A través de maniobras politiqueras como adelantar las vacaciones de los
maestros o prometer a los mineros que dos días antes de la huelga van a
responder a sus peticiones.
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El gobierno indígena-campesino de Bolivia
comenzó a erosionar la movilización y huelga que la Central Obrera quiere
desatar en todo el país desde el lunes para obligar al presidente Evo
Morales a destruir el poder económico de la oligarquía y otorgar mejores
condiciones de vida a los trabajadores y población empobrecida.La acción
gubernamental contra la movilización popular se dio, hasta ahora, en tres
áreas para frenar la lucha de los sectores laborales más combativos como son
los maestros y los mineros.
Así, en las últimas horas de este jueves, el gobierno decretó el adelanto
de las vacaciones escolares para este lunes, anulando, en los hechos, la
huelga y movilización de los maestros urbanos y rurales, uno de los puntales
de la lucha de la COB en las ciudades y que libran en solitario una lucha
por lograr mejores salarios.
Esta mañana, en La Paz, miles de maestros cumplían el segundo día de
huelga y marchaban por las calles protestando contra la política de Evo y
las acciones sediciosas y separatistas de la oligarquía. En el resto del
país, otros miles de maestros cumplían la huelga y ejecutaban similares
acciones callejeras.
"El Gobierno está pretendiendo burlar las demandas del Magisterio y de
todos los trabajadores. No quiere aumentar salarios, no quiere expropiar las
empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales y no
quiere nacionalizar las empresas que están en manos de los agroindustriales
y oligarcas que lucran con el hambre del pueblo", dijo el dirigente de los
maestros paceños, José Luis Álvarez, tras condenar el adelantamiento de las
vacaciones.
Adán Quintana, de la Confederación nacional de Maestros, dijo que el
adelanto de las vacaciones no resolvía el problema de los trabajadores y que
éstos volverían a la lucha más temprano que tarde.
Otras acciones
La segunda acción en contra de la huelga y movilización de la COB estaba
dirigida por una misión gubernamental, a cargo del ministro de Trabajo y de
Minería, que avanzaban en negociaciones y acuerdos con la dirigencia de la
mina de Huanuni para evitar la participación de cerca de 5 mil mineros en la
huelga.
Estas dos acciones se complementaban con otra tercera, desarrollada por
los dirigentes oficialistas de la propia COB, que boicoteaban desde adentro
la realización de la huelga y la movilización, definida en un ampliado
nacional de dirigentes para frenar la rebelión de la oligarquía y obligar al
presidente Evo Morales a cumplir con sus promesas de acabar con el
neoliberalismo, profundizar las reformas y mejorar la calidad de vida de la
población.
La huelga va
Pese a estos tropiezos, el dirigente de la Central Obrera de Oruro, Jaime
Solares, aseguró que la movilización popular no se detendrá en esa región.
"La COD de Oruro irá a la huelga general indefinida con el bloqueo de
caminos, a partir del próximo lunes 16 de junio, haya o no la reunión
nacional de dirigentes que debe convocar la COB para organizar y consolidar
la movilización", dijo.
Solares dijo que Oruro debe ser el puntal de las movilizaciones, para que
el Gobierno responda al pliego de los trabajadores, como es el cumplimiento
de la Agenda de Octubre de 2003, que consiste en la recuperación de las
empresas capitalizadas y de los recursos naturales para los bolivianos;
además de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones y un salario más digno
para todos los trabajadores.
El dirigente minero informó que el principal ejecutivo de la COB, Pedro
Montes, se había comprometido en el ampliado a convocar a una reunión
nacional de dirigentes que debía realizarse en Oruro para respaldar y
consolidar la movilización del 16 de junio, pero que hasta ahora no había
tal convocatoria.
Charlas y dilaciones
El secretario general de la COD de Oruro, Mario López, advirtió, además,
que el Gobierno trataba de frenar la huelga general indefinida y el bloqueo
de caminos, con la promesa de responder a las demandas laborales este fin de
semana y reveló que para ello el Poder Ejecutivo les envió una carta, donde
se asegura que la misión le fue encomendada al Ministro de Hacienda, Luis
Arce y al Viceministro de Pensiones, José Luis Pérez.
Para el viernes se previó una reunión entre la dirigencia de la COB
y el Gobierno de Morales para analizar el pliego petitorio de los
trabajadores.
El ampliado de la COB, celebrado a principios de mes en La Paz con la
participación de los principales sindicatos y organizaciones populares
urbanas y rurales del país, convocó a la huelga y al bloqueo de caminos para
presionar a Evo para que cumpla con la denominada "agenda de octubre", que
postula la expropiación a dominio estatal de las empresas transnacionales
del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la
entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y
salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una
nueva ley de pensiones.
Todas estas demandas han sido relegadas por el Gobierno, que se ha
empeñado hasta ahora en intentar lograr un gran pacto nacional con la
oligarquía, los partidos de derecha y los prefectos (gobernadores) de los
valles y el oriente, que no dejan de avanzar en su proyecto de escindir en
dos a Bolivia, dejando el altiplano en manos del presidente Morales y
reteniendo ellos el poder y control del resto del país.
Previsiones
Todo indica hasta ahora que con el nuevo referéndum revocatorio del 10 de
agosto, fecha en la que es casi seguro que Evo y los principales prefectos
derechistas serán ratificados en sus cargos, se consolidará esta situación
de doble poder, con dos Gobiernos paralelos (con Evo en La Paz, Oruro y
Potosí, y los prefectos opositores derechistas y los 100 clanes que son
dueños de la tierra y los negocios en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
La apuesta de la COB y de los sindicatos más radicalizados es poner
contra la pared a Evo Morales para obligarlo a destruir el poder económico
de la oligarquía y mejorar la calidad de vida de los más pobres. El
Presidente indígena insiste en el diálogo y la concertación con la burguesía
agrofinanciera, con la que quiere compartir el poder y hacerla su socia. La
oligarquía, los 100 clanes y el imperialismo, por el contrario, no quieren
perder sus privilegios y avanzan hacia la destrucción del gobierno del
"indio presidente", de la COB y de los sindicatos rojos.
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