El gobierno peruano destinará este año al menos 514 millones de dólares para modernizar y repotenciar sus equipos militares, una cifra sólo superada por el régimen de Alberto Fujimori en los años 90, cuando la compra de armamento se convirtió en la principal fuente de corrupción.

Por Ángel Páez - IPS

Las adquisiciones de material bélico, además, se han iniciado mediante la modalidad de secreto de Estado, el mismo criterio del gobierno fujimorista (1990-2000) que utilizó unos 1.000 millones de dólares, advirtieron expertos y funcionarios.

Los institutos armados han conseguido que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apruebe 230,8 millones de dólares para la compra, reparación y mantenimientos de armamento. Otros 283 millones están a la espera del visto bueno de ese organismo.

Se trata de por lo menos 50 proyectos de compra de material de guerra, que por determinación de los institutos castrenses, con el consentimiento del gobierno de Alan García, se han declarado "secreto de Estado".

Una de las quejas más recurrentes de las autoridades regionales y locales contra el gobierno de García es que el SNIP es un organismo burocrático que tarda a veces hasta medio año en aprobar los proyectos de infraestructura en el interior del país, mientras que las iniciativas de las Fuerzas Armadas fueron resueltas en menos de un mes.

Por medio de fuentes del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, IPS pudo establecer que el ejército concentra 58 por ciento de los proyectos, mientras que a la marina le corresponde 31 por ciento y a la fuerza aérea 11 por ciento.

El arma de tierra prevé gastar 145,6 millones de dólares en la adquisición de vehículos blindados de combate y 110 millones en misiles antitanque. En importancia, le sigue el proyecto de la fuerza aérea para la repotenciación de una parte de sus aviones de guerra por 46,5 millones de dólares.

Sólo el gasto previsto por el ejército es superior a los 212 millones de dólares que en 2007 se destinó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, que alcanzó a poco más de 1,2 millones de familias. A los que se les suma 177,5 millones de dólares usados en el presupuesto del Programa Juntos, el más importante de la lucha contra la pobreza, según el propio Garcia.

Los planes militares implican un drástico cambio en la estrategia de defensa del país. Inicialmente conocido como el Núcleo Básico Eficaz (NBE), este programa de respuesta rápida ante una eventual agresión externa le daba prioridad al potencial antiaéreo.

De hecho, estaba prevista la rehabilitación de 12 aviones Mirage-2000, siete MIG-29 y ocho Sukhoi-25 por 469 millones de dólares, lo cual se llevaba 72 por ciento de los 563 millones del presupuesto original del NBE. Ahora éste se denomina Núcleo Básico de Defensa (NBD) y el protagonista es el ejército.

¿Qué hizo cambiar tan drásticamente de opinión al gobierno? La respuesta es, primero, la demanda presentada el 16 de enero por Perú ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, para la definición de la frontera marítima con Chile. En segundo lugar, las últimas adquisiciones militares realizadas, precisamente, por Santiago.

IPS preguntó al Ministerio de Defensa por qué se mantiene bajo secreto militar la lista de bienes y servicios militares, a lo que se respondió que "no necesariamente todas las adquisiciones serán secretas". Pero lo cierto es que en la página en Internet del SNIP todas las operaciones comerciales de las Fuerzas Armadas están bajo secreto de Estado.

La ley de contrataciones y adquisiciones obliga a las instituciones del Estado sin excepción a consultar a la Contraloría General de la República antes de la realización de una compra, pero en esta ocasión el Ministerio de Defensa no lo hizo.

"Le hemos dicho al Ministerio de Defensa que las compras de armas son potencialmente peligrosas y que por eso nos informe de todos y cada uno de los procesos", dijeron a IPS fuentes de la Contraloría.

"La historia reciente nos demuestra que, mientras más secretismo y menos transparencia existe en la adquisición de armas, habrán condiciones para los actos de corrupción", añadieron.

La Contraloría actúa cuando encuentra algún indicio de irregularidad autorizando a su procurador a formular una denuncia ante la Fiscalía de la Nación. Pero esta vez se informará a la Comisión de Defensa del Congreso legislativo, aseguraron.

El Ministerio de Defensa informó a IPS que, si bien no todas las compras militares serán secretas, tampoco estaba en condiciones de indicar qué compras están o no bajo reserva.

A pesar del bloqueo informativo, IPS pudo saber por fuentes del ejército que la prioridad de la institución es reemplazar los tanques rusos T-55 adquiridos en los años 70, por los T-72M1, que eventualmente serían vendidos por Rusia o Polonia. Con ambas naciones, Perú ha suscrito convenios de cooperación en el ámbito de la defensa en 2005 y 2008, respectivamente.

Incluso antes de recibir la aprobación del proyecto de compra de misiles antitanque por parte del SNIP, el ejército envió misiones técnicas a Israel, Alemania y a Rusia, después de haber conseguido que el Ministerio de Defensa declarara la operación bajo secreto de Estado. Esto llamó la atención de la Contraloría, que demandó información de inmediato.

"La recuperación de la operatividad de las Fuerzas Armadas para garantizar nuestra defensa es muy importante, pero por eso mismo es preciso que haya transparencia en cada paso del proceso de adquisición", dijeron las fuentes de la Contraloría.

Portavoces del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ratificaron a IPS que, si las compras de equipos de combate se hacen bajo el régimen del secreto militar, es imprescindible la opinión previa de la Contraloría.

"Hemos informado al Ministerio de Defensa que las compras secretas de material de guerra son excepciones a la norma y deben estar rigurosamente justificadas. Y también hemos indicado qué reglas se deben cumplir antes de declarar una adquisición bajo reserva del Estado", dijeron.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) no se resolvió hacer secretas la adquisición de cuatro fragatas italianas Lupo por 60 millones de dólares y la reparación de 13 helicópteros rusos Mi-17 por 18,6 millones.

"Resulta paradójico que cuando ejercí como ministro de Defensa habiendo sido general del ejército en retiro, las compras militares fueron transparentes. Y ahora que el ministro de Defensa es un civil, las adquisiciones de armamento son secretas", dijo a IPS el ex ministro de Defensa del gobierno de Toledo, el general retirado Roberto Chiabra León.

"Teniendo en cuenta la experiencia del gobierno de Fujimori, es un peligro declarar secretas las compras militares. Lo que sí es un secreto de Estado es cómo se van a emplear las armas y no el proceso de compra en sí".