Después de haber iniciado su gobierno con un respaldo que bordeaba el 60 por ciento, la aprobación de la gestión de García es ahora de solamente el 26 por ciento, según una encuesta de Apoyo. En algunas zonas del interior, como el sur y la región andina, su aprobación apenas bordea el 10 por ciento. En los sectores populares la caída de García es dramática. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica realizada en Lima, la plaza más fuerte de García, en los sectores de mayor pobreza el respaldo a su gestión ha bajado en dos años del 51 por ciento al 15 por ciento, mientras que en el grupo de mayor nivel económico lo apoya el 46 por ciento.

García atribuyó el descontento de la población a los efectos del alza internacional del precio del petróleo y de los alimentos, que, aseguró, son la causa de un aumento de la inflación, que en el último año llegó al siete por ciento, luego de haber estado alrededor del uno por ciento. “Nadie puede evitar esta conmoción general”, dijo, eludiendo la responsabilidad de su gobierno en los problemas que enfrenta el país. En diálogo con PáginaI12, Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, expresó su discrepancia con lo dicho por García. El alza del precio de los alimentos puede reforzar el descontento, pero no lo explica. El descontento se debe a que la mayoría no ve los beneficios del crecimiento, que favorece solamente a los sectores altos. Esto hace que la mayoría se sienta frustrada”, señaló.

En los últimos seis años el país creció 53 por ciento, pero los sueldos aumentaron en ese mismo período solamente el tres por ciento. En su campaña electoral García ofreció cambiar este modelo económico, pero en estos dos años lo ha afianzado. “El crecimiento económico se da sobre la base de una política del cholo barato y sin derechos. Esto explica el gran descontento que hay en el país. Esta política no es sostenible”, afirmó Mario Huamán, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), el principal gremio sindical del país.

García ha consolidado el giro a la derecha que dio luego de ganar las elecciones de 2006. La aplicación de una política económica neoliberal, que como candidato había criticado con dureza, el otorgamiento de una serie de beneficios a las transnacionales que explotan los recursos naturales, el alineamiento con Washington y su alianza con el movimiento político del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, han marcado la línea del gobierno. Su alianza con el fujimorismo le ha permitido a García controlar el Congreso, a pesar de no tener mayoría propia. Fujimori, por su parte, recibe un trato privilegiado del gobierno, lo que lo ha convertido en un prisionero VIP desde su extradición al Perú en 2007 para ser juzgado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

En el segundo año, el gobierno firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, celebrado por los empresarios y cuestionado por los sindicatos y los gremios agrarios; permitió el ingreso de tropas norteamericanas a Ayacucho, una región dominada por el narcotráfico y la guerrilla; y emitió leyes para promover la venta de las ancestrales tierras de las comunidades campesinas indígenas y para dar en concesión a empresas privadas grandes extensiones de la Amazonia. Estos hechos gatillaron las protestas.