Unos 20 postulantes a la intendencia ya denunciaron que fueron amenazados.

Por Eleonora Gosman  - Clarín

En Río de Janeiro, los grupos ilegales de narcotraficantes y de milicias parapoliciales secuestraron "los derechos ciudadanos y la libertad". La frase del diputado nacional Raúl Jungmann sintetiza los episodios de los últimos días en las favelas cariocas, donde candidatos a intendentes y a concejales de diversos partidos sufren ataques de las distintas bandas. Ya existen más de 20 denuncias en la Justicia electoral que dan cuenta de intimidaciones a los postulantes a diversos cargos a manos de las gavillas delictivas, que pretenden imponer sus propios hombres.

En esa situación caótica, el presidente del Tribunal Regional Electoral, Ricardo Wider, anunció anoche que la Policía Federal brasileña protegerá a los candidatos que hagan campaña en la favelas contra los ataques del narcotráfico y los escuadrones. El gobierno de Lula garantizó un significativo refuerzo en el número de agentes federales, sea para investigar las denuncias como para cohibir actos contrarios al ejercicio de la democracia. El comisario de la PF Jacinto Caetano declaró: "Usaremos todos los recursos para asegurar que las milicias y los traficantes de drogas no puedan impedir las campañas en sus reductos."

En los morros, esas montañas "petisas" que rodean la parte baja de la ciudad, los habitantes perdieron toda posibilidad de elegir entre las opciones políticas. En esas comunidades, nombre fino dado a las villas miserias, existen verdaderos "corrales electorales", como definen los medios brasileños. Ningún candidato de "afuera", esto es ajeno a los intereses de traficantes y milicianos, tiene permiso para transitar por las calles y pedir el voto de los habitantes.

No es por casualidad. El Ministerio Público del estado de Río dispone de una extensa lista de postulantes a la Legislatura municipal que están directamente vinculados a la distribución de cocaína o a los grupos paramilitares que se adueñaron de los morros. El coordinador de la Justicia electoral Marcos Ramayana sostuvo que esos políticos verán sus nombres en una lista que será enviada a la Justicia para que impida registrar las candidaturas. De ahí a que se cumpla el cometido hay, sin embargo, una inmensa distancia.

Es llamativo que las investigaciones de los postulantes hayan surgido con el descubrimiento realizado por periodistas de diarios cariocas. Estos encontraron que parapoliciales de la favela do Batan negociaban la venta de votos de los habitantes con distintos candidatos a concejales. Los "milicianos" llegaron a organizar censos en las villas miserias para establecer cuántos votos contaban en sus "distritos".

Chico Alencar, candidato a alcalde de Río por el izquierdista partido PSOL (una escisión del Partido de los Trabajadores), reclamó que aquellos políticos que comprobadamente estén vinculados al delito organizado sean vetados por la Justicia electoral. A esa propuesta se sumó el legislador nacional Fernando Gabeira, del Partido Verde, que se presenta para la jefatura de la alcaldía.

Según Alencar, la presión ejercida por las milicias y los traficantes de drogas sobre sus comunidades recuerda la vida política bajo el imperio. Se crean "feudos electorales" en base a la violencia armada de los ilegales. "Denunciamos esos poderes paralelos y despóticos que adoptan candidaturas afines a sus intereses. Estas son las únicas que pueden transitar libremente por las favelas."

Hay al menos siete "comunidades" donde se comprobaron acciones de estos grupos que coartan la libertad de campaña. La más conocida es Rocinha, pero también se incluyen otras famosas como Penha, Jacarepaguá y Vidigal. El gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, quiere poner fin a esa "gravísima" intimidación. Ayer reiteró: "El derecho de ir y venir de los candidatos y de la prensa que lo acompaña es sagrado."