La aprobación de la controvertida ley hace menos de una semana suscitó el rechazo de los países del área, que como reacción inmediata demandaron a la Unión Europea (UE) el respeto a los derechos fundamentales de los indocumentados.

Influyentes organismos y líderes regionales han alzado sus voces contra la norma, la cual amenaza con repatriar a miles de connacionales asentados de forma irregular en territorio europeo.

La polémica iniciativa fija en 18 meses el período máximo de reclusión de los ilegales y es considerada violatoria del derecho humanitario de los más de ocho millones de indocumentados radicados actualmente en Europa.

Su aprobación por el Parlamento Europeo con 367 votos a favor, frente a 206 en contra y 109 abstenciones, dio luz verde a las deportaciones forzadas, así como a la prohibición de reingresar a territorio de la UE por cinco años.

Expertos estiman que la aceptación y entrada en vigor, prevista para 2010, es un mensaje negativo de poca apertura y viola principios elementales del Derecho Internacional como la prerrogativa a la movilidad y al desarrollo.

De brutal calificó el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, la reciente medida de la UE que expulsará a los inmigrantes "no autorizados procedentes de los países latinoamericanos, en algunos de los cuales la población en su mayoría es de origen europeo".

Afirmó que los emigrantes son fruto de la explotación colonial, semicolonial y capitalista en tiempos en que "la impotencia política reina, la ignorancia y las ilusiones tienden a generalizarse".

Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, bautizó la disposición como "directiva del bochorno", y alertó que el petróleo de su país no iría a parar a los países que la adopten.

Chávez indicó que si Europa decide devolver a sus naciones de origen a los indocumentados, los países latinoamericanos también podrían decidir el retorno de las inversiones europeas.

Bolivia se sumó a la repulsa y su presidente, Evo Morales, informó que aprovechará la próxima Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas para proponer una lucha internacional en contra de la directiva.

En consonancia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantó que analizará la posibilidad de suspender los diálogos con la UE y gestionará ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un pronunciamiento conjunto al respecto.

Como presidente pro-témpore de la CAN -integrado además por Bolivia, Colombia y Perú- Correa advirtió que podría suspender las negociaciones sobre un acuerdo de asociación con el bloque comunitario europeo.

El mandatario sostuvo que la resolución de la UE criminaliza la migración y recordó cómo miles de europeos llegaron a América Latina a lo largo del siglo pasado sin que en ningún momento hubiesen sido impuestas restricciones.

Por su parte, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, demandó a los 27 respeto y tolerancia en el tratamiento de las políticas migratorias y fustigó la ley, calificada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, como una ley terrorista.