Los gremios agropecuarios de Argentina "no pueden ejercer el papel de oposición", una "representación que no les fue asignada" en forma democrática y que los llevaría al "fracaso", como ocurrió con los medios de comunicación en Venezuela cuando intentaron lo mismo, estimó el politólogo Aníbal Pérez-Liñán en una entrevista con IPS.

Entrevista de Diana Cariboni - IPS

A pesar del conflicto, la presidenta Cristina Fernández presenta por ahora "una posición más o menos segura" en los tres frentes que pueden desencadenar algún tipo de final anticipado de su mandato: una cadena de escándalos mediáticos, una movilización popular amplia y un Congreso dispuesto a enfrentar al Poder Ejecutivo, opina el experto, que ha estudiado las crisis presidenciales de distinto signo en América Latina.

Doctorado en la Universidad de Notre Dame y profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Pittsburgh, Pérez-Liñán publicó el año pasado el libro titulado "Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America" (Juicio político presidencial y la nueva inestabilidad política en América Latina).

En ese trabajo analiza 58 crisis en 19 países de la región entre 1950 y 2004, pero el foco está puesto en los procesos posteriores a 1980, marcados por la notoria caída de las intervenciones militares.

Esas crisis, que pueden acabar o no con un "impeachment" (o juicio político en un sentido amplio), se vinculan a una marcada caída de la popularidad presidencial, generalmente asociada a problemas económicos, reformas neoliberales impopulares y escándalos mediáticos. Pero la forma en que estos factores aparecen e interactúan obedece a ciertas mecánicas expuestas por Pérez-Liñán.

Por ejemplo, el papel que su análisis asigna a la prensa, que puede verse o no incentivada a investigar escándalos, según la marcha de la economía y el grado de popularidad del gobierno.

En las últimas semanas, Argentina vivió por momentos el espejismo de la inestabilidad que acabó con la huida del presidente Fernando de la Rúa a fines de 2001, cuando sólo había cumplido la mitad de su mandato de cuatro años.

El conflicto se desató en marzo entre el gobierno de Fernández y las asociaciones agropecuarias por el aumento de un impuesto a las exportaciones, y se agudizó con rutas bloqueadas, desabastecimiento y protestas en varias ciudades. Según encuestas publicadas en junio, la presidenta sufrió una pérdida de popularidad de 26 por ciento.

A continuación, fragmentos de la entrevista sostenida por correo electrónico.

IPS: --¿En qué aspectos se acerca la actual situación al modelo de juicio político que se propone en su libro?

ANÍBAL PÉREZ-LIÑÁN: --La situación típica parece reunir tres elementos: una cadena de escándalos que erosiona la posición del gobierno, una movilización popular que integra a varias clases sociales en contra del presidente, y un Congreso legislativo dispuesto a enfrentar al Poder Ejecutivo. A pesar de la crisis, Fernández parece presentar una posición más o menos segura en estos tres frentes.

Los escándalos no son sólo producto de la corrupción, indican además la disposición y capacidad de la prensa para difundir esos actos, así como la reacción del público frente a esas noticias.

Cuando la economía funciona bien, las noticias de corrupción tienden a tener menor impacto, las fuentes tienen menos interés en hablar, y los editores tienen menos interés en investigar y enfrentar al gobierno a través de sus publicaciones.

En cambio, si la economía está en crisis, la opinión pública tiende a tornarse más sensible y moralista, las fuentes tienden a filtrar más información, y los editores tienen más oportunidades e incentivos para investigar. Esto puede generar un círculo vicioso.

Hasta ahora, el crecimiento económico y la popularidad que acarreó, así como un manejo muy estricto de la política mediática para evitar filtraciones, han protegido bastante al gobierno de los escándalos de corrupción, pero hay señales claras de que la inflación es un problema insoluble y de que la prensa se está tornando más hostil, lo que podría anticipar un ciclo de escándalos.

La protesta popular parece ser decisiva cuando se forma una "coalición callejera" de múltiples sectores sociales que buscan la caída del presidente. Los cacerolazos recientes han representado un desafío, pero se han concentrado en la clase media urbana y no se han extendido a los sectores populares de la periferia de las grandes ciudades.

Estos sectores son castigados por la inflación, y por eso no puede descartarse su movilización en el futuro. Por ahora está en parte controlada por los punteros peronistas (dirigentes de base del gobernante Partido Justicialista), de modo que el gobierno lleva cierta ventaja en esto frente a la administración de De la Rúa.

La lealtad del Congreso parece garantizada a menos que el peronismo se fragmente y abandone el barco del gobierno.

Esto no sería fácil, salvo que se produjese una amplia movilización popular contra el gobierno, lo que llevaría a ciertos líderes a distanciarse para salvar su futuro. Una inflación incontenible y una secuencia de escándalos podría llevar a esto, pero tal situación parece improbable en el futuro inmediato.

--A fines de junio, después de 100 días de conflicto, la presidenta decidió presentar un proyecto de ley que contiene la medida administrativa que desencadenó el conflicto, dando por primera vez una voz al parlamento en la crisis. ¿Usted cree que el Congreso puede jugar ese papel de "escudo" del Poder Ejecutivo que plantea en su libro?

