Las protestas de sectores conservadores y empresariales de la llamada media luna oriental de Bolivia cobraron las primeras ocho muertes este jueves. Fue en una emboscada a campesinos afines al gobierno de Evo Morales en la población de Porvenir, en el departamento de Pando.

Por Franz Chávez - IPS

Un grupo de funcionarios de la prefectura (gobernación) de Pando interceptó el avance de los campesinos que acudían a una asamblea desde diferentes regiones de la amazonía boliviana con el propósito de organizar la resistencia contra grupos del movimiento civil pro-autonomista regional que ocupan edificios de entidades del Estado boliviano.

La radio católica Fides confirmó que murieron ocho personas y otras 34 resultaron heridas, de ambos bandos, en los enfrentamientos registrados 30 kilómetros al sur de Cobija, la capital del departamento de Pando ubicada a unos 1.200 kilómetros al norte de La Paz.

El saldo trágico se da en el marco de las movilizaciones iniciadas el martes con la acción de miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que atacó y tomó el control de las oficinas públicas de la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tras doblegar la custodia de militares y policías.

El movimiento cívico y autonomista, dirigido por el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, y apoyado por los gobiernos de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que conforman la media luna oriental de Bolivia, ha puesto en práctica una estrategia de asfixia económica con el bloqueo de las principales rutas y el corte parcial del suministro de gas a Brasil y Argentina.

Este jueves, el presidente izquierdista Morales, el primero de origen indígena en la historia de Bolivia, responsabilizó a los grupos de terratenientes de las llanuras orientales de Bolivia, de "financiar actitudes delincuenciales" y advirtió que la "paciencia tiene límites".

Otro de los líderes de la oposición, el empresario y terrateniente Branko Marinkovic, que preside al Comité Cívico Pro Santa Cruz, acusó a su vez al gobierno nacional de promover la violencia y los saqueos a comercios populares de propiedad de migrantes aymaras procedentes del occidente boliviano.

El hospital Roberto Galindo, de Cobija, fue el escenario dramático donde el personal de emergencia atendió a los heridos del enfrentamiento, que presentaban cortes profundos por el uso de machetes, hachas de leñador, escopetas, fusiles, según los reportes de radio.

Algunos de los fallecidos exhibían heridas de las armas de fuego empleadas en la emboscada, que comenzó en horas de la madrugada para impedir la realización de una asamblea en la localidad de Filadelfia, una población menor ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Cobija, según el relato de la representante del Comité de Vigilancia, Leyla Tudela.

El ex alcalde de Cobija y líder del Movimiento Amazónico de Renovación Democrática (MAR), Miguel Becerra, declaró a una cadena radial que se trató "de una masacre y humillación a los campesinos, algunos de los cuales fueron atropellados por un camión de la prefectura".

Por su parte, los seguidores del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusaron a Becerrra de promover los hechos de violencia.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenty, estrecho colaborador de Morales, declaró que la muerte de las ocho personas es resultado de una "balacera (tiroteo) de sicarios que protagonizaron la masacre de Cobija".

Llorenty responsabilizó de los hechos al prefecto Fernández, un terrateniente y dirigente de derecha de larga tradición en la política boliviana, quien declaró al anochecer del jueves que actuará en el "marco que las circunstancias exijan".

Fernández pidió una pausa en el conflicto para pacificar a la región. Pero expresó, en respuesta a las declaraciones del gobierno nacional que "el último en retirarse de la pelea" será él. "No me retiraré de la lucha y que no vuelvan a intentar abusarnos", advirtió.

Con una imploración al gobierno de Morales, el jefe de la derechista agrupación Poder Democrático y Social (Podemos), el ex presidente Jorge Quiroga (2002-2002), reclamó a los bandos en pugna el retiro de sus grupos organizados.

"Es una súplica, por experiencia como ex presidente, advierto que se puede desbordar y descontrolar el conflicto que puede dejar muchos muertos", alertó.

La violencia continuaba este jueves en el barrio popular Plan Tres Mil, una zona alejada del centro de Santa Cruz de la Sierra y convertida en enclave de inmigrantes indígenas aymaras y quechuas.

Los grupos de la UJC realizaron acciones para destruir un comercio popular localizado en la zona, pero los habitantes del lugar consiguieron repelerlos en peleas campales que comenzaron la noche del miércoles y continuaron esta madrugada.

Los inmigrantes asentados en la zona, procedentes de los empobrecidos departamentos occidentales de La Paz, Oruro y Potosí, temen ser atacados porque comulgan con el presidente Morales, de la etnia aymara, y representan el grupo humano de resistencia al movimiento autonomista.

Mientras, en la población de Yacuiba, en la frontera con Argentina, un grupo de manifestantes consiguió ingresar en la planta de bombeo de gas natural que alimenta a las industrias de Buenos Aires, y consiguieron cerrar las válvulas y cortar el fluido.

La acción consumada ante la mirada pasiva de los militares y con el conocimiento del gobierno nacional, interrumpe el envío de seis millones de metros cúbicos diarios de gas natural a Argentina, el segundo mercado más importante para las exportaciones bolivianas de hidrocarburos después de Brasil.

El miércoles, un atentado contra el gasoducto a Brasil, disminuyó el volumen de envío en tres millones de metros cúbicos de los 26 millones de metros cúbicos por día, generando inquietud entre la representación diplomática en La Paz del vecino país.