Al anochecer del martes 12, Morales invitó, a través de una carta, a "las autoridades ratificadas a un diálogo nacional que permita abordar todos aquellos temas dirigidos a lograr un gran acuerdo nacional que el pueblo boliviano aguarda de sus autoridades electas y ratificadas democráticamente".

La cita estaba prevista para este miércoles a las 10 de la mañana en La Paz, pero los prefectos derechistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, declinaron inicialmente la invitación y optaron por reunirse junto a los movimientos cívicos y empresariales para definir una estrategia conjunta para enfrentar a Morales. Horas después, al mediodía, los prefectos, reunidos en Santa Cruz, anunciaron su disposición al diálogo con agenda abierta y sin condicionamientos.

"Le comunicamos (al presidente Morales) que estamos dispuestos a trasladarnos a Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz el día de hoy en horas de la tarde", señala un comunicado leído por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

En Palacio de Gobierno, en La Paz, eran intensos los preparativos para instalar la primera reunión entre Morales y los prefectos al cerrar la tarde.

Votos para el pacto

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el apoyo electoral obliga, tanto al Gobierno como a los opositores, a dialogar. "El apoyo que han recibido los prefectos traduce un mensaje: que los prefectos con su proyecto autonómico y el Gobierno con la nueva Constitución Política del Estado, tenemos que construir ese pacto de unidad nacional".

Horas antes el presidente Morales había señalado que el resultado de la consulta revocatoria del domingo se constituye en una conminatoria para que los actores políticos se sienten a dialogar, por lo que demandó a los prefectos que "entiendan el pedido del pueblo boliviano" y asistan a su invitación.

"Tenemos que buscar soluciones en el diálogo (...) Queremos constitucionalizar las autonomías", dijo Morales en horas de la mañana.

Resultados oficiales

En las primeras horas de este miércoles, el conteo oficial de votos, que alcanzaba ya al 88 por ciento, daba cuenta que Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, obtenían el 66 por ciento de apoyo en todo el país. Los resultados de la Corte Nacional Electoral también mostraban que Morales y García Linera recibían apoyo mayoritario en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Pando, mientras que el rechazo hacia ellos era mayor en Santa Cruz, Beni y Tarija.

Las cifras oficiales también confirmaban el masivo apoyo a los prefectos derechistas como Rubén Costa de Santa Cruz (68%), Ernesto Suárez de Beni (65%), Mario Cossío de Tarija (58%) y Leopoldo Fernández de Pando (55%). Ellos, junto a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que recientemente ganó las elecciones, son los principales opositores a Morales.

Asimismo se confirmaba que fue ratificado el prefecto Mario Virreira de Potosí (76%), que es leal a Morales, y que fueron revocados en sus mandatos los prefectos derechistas José Luis Paredes de La Paz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba.

En el caso de Oruro, Los resultados oficiales entregados por la Corte Departamental señalan que el prefecto oficialista Alberto Luis Aguilar tiene una votación del Sí que alcanza al 50,74 por ciento, mientras que el No alcanza a 49,26 por ciento, sobre el 99,16 por ciento de las mesas computadas.

Estos resultados crearon el primer conflicto en la lectura de resultados, pues, según la resolución de las cortes departamentales del 31 de julio, Aguilar ha sido ratificado, pero según la Ley 3850 la autoridad departamental necesita 59 por ciento para quedarse.

Un pacto complicado

Con estos resultados, tanto Morales como los prefectos derechistas tienen motivos para cantar victoria, aunque en rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos que han forjado gobiernos "autónomos" y en rebeldía en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano y los valles.

Por ello, unos como otros apuntan a iniciar negociaciones. Por ahora, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo, aunque son los prefectos opositores los menos interesados en lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales.

Aprovechando la política conciliadora de Morales, la oligarquía tomó el control de cinco de los nueve departamentos de Bolivia levantando la bandera de la autonomía regional, mediante la cual están preservando sus millonarias ganancias que obtienen al explotar los recursos naturales, adueñarse de las tierras más fértiles y lucrar con los grandes negocios de la agroexportación, la industria, el transporte, el comercio y la banca.

Todos ellos están bloqueando la nueva Constitución Política del Estado promovida por Evo para garantizar, por lo menos en el papel, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y para viabilizar la reelección de Morales por los dos siguientes periodos hasta el 2020.

En los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo podría cumplirse si Evo se rinde totalmente. Así demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año), anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).

Presión por el diálogo

Con el avance del conteo oficial de votos, crecían también las demandas para que el Gobierno de Morales y los prefectos armen un gran pacto nacional y armonicen las reivindicaciones populares con las de la oligarquía. A este pedido se sumaron la Iglesia católica, los organismos internacionales, los grandes medios de comunicación y las organizaciones empresariales, cívicas, profesionales y populares.

El Gobierno de Estados Unidos también hizo suyo este llamado e instó al Gobierno boliviano y a la oposición a que aprovechen la oportunidad que se les ha abierto después del referéndum revocatorio para "comenzar un diálogo franco" y resolver sus diferencias.

"Urgimos a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y definir un camino hacia adelante que una a todos los bolivianos", dijo el portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, Robert Wood.

Todas estos sectores quieren que el presidente Morales frene sus reformas y mantenga en pie el neoliberalismo y los millonarios intereses de la oligarquía, precisamente todo lo contrario de lo que quiere la masiva votación emitida este domingo a favor de Morales para que profundice los cambios en la perspectiva de la agenda de octubre (nacionalización real del gas, petróleo y minas, expropiación de latifundios y entrega de tierras a los campesinos, y mejor salario, más empleo y digna jubilación para los trabajadores).