El organismo electoral de Bolivia, encargado de llevar adelante el referendo revocatorio del 10 de agosto, está sumido en una profunda crisis interna que aún pone en duda la realización de la consulta.

Por Mery Vaca - Corresponsal de BBC en Bolivia

El organismo electoral de Bolivia está compuesto por la Corte Nacional Electoral (CNE) y por nueve cortes departamentales electorales.

La Nacional decidió continuar con la organización del referendo revocatorio, pese a una instrucción del Tribunal Constitucional de paralizar la consulta.

Sin embargo, las cortes departamentales no están dispuestas a continuar con el revocatorio y decidieron desobedecer a la nacional.

Tres cortes electorales ­Chuquisaca, Beni y Pando­ pidieron a la nacional suspender el revocatorio.

Mientras que la Corte de Santa Cruz, donde reside la mayor oposición al presidente Evo Morales, se desmarcó de la nacional y anunció la presentación de un recurso legal ante el Tribunal Constitucional para impedir la realización del referendo.

Reunión

La Corte Nacional convocó a una reunión para este miércoles y jueves a las cortes departamentales electorales para buscar una solución a la crisis, sin embargo, la corte de Santa Cruz adelantó que no asistirá porque está en disidencia.

El presidente de la Corte de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, expresó sus observaciones a la legalidad del referendo.

La presidenta de la Corte de Beni, Zulema Gutiérrez, declaró que "existen serias dudas y cuestionamientos y una incertidumbre total" en torno al revocatorio.

Mientras suman las dudas en las cortes electorales, el país vive una saturación de propaganda política a favor y en contra de las autoridades que se someterán al revocatorio.

El presidente Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos departamentales deben someter sus mandatos al referendo revocatorio del 10 de agosto.

Los prefectos opositores aceptaron participar de la consulta, pese a estar en desacuerdo con la misma.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional, que tiene una sola magistrada, ordenó a la Corte Nacional Electoral paralizar la consulta hasta que se resuelvan las dudas sobre su legalidad.

Como la Corte Nacional decidió seguir adelante, las departamentales optaron por pedir la suspensión del revocatorio.

Medidas de presión

Ante esa situación, los sectores sociales afines al oficialismo anunciaron medidas de presión en contra de los vocales electorales para exigirles que administren la consulta.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, pidió a la corte de Santa Cruz, no prestarse al juego de los intereses políticos y aplicar la ley, es decir, hacer el referendo.

"Vayamos al revocatorio en paz, dejemos de crear incertidumbre", dijo Rada.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró "torpe y estúpido" tratar de frenar el revocatorio.

Mientras que el presidente Morales pidió a las cortes departamentales "respetar las leyes. Cuidado que el pueblo se levante contra esas entidades porque no están respetando la democracia, las leyes ni la voluntad soberana del pueblo".

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