El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, tras informar este viernes de que hay 324 puntos de corte de tránsito carretero, afirmó que el gobierno "no va a reprimir" como ocurrió esta semana en España, en referencia al desalojo por la fuerza de los conductores de camiones que llevaban a cabo igual protesta por el alza del precio de los combustibles.

Sin embargo, aclaró que cursó notas a los gobernadores provinciales para que actúen en función de sus potestades jurisdiccionales para "garantizar la libre circulación" en las carreteras, aunque les recomendó hacerlo "sin armas ni represión".

Los anuncios de Fernández se realizaron luego de que la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas, una de las dos entidades de camioneros en protesta, se pronunciara en contra de levantar los bloqueos de tránsito como había accedido a hacer la Federación de Transportistas Rurales tras reunirse con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

En bloqueos del interior de Argentina ya se registraron choques entre huelguistas y vehículos particulares que pugnan por pasar tras muchas horas de espera.

Algunos de los que quieren pasar son transportistas contrarios a la protesta. Un camión que intentó avanzar el jueves sobre el bloqueo en Roque Pérez, en la oriental provincia de Buenos Aires, fue repelido con una bomba tipo molotov.

También hubo forcejeos y agresiones en otros piquetes carreteros. En un bloqueo de la central provincia de Córdoba un hombre que llevaba a su esposa a punto de dar a luz intentó pasar, pero un grupo de hombres se lo impidió, se abalanzó sobre su vehículo, lo hicieron bajar y lo golpearon, según denunció. Finalmente, el bebé nació un rato después por cesárea.

Se denunciaron amenazas con armas de fuego a personal de ferrocarriles de transporte de cargas en la provincia de Santa Fe, al noroeste de Buenos Aires, donde hubo daños en las vías para impedir el paso de formaciones con granos hacia Rosario, el principal puerto de salida de cereales de este país.

"Miramos atónitos como nos vamos acercando al precipicio y nadie atina a nada", alertó el socialista Miguel Lifschitz, intendente de Rosario, la más populosa ciudad de Santa Fe y una de las tres más grandes de Argentina.

Lifschitz, opositor del centroizquierdista gobierno nacional, señaló que la protesta de las asociaciones agropecuarias contra el aumento del impuesto a exportaciones de oleaginosas, que ya lleva 95 días, "se ha tornado anárquico".

Por eso pidió al gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández adoptar "respuestas rápidas" antes de que la situación empeore. Este viernes, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se reunió con los camioneros en huelga en busca de que levantaran las medidas de fuerza, sin la presencia de los dirigentes del sector agrícola.

Desde que los transportistas comenzaron su protesta hace 10 días para forzar una solución al conflicto agrario, se tiran unos cuatro millones de litros de leche por día, indicaron este viernes portavoces de las principales plantas industrializadoras. El producto sin transportar debe ser descartado por los granjeros que, a su vez, no pueden dejar de ordeñar las vacas.

También han sido detenidos en la ruta transportes refrigerados con leche y otros productos lácteos. A las ciudades del norte, oeste y sur del país, la empresa privada La Serenísima, una de las más grandes, asegura no poder llegar con sus más de 1.000 camiones hace varios días.

Se calcula que en Buenos Aires habrá leche en los comercios minoristas sólo hasta el lunes, alertó uno de los gerentes de esta firma.

En diálogo con IPS, Alberto España, de la Federación Argentina de la Industria Molinera, aseguró que 40 por ciento de su sector está paralizado. "A algunos les falta trigo, porque los camiones no llegan, y otros no pueden salir con la harina para las panaderías y muchas otras industrias alimenticias".

La Federación representa a 90 por ciento de los productores de harina del país y elaboran 23.000 toneladas por día, a partir de 30.000 toneladas de trigo. Pero, actualmente no llegan a las 10.000 toneladas de harina. Las panaderías y las fábricas de fideos, galletas y otros alimentos ya sienten la falta de esos insumos.

En la capital argentina y su populosa área metropolitana, el Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires informó que cerraron sus puertas 150 panaderías. "Les entregábamos de 10 a 15 bolsas de trigo por día de 50 kilogramos cada una, y ahora estamos en tres", justificó José Álvarez, directivo de la entidad. En otras zonas del país el problema se repite con matices.

La decisión de los transportistas de bloquear las rutas hizo suponer que se iba a precipitar una solución al conflicto.

Conductores y dueños de camiones dedicados al transporte de cereales apoyaron en un principio la protesta del sector agropecuario, pero a medida que se prolongó comenzaron a sentir el impacto de la falta de trabajo. Los productos, según admiten los propios productores, son retenidos en los silos, a la espera de volver a negociar.

Frente a esta encerrona, el 3 de este mes los camioneros, muchos de ellos independientes y sin sindicato que los represente, resolvieron bloquear el tránsito carretero. Según el Ministerio del Interior, este viernes había 324 bloqueos en distintas carreteras, algunos totales, otros parciales, y muchos temporarios.

Lo cierto es que la protesta se prolonga y las mercaderías no llegan para el consumo doméstico. Las empresas petroleras señalan que el combustible escasea en el norte del país, al igual que los medicamentos, mientras las empresas de ómnibus mermaron 50 por ciento la actividad para este fin de semana en todo el país.

Las cuatro asociaciones de empresarios, cooperativas y productores agropecuarios, reunidas en la llamada Mesa de Enlace, suspendieron a partir del domingo pasado el bloqueo de transporte de granos para exportación. No obstante, admitieron que muchos productores siguen sin vender, con el producto en silos o en bolsas especiales.

Esa decisión hace que se mantenga también el perjuicio para los transportistas. "Nosotros ya no estamos de paro de actividades, pero la gente no quiere vender su producción", dijo Luciano Miguens, presidente de la poderosa Sociedad Rural Argentina, que agrupa a los grandes terratenientes.

"Apenas el ‘campo’ tenga una señal oficial, el conflicto se soluciona". Pero el gobierno dio por cerrada cualquier intervención al respecto desde el lunes último, cuando la presidenta Fernández sorprendió con el lanzamiento de un Plan de Redistribución Social financiado con lo recaudado por el aumento del impuesto a las exportaciones agropecuarias.

Fernández anunció que se construirán 30 hospitales, 300 centros de salud, viviendas y carreteras con los 800 millones de dólares que se proyectan recaudar este año a partir del aumento de la alícuota, y con los 1.300 millones en 2009.