Corte Electoral desarma la estrategia de presión de Morales para obligar a la derecha fascista a sentarse a la mesa del diálogo.

IAR Noticias
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La Corte Nacional Electoral desactivó  la presión con la que el gobierno indígena de Bolivia intentaba obligar a la oligarquía sediciosa a sentarse en una mesa de negociaciones y lograr un acuerdo nacional.

Acorralada por las Cortes departamentales, controladas por las fuerzas de la derecha, la Corte Nacional decidió suspender los referéndums sobre la nueva Constitución y la elección de autoridades regionales prevista para el 7 de diciembre y que habían sido convocados por decreto por el presidente Evo Morales.

La decisión de la Corte Nacional Electoral se da por razones legales/constitucionales (la convocatoria se emitió por decreto del Gobierno y no por una ley del Congreso) y por razones políticas/prácticas (la Corte está fragmentada en dos mitades, una manejada por el oficialismo y otra por la oposición).

Todos, excepto los escribas y apologistas de Morales, sabían que era virtualmente imposible realizar estos referéndums en la mitad del país, el oriente y los valles, donde la oligarquía y los 100 clanes, que son dueños de la tierra y de los grandes negocios, tienen el poder y ejercen una virtual dictadura, a través de los grupos fascistas y la adhesión/tolerancia de las clases medias. Allí, ni siquiera el presidente Morales tiene pisada y es persona “non grata”.

Por ello, la decisión de la Corte Nacional Electoral no hizo nada más que adelantarse a esta realidad, poniendo en evidencia la extrema fragilidad de los mecanismos utilizados por el Gobierno de Morales para presionar/negociar con los prefectos (gobernadores) de la oligarquía en pos de un acuerdo nacional, que una las demandas indígenas incluidas en la nueva Constitución Política del Estado con las exigencias de la oligarquía para preservar sus millonarios intereses y que están plasmados en sus Estatutos autonómicos.

Por ello, conocida la decisión de la Corte Nacional Electoral, que hasta ahora estaba alineada al oficialismo, el Gobierno quedó sin salida, sin capacidad real ni formal para llevar adelante estos referéndums (no está en condiciones de nombrar una nueva Corte Electoral, no controla el Senado y, lo principal, no tiene la decisión política de arrebatarle el poder a la oligarquía).

En los hechos, la disputa entre Evo Morales y la oligarquía están en un punto muerto. El gobierno de Morales no tiene control sobre el oriente y los valles (la mitad del país), mientras que la oligarquía no tiene ninguna posibilidad real para mermar el poderío de Evo en la otra mitad, el altiplano y el área rural de los valles y parte del oriente. En rigor, en Bolivia hay dos gobiernos y una abierta dualidad de poderes, situación que se ha consolidado con el referéndum del pasado 10 de agosto que ha ratificado en sus cargos tanto a Morales (67% de apoyo electoral) como a sus principales opositores.

La oligarquía, aunque quiere, no puede por ahora derrocar al “indio presidente” y se orienta a bloquear su reelección el 2010 y su nueva Constitución, además de mantener el control, sobre la tierra y las riquezas naturales en el oriente y los valles. En cambio, Morales, aunque puede, no quiere avanzar hacia la destrucción del poder de la oligarquía tal como reclaman los sectores más radicales del sindicalismo y de las organizaciones populares que pugnan por expropiar a los latifundistas y las agroempresas, y nacionalizar efectivamente el gas, el petróleo y las minas.

“El Gobierno está atrapado y sin salida”, graficó una periodista afín al oficialismo, a pocas horas de conocida la decisión de la Corte que, según este análisis, significa una “dura derrota política” para Morales, ya que ahora está en riesgo su reelección en el cargo (posible sólo si hay cambios en la actual Constitución), así como la continuidad de sus políticas orientadas a forjar el “capitalismo andino”.