El gobierno aseguro a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) y la FEDECOMIN Potosí que este gravamen deberá ser pagado sólo por las casas comercializadoras de mineral y no por los productores. Sin embargo frente al temor de los cooperativistas que las intermediarias les traspasen el pago de ese tributo el gobierno había aceptado congelar la promulgación del decreto por 60 días, buscando formas de garantía para el sector cooperativista, con el cual fue abierto un dialogo que incluye nuevas concesiones mineras. Este acuerdo fue rechazado por la dirección de la FEDECOMIN potosina, que al contrario ha ido radicalizando las medidas de presión hasta el extremo de la toma violenta de las instituciones departamentales y la quema del edificio de Impuestos Nacionales.

Con estas medidas los dirigentes de la FEDECOMIN no están defendiendo los intereses de los cooperativistas y del sector, sino los grandes concesionarios mineros, la oligarquía minero feudal y los empresarios de ingenios mineros que son dueños, a través de concesiones mineras, de millares de hectáreas en el departamento. Una página solicitada publicada en el periódico local El Potosí mostraba como estos verdaderos empresarios, que hablan en nombre de sus jornaleros, sean todos exponentes del viejo sistema político partidario, ex diputados y senadores de ADN, MNR y MIR, y tengan ingresos de millones de dólares anuales. Si fuera aplicado hoy este impuesto - que tiene carácter retroactivo - estos empresarios deberían al Estado montos considerables.

La cuestión económica la clave para interpretar esta protesta. La situación política y social boliviana se viene caracterizando por una creciente polarización social que el referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto no pudo desactivar. Por un lado una marcha popular en El Alto casi acaba con la toma de la embajada de EEUU y jóvenes universitarios paceños fueron incautados con dinamita que querían llevar a Tarija al intento de "desbaratar la oligarquía de la media luna", por el otro está claramente en marcha un plan de la burguesía nacional, respaldado por el imperialismo, para desestabilizar el país. No solo sigue el proceso autonómico en los departamentos del oriente boliviano gobernados por la derecha con sus intentos separatistas y su demagogia social, también hay el paro productivo anunciado por la Confederación de Empresarios Privados que acusa el gobierno de "estatismo socialista", y sigue la amenaza representada por las bandas fascistas de Santa Cruz.

Unos exponentes de la Unión Juvenil Cruceñista fueron tomados presos mientras esperaban la llegada a Santa Cruz de Evo Morales apostados con rifles de precisión en un lugar con vista al aeropuerto. Su posterior liberación bajo el pretexto que en Bolivia no es prohibido llevar armas es la prueba que los poderes del Estado siguen en mano a la oligarquía. Potosí representa un departamento fronterizo en la confrontación que se prepara, por el papel de la oligarquía minero feudal y también por la presencia del alcalde de la ciudad, René Joaquino Cabrera, individuado como una alternativa a Evo Morales y a la derecha tradicional por muchos exponentes de la burguesía nacional.

Candidato de la derecha

La protesta del empresariado minero potosino fue inmediatamente respaldada por el alcalde de la ciudad, que impulsó los trabajadores de la alcaldía a sumarse a los cooperativistas y salió finalmente a la luz con declaraciones publica en apoyo al neo nacido movimiento Autonomía Para Potosí, cuya propaganda, como se puede apreciar en la foto, es financiada directamente y desenmascaradamente por la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP).

La situación de la minería boliviana sigue siendo caracterizada por la incertidumbre y los rasgos del sistema de saqueo rearticulado plenamente en las dos décadas de gobiernos anteriores. Sigue vigente el Código de la Minería promulgado por Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los principales empresarios mineros del país, que entre otras abroga el sistema de la regalía e introduce los contratos de arrendamientos y de riesgo compartido con los cuales concesionarios y multinacionales aprovechan sin control ni fiscalización de este recurso estratégico del país. Además con el actual sistema tributario se cae en la paradoja que exportando más los empresarios mineros paguen menos pudiendo acreditar el Impuesto a las Utilidades de la Empresas al Impuesto Complementario Minero.

Las multinacionales mineras, principalmente norte americanas, siguen dueñas del sector: la Apex Silver por ejemplo es arrendataria del proyecto San Cristóbal, una de las más grandes minas de estaño del mundo, donde esta multinacional empleando tan solo 250 trabajadores sacará utilidades por 15.000 millones de dólares, dejando migajas y daños al medio ambiente para los bolivianos. El imperialismo está presente también en toda la cadena productiva, en el crédito y en la comercialización de minerales. Esta situación de explotación y saqueo salvaje es una presencia fuerte y constante en Potosí, el departamento más pobre de Bolivia aunque sea el más rico en minerales de todo tipo, inclusive uranio y litio.

Por esto la reacción popular a la devastación procurada el pasado viernes por esta pequeña, aunque bien armada, minoría de cooperativistas, fue rabiosa aunque desorganizada. Decenas y decenas de trabajadores, campesinos, amas de casas y gente humilde se dirigió espontáneamente a la plaza cercada por las fogatas gritando "que paguen", presionando y obligando los cooperativistas a disparar más dinamita para desalojarles. En las radios la gente llamaba protestando por la destrucción de las instituciones potosinas y expresando su firme rechazo a la oligarquía minero feudal.

Faltó hasta hoy una organización que sepa representar el instinto de las masas y dirigirlo a retomar las calles en esta que puede ser una batalla decisiva en el departamento y a nivel nacional. En el plan de la derecha está manifestándose la intención de proceder a la toma de instituciones públicas para legitimar la autonomía departamental, y en este caso los sucesos de Potosí representarían las pruebas generales de un movimiento más amplio.