--Lo que está en juego en este momento no es la supervivencia del gobierno, sino su capacidad para imponer políticas en forma unilateral. Por ende, el Congreso no tiene necesidad de escudar a la presidenta. Pero sí podría escudar al gobierno en el sentido de legitimar la política no negociada de retenciones.

No resulta claro que los legisladores, excepto los muy vinculados al Poder Ejecutivo, tengan incentivos para darle semejante poder a la presidenta.

--Una particularidad de Fernández es que, por primera vez, un presidente peronista no es a la vez jefe del gobierno y del partido. ¿Le atribuye alguna importancia a eso?

--No mucha. Creo que la Casa Rosada (sede del gobierno) va a tener un control más o menos firme de las redes peronistas mientras la economía funcione y no haya descontento generalizado.

Pero los líderes de la confederación peronista son implacables cuando anticipan el fracaso. Al igual que en el Imperio Romano, el fracaso del jefe supremo prueba que su legitimidad se ha perdido y que debe comenzar la lucha por el poder.

--El antecesor de Fernández, su marido Néstor Kirchner, asumió la presidencia en 2003 con algo más de 20 por ciento de los votos, y dejó el cargo con una gran popularidad. A ella le ha pasado lo contrario, obtuvo 46 por ciento de sufragios y hoy su imagen está deteriorada. ¿Cómo explica usted este fenómeno?

--Quizás sea mejor tomar los períodos de Néstor y Cristina como ciclos de una misma administración.

El porcentaje de los votos en la elección de Kirchner estuvo muy influenciado por la fragmentación del peronismo en 2003. El gobierno explotó el momento de prosperidad económica y cosechó los réditos con la "reelección" de 2007, pero ahora comienza a enfrentar las consecuencias de las malas decisiones y de su estilo poco negociador.

La trayectoria parece similar a la de (Carlos) Menem (presidente por dos períodos consecutivos entre 1989-1999), y el momento quizás sería comparable a 1996-1997, pero con un ciclo de caída más acelerado, porque este gobierno apostó al conflicto desde el comienzo.

Movilización y oposición

--Usted se manifiesta pesimista sobre el papel de las movilizaciones populares que acabaron con caídas presidenciales, en su capacidad de mejorar la calidad de la democracia. Desde esa perspectiva, ¿qué papel cree que están jugando las protestas de los gremios agropecuarios?

--Mi interpretación de las movilizaciones no es pesimista, sino de preocupación. La política basada en las movilizaciones y los piquetes (bloqueos de caminos) indica que las instituciones, y los líderes políticos que ejercen esos roles de poder, son incapaces de anticipar y responder las demandas de la sociedad.

La movilización también indica que los ciudadanos están dispuestos a reclamar al Estado, lo que en sí mismo es una buena señal para la democracia.

Pero no es claro que las movilizaciones por sí mismas resuelvan el problema de fondo, la incapacidad del Estado para identificar las cuestiones sociales críticas y formular soluciones de consenso.

De hecho, una de las respuestas del gobierno frente a este problema ha sido la cooptación clientelar de los movimientos sociales, lo que a largo plazo atenta contra la misma capacidad del Estado para generar políticas igualitarias.

En segundo lugar, a diferencia de la representación electoral, que pone a todos en condiciones de igualdad, la participación a través de piquetes premia a los movimientos sociales con mayor capacidad de organización.

Sin embargo, no es claro que estos movimientos tengan capacidad de representar a toda la sociedad y tampoco se espera que lo hagan. Y por ende la política de las movilizaciones puede generar una competencia por la distribución de los recursos públicos en la que la mayoría no organizada queda en condiciones desventajosas.

--En los últimos meses la prensa planteó el conflicto en términos de "gobierno versus campo", casi como si el "campo" ejerciera el rol de opositor. ¿Cree que los sectores agropecuarios están ocupando un papel que corresponde a la oposición?

--El problema de la representatividad está claramente expuesto en el caso de la movilización del campo. En una lectura nacional-popular muy tradicional, la movilización de los piqueteros es legítima porque representa al "pueblo", mientras que la movilización del campo no lo es porque representa a la "oligarquía".

Pero el mecanismo de participación política es el mismo, los ciudadanos de uno y otro grupo están utilizando una forma de acción política que fue legitimada por la crisis de 2001.

Los productores agropecuarios, sin embargo, no pueden ejercer el papel de oposición; eso sería reclamar un grado de representación ciudadana que no les fue asignado por ningún procedimiento democrático y que, creo, los llevaría al fracaso político, algo similar a lo que ocurrió con los medios de comunicación en Venezuela cuando intentaron ejercer el papel de oposición al gobierno de Hugo Chávez.

La movilización del campo solamente puede alcanzar cierto grado de éxito en la medida en que su reclamo tenga un objetivo muy preciso y moderado.

Sin duda las consecuencias de este proceso para el sistema político pueden ser más amplias, por ejemplo, se están agudizando las divisiones en el partido de gobierno, pero esto está más allá del papel específico del campo y queda fuera de su control.