"A través de un ampliado de emergencia, con la participación de las organizaciones afiliadas a la COB, se determinó seguir con las movilizaciones y con el paro general indefinido. Mandamos una nota al Gobierno para que deje de provocar a los trabajadores, deje de atentar contra nosotros y nos atienda", dijo el dirigente de la COB, Mario López.

Dolor y luto

En el centro minero de Huanuni, la mayor mina estatal de estaño, los mineros y sus familias velaban a sus muertos y cuidaban de sus heridos, tras la violenta incursión de las fuerzas policiales, que rompieron a fuego y bala el bloqueo de la carretera que une Oruro con Cochabamba y La Paz.

Ayer, en el Hospital Obrero de Oruro, se confirmó que cuatro mineros estaban heridos por bala de guerra, mientras el Gobierno insistía en que no había orden para usar armas de fuego en contra de los bloqueadores.

"En realidad atendimos dos fallecidos, dos heridos graves que mandamos a La Paz, dos operados en el hospital, uno de la cadera y otro del codo con heridas de bala. Hay varios de bala, pero eso aún no lo estamos viendo. El resto de los pacientes está estable", dijo a La Prensa el director de ese nosocomio Mario Checa Díaz.

Mano dura contra los obreros

Desde las seis de la mañana del martes y durante unas seis horas, policías y mineros de Huanuni sostuvieron un duro enfrentamiento a la altura de la localidad de Caihuasi, donde unos 4.000 trabajadores bloqueaban la carretera en demanda para que la nueva Ley de Pensiones reduzca la edad de jubilación de 65 a 55 años, se elimine el sistema de capitalización individual, se obligue al Estado, a las transnacionales y a las empresas privadas a aportar para la jubilación y para que los millonarios recursos sean manejados por los propios trabajadores y el Estado y ya no por dos transnacionales.

Alrededor de las 10 de la noche del martes, los familiares de los mineros Hernán Montero Claros (26) y Roberto Cáceres Fabrica (23) pudieron retirar los cuerpos de la morgue del Hospital Obrero de Oruro, ya que hasta ese momento fue practicada la autopsia, dirigida por el doctor Teófilo Daza.

Checa señaló que entre las observaciones recogidas en los cuerpos se determinó que el proyectil que segó la vida de Montero había entrado por la parte delantera, desgarrado una arteria, perforado el corazón y el pulmón y alojado en la pleura (membrana que cubre el pulmón), mientras que la bala que le destrozó el cerebro de Cáceres entró por el lado posterior izquierdo.

Uno de los mineros que trabajaba con el fallecido Cáceres, cuenta lo siguiente: "Estaba correteando el compañero, adelante, ahí había unos 200, es que nos han rebasado los compañeros. Ellos (los policías) tenían sus gases y nosotros botábamos la dinamita, luego ya no tenían gases y nos han empezado a disparar a nosotros con armas nomás hasta que les llegue sus gases, sus refuerzos".

Blandos con la oligarquía

Este martes, el gobierno indígena – campesino de Morales demostró que era capaz de desatar una brutal represión sobre los mineros y la COB, pero que es extremadamente tolerante con pequeños grupos de choque de la oligarquía, que toma aeropuertos, golpea periodistas, dispara armas de fuego contra los ministros de Estado y persigue a los activistas sindicales y políticos de izquierda.

Este martes, al mediodía, no más de 200 fascistas tomaron el aeropuerto de Tarija e impidieron la visita de los presidentes de Argentina, Venezuela y Bolivia. Evo suspendió la visita para evitar enfrentamientos.

En la tarde, el vicepresidente Alvaro García Linera suspendió la sesión de Honor del Congreso nacional en homenaje al 183 aniversario de la Independencia de Bolivia que debía celebrarse este miércoles 6 de agosto en Sucre, por la amenaza de los grupos de derecha y autoridades regionales.

En la noche, grupos de sicarios de la derecha dispararon armas de fuego en Trinidad contra el vehículo en que viajaba el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Este jueves, un grupo de 35 fascistas tomaron el aeropuerto de Riberalta para impedir el arribo del ministro de la Presidencia, ante la total pasividad del Gobierno.

Frente a todos estos ataques de las bandas fascistas, el Gobierno de Morales no usó ni la ley, ni la fuerza pública ni la bala, reculando en toda la línea, tal como lo viene haciendo ante la derecha desde hace más de un año.

En su suicida política de conciliar con la oligarquía (la que sin embargo no quiere saber nada del "indio presidente"), el gobierno indígena campesino ha retrocedido en todo y, en los hechos, ha entregado la mitad del territorio (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Sucre) para que allí la derecha y el fascismo alcen cabeza y forjen gobiernos paralelos y en rebeldía en defensa de los intereses capitalistas, de los terratenientes que esclavizan a miles de indígenas guaraníes, concentran la tierra y explotan sin medida los recursos naturales.

Guerra sucia

El gobierno indígena ha mostrado que es blando, muy blando, con sus "enemigos", con la oligarquía, pero que es feroz con sus "aliados", con los obreros. Ahora, tras romper a bala los bloqueos de mineros, ha desatado una virulenta campaña contra los sindicalistas, a los que acusa, sin aportar con los pruebas respectivas, de "paramilitares", "instrumentos de la derecha", "pagados por la oligarquía", etc. También ha organizado grupos de choque para atacar la sede sindical de la Central Obrera de Oruro y hostigar a los trabajadores en lucha.

En su guerra sucia contra los sindicatos, los funcionarios gubernamentales no trepidan en usar las mismas armas que utilizaban las dictaduras y los gobiernos neoliberales para desnaturalizar la lucha de los trabajadores. Cuando Evo Morales era dirigente cocalero y bloqueaba caminos en defensa de la coca y la vida de los campesinos, desde arriba y mediante todos los medios se lo acusaba de "narcotraficante", de estar "pagado por el comunismo internacional", de "atentar contra la democracia y la economía nacional". Hoy esa misma receta se está aplicando contra los sindicalistas.

Razones de fondo

En el fondo, lo que quiere el gobierno indígena – campesino de Bolivia es que los sindicatos obreros y el conjunto de trabajadores abandonen sus reivindicaciones, que se olviden de luchar por más salario y mejores empleos, que trabajen sin protestar para engordar a los empresarios y al Estado.

El objetivo del gobierno de Morales es alcanzar una "revolución democrática y cultural" que busca poner fin al menosprecio y discriminación racial contra los indígenas, que incluya a los indígenas y campesinos en la vida económica, política y social de la República, dejando atrás, y sin resolver, la creciente explotación laboral a la que son sometidos los obreros y trabajadores.

Por ello, apuesta al "capitalismo andino" para, con apoyo del Estado, fomentar y desarrollar la pequeña, mediana y gran propiedad privada productiva. Por ello defiende los ingresos del Estado y cuida las ganancias empresariales, y por ello no quiere decretar el aumento de salarios ni obligar a que las empresas privadas y el Estado aporten para las jubilaciones, tal como demanda la COB.

Las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda revelan que en estos dos años y medio de gobierno de Morales, los ingresos del Estado se han duplicado y que las ganancias de los empresarios se ha quintuplicado, pero que el salario real de los trabajadores se ha reducido por el alza del costo de vida y que ni el Estado ni los empresarios comparten su bonanza con los más pobres. En rigor, los obreros y trabajadores de las ciudades y el campo están igual o peor que antes, con un salario promedio de 110 dólares al mes, monto que no alcanza para cubrir los costos básicos de una familia que ascienden a un poco más de 700 dólares.

Pero eso importa poco o nada al régimen gobernante, que cree que los trabajadores deben olvidarse de sus problemas diarios y sentirse satisfechos por ser dirigidos por un indígena, al que deberían ayudar a ganar el referéndum revocatorio de este domingo.

Encuestas y resultados

A 48 horas del referéndum, todas las encuestas difundidas por los grandes medios de comunicación confirman el vaticinio de que Evo, su vicepresidente Alvaro García Linera y varios de los prefectos derechistas serán ratificados en las urnas, con lo que se mantendrá la virtual existencia de dos gobiernos en Bolivia, el de Morales que tiene el control del altiplano y de las zonas rurales en los valles, y el de la oligarquía, que gobierna en el oriente y gran parte de los valles.

Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del 2010.

La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.

En medio de estas dos grandes tendencias, los sectores más radicalizados de la COB postulan destruir el poder económico de la oligarquía y, al mismo tiempo, obligar a Evo Morales a ejecutar la agenda de la insurrección de octubre, que se sintetiza en gas, petróleo y minas para Estado, tierras para los indios y empleo y salarios para los trabajadores. La COB, por lo menos hasta ahora, quiere que Evo cambie de política, que sea blando con los sindicatos y trabajadores y que sea feroz con la oligarquía y el imperialismo.