Durante cinco horas, cerca de 50 mil trabajadores y vecinos alteños rodearon las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, rompiendo los anillos de seguridad dispuestos por la Policía Nacional, exigiendo justicia para las víctimas de la masacre de octubre del 2003 y el cese de la injerencia norteamericana. Los manifestantes fueron reprimidos por la Policía.

En octubre del 2003, 65 personas fueron muertas y más de 400 resultaron heridas por la dura represión ordenada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Otras nueve personas fallecieron en los meses venideros por las graves secuelas de sus severas lesiones que no pudieron superar.

La rebelión popular, principalmente en la ciudad de El Alto, se desató en el 2003 para impedir la exportación de gas natural licuado a Estados Unidos, a través de un puerto chileno; negocio que sólo beneficiaba a las transnacionales y dejaba migajas para Bolivia. Sánchez de Lozada dimitió y fugó a Estados Unidos junto a Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.

Marcha popular

En la marcha participaron la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Gremiales, Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra), Federación de Padres de Familia (Fedepaf), Sindicato de Choferes Primero de Mayo, Concejo Municipal, Federación Sindical Única de Campesinos del Radio Urbano y Suburbano (Fesucaruso) y la Federación de Mercados, entre otras.

La anterior semana se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió asilo político a Sánchez Berzaín, que en octubre de 2003 fugó junto a Gonzalo Sánchez de Lozada hacia el país del norte.

Fue el mismo ex ministro quien en contacto con algunos medios locales confirmó su asilo en los Estados Unidos, supuestamente porque es un perseguido político. Ante esta situación, el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, dijo que esta situación podría complicar aún más la extradición de Sánchez Berzaín y del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos acusados de genocidio y de eludir justicia boliviana.

Demanda gubernamental

El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó el domingo al Gobierno de los Estados Unidos cooperación para que el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, responda ante la justicia por la masacre de octubre de 2003. "Quisiéramos que el Gobierno de Estados Unidos, no sólo el embajador de los Estados Unidos (Philip Goldberg), (nos) ayuden a hacer justicia (contra) quienes hicieron mucho daño a Bolivia", expresó Morales.

"No es posible que algunos personajes con mala trayectoria política puedan ser protegidos por el Gobierno de los Estados Unidos", acotó.

La conspiración de Golberg

Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones del embajador estadounidense Philip Goldberg con los prefectos y líderes opositores y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación Usaid a los políticos derechistas de oposición son prueba de ello y marcan la evolución de la política de Washington con relación al presidente Morales.

Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.

Sin embargo, en el periodo 2003 – 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos.

Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes.