Aunque no tiene el control real de casi la mitad del país, el presidente Evo Morales convocó por decreto a dos referéndums nacionales sobre la nueva Constitución Política del Estado para el 7 de diciembre. La oposición derechista rechaza la convocatoria.

IAR Noticias /
Econoticias Bolivia

El presidente indígena de Bolivia, Evo  Morales, puso presión sobre la oligarquía y la derecha fascista al convocar para el primer domingo de diciembre a dos referéndums de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y tres elecciones directas para subprefectos, consejeros departamentales y prefectos de Cochabamba y La Paz.

Apenas conocida la convocatoria, la noche de este jueves, los prefectos (gobernadores) opositores del oriente y los valles, que están en virtual desacato al Gobierno de Morales y conspiran para echarlo abajo, rechazaron los decretos y aseguraron que no permitirán que se realicen estas consultas que consideran “ilegales” y “dictatoriales”.

Las fuerzas de la oligarquía y la derecha fascista ejercen un fuerte control sobre gran parte de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, regiones en las que el Presidente Morales ni siquiera tiene pisada y sus partidarios son perseguidos y amedrentados. En estas regiones del oriente y los valles, adicionalmente, las Cortes Electorales virtualmente están bajo el mando directo de los prefectos derechistas, por lo que, por lo menos por ahora, la realización de referéndums y elecciones sin el aval y apoyo de la oligarquía es muy poco probable, a menos que el presidente Morales opte por usar la fuerza de las organizaciones sociales y el poder del Estado, lo que parece aún más improbable.

Plazo para negociar

Por ello, la convocatoria de Morales parecía ser una respuesta a la presión de los prefectos derechistas que han optado por realizar huelgas regionales y bloqueo de caminos, desairando el primer pedido de diálogo hecho por Morales para compatibilizar la nueva Constitución oficialista con la autonomía regional demandada por los facciosos.

En los hechos, la convocatoria a los referéndums para el 7 de diciembre parece ser una notificación a los prefectos para que puedan encontrar una salida pactada hasta esa fecha, ante la evidencia de que, por ahora, el gobierno de Morales no tiene control sobre el oriente y los valles, mientras que la oligarquía no tiene ninguna posibilidad real para mermar el poderío de Evo en el altiplano y el área rural de los valles y parte del oriente. En los hechos, en Bolivia hay dos gobiernos y una abierta dualidad de poderes.

Con esta convocatoria, Morales logra, además, cohesionar a los sindicatos y organizaciones sociales y populares, especialmente campesinos e indígenas, que presionan para profundizar las reformas y quieren cortar de raíz la sedición oligárquica, expropiando los latifundios y las agroempresas. Intenta, adicionalmente, controlar y evitar el desborde por la izquierda que ha comenzado a desarrollar los sindicatos y organizaciones sociales más radicales.

Convocatoria oficial

El decreto oficial señala que se pondrá a votación en las urnas la nueva Constitución Política del Estado, proyecto aprobado por las fuerzas del oficialismo en la Asamblea Constituyente, la elección de los nuevos prefectos de La Paz y Cochabamba, y se elegirá a 112 subprefectos provinciales, además de consejeros departamentales en todo el territorio nacional.

El Decreto Supremo No. 29691 fija para el 7 de diciembre de 2008 la realización del referendo dirimitorio y constitucional sobre la nueva Constitución Política del Estado, en el marco de la Ley No. 3836 del 29 de febrero de 2008.

De acuerdo al decreto, los bolivianos decidirán en las urnas la extensión del latifundio (entre 5.000 o 10.000 hectáreas), que básicamente está en el oriente y los valles del país bajo control de la oligarquía y la ratificatoria o no del proyecto de texto constitucional, aprobado en Oruro el 9 de diciembre del 2007.

Nuevos prefectos

El decreto aprobado la noche de este jueves también establece para el domingo 7 de diciembre la convocatoria a elecciones para la selección de prefectos de los departamentos de La Paz y Cochabamba, cuyos titulares, los derechistas José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa fueron revocados en el referendo revocatorio de mandato popular realizado el 10 de agosto del 2008.

El Presidente de la República designará como prefecto de departamento al candidato que en la votación obtenga la mayoría simple de los votos válidos emitidos, según se consigne en acta de cómputo nacional de la Corte Nacional Electoral. De forma transitoria, estos cargos serán ejercidos por los intelectuales de izquierda Pablo Ramos y Rafael Puente.

Consejeros

En la misma fecha, 7 de diciembre de 2008, se realizará elecciones para la selección de consejeros departamentales y subprefectos en circunscripción provincial en todo el territorio nacional. De esta manera, se profundizará la democracia con la elección de autoridades que hasta el momento son designados a dedo por los prefectos departamentales.

Legalidad oficial

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aseguró que todas estas disposiciones tienen carácter legal y destacó como el principal respaldo a la medida el apoyo ciudadano expresado al Gobierno en el referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto, en el que el 67,41% de los electores (2.103.872) votaron a favor de Morales.

“El irreversible hecho político del referéndum revocatorio de mandato popular viene a ratificar, una vez más, que más de dos tercios de la población están de acuerdo con el proceso de cambio que conduce el presidente Morales”, subrayó San Miguel.

Rechazo regional

En tanto, los prefectos y dirigentes cívicos opositores rechazaron la convocatoria. El prefecto de Tarija, Mario Cossío, indicó que se reunirán de emergencia hoy en Santa Cruz para analizar el decreto.

El presidente del Comité Cívico de Beni, Alberto Melgar, dijo que se llamará a una resistencia civil. Agregó que en el caso de su región se pedirá la destitución de los comandantes de la Policía y de la Séptima División del Ejército, para que ambas instituciones se pongan a órdenes del Prefecto del Departamento y no estén a órdenes del Gobierno.

La pasada semana y tras fracasar el diálogo propiciado por Morales, la racista oligarquía boliviana, los prefectos derechistas y los 100 poderosos clanes, que manejan la tierra y los grandes negocios, desataron una nueva escalada subversiva para consolidar su dominio y poder sobre cinco de las nueve regiones de Bolivia.

El primer intento de Morales para lograr un pacto de largo aliento con la oligarquía se dio a principios de la pasada semana, tras el referéndum revocatorio del 10 de agosto que ratificó en sus cargos a Evo, su vicepresidente Alvaro García Linera y a sus principales opositores de derecha. En las urnas, Evo obtuvo el 67 por ciento de los votos (2,1 millones), el prefecto Rubén Costas de Santa Cruz el 66 por ciento (450 mil votos), Mario Cossío de Tarija el 58 por ciento (78 mil), Ernesto Suárez del Beni el 64 por ciento (64 mil votos) y Leopoldo Fernández de Pando el 56 por ciento (15 mil votos).

Ahora, con la presión de los decretos encima, se da un segundo intento para lograr ese acuerdo nacional, entre el gobierno de izquierda indigenista y la oligarquía.