitivamente. Llamamos a los trabajadores fabriles a organizarnos militantemente para dar una respuesta contundente a estos pequeños grupos neofascistas, porque entre la revolución social y el fascismo no existen caminos intermedios", agrega